El problema de la inseguridad ciudadana es hoy en día el principal dolor de cabeza de los costarricenses y será sin duda, eje temático de las campañas políticas con todo y sus promesas de firmeza ante la delincuencia.

La situación de la inseguridad se ha desbordado, literalmente las calles, los comercios, las casas de habitación y los lugares de trabajo se encuentran a expensas de un hampa que no reconoce límites de ninguna naturaleza.

Principalmente jóvenes de estratos sociales bajos, de baja escolaridad, provenientes de sectores rurales y urbano marginales, se han agrupado en bandas para robar carros, tachar casas, asaltar a mano armada a transeúntes, traficar drogas y un largo etcétera de ilícitos contra la propiedad, la salud pública y la vida, pues en su afán de delinquir, no temen los delincuentes, disparar, apuñalar y en fin, atentar de cualquier forma posible contra el primordial de los valores humanos.

Hasta ahora hemos escuchado a los candidatos a la Presidencia de la República explicarlos –todos de manera muy similar – como atacarán este problema social que tenemos encima los ciudadanos. En síntesis todos nos han dicho que se debe duplicar el número de policías, que se debe profesionalizar la carrera profesional, que se deben de endurecer las penas privativas de libertad y que en general no serán tolerantes frente a la delincuencia.

Sin embargo ninguno de los aspirantes ha revelado con la seriedad que amerita el tema, primero las causas y después, el posible tratamiento político que se debe de brindar al tema de la seguridad pública.

Ese es el caso de la aspirante Laura Chinchilla quien tiene –desde mi perspectiva- que demostrar un mayor conocimiento y convencimiento dado que fue Ministra de Seguridad y Vicepresidente de la República es decir, en pleno ejercicio del poder gozó de la oportunidad de trabajar directamente sobre el tema.

Hasta ahora la señora Chinchilla ha sacado a relucir cifras según las cuales la califican como el personero público que más ha decomisado drogas en su momento, además de atribuirse un supuesto desmantelamiento de las bandas de roba carros. Esto no nos sirve de nada, especialmente a aquellos que han sido víctimas del hampa en la actualidad. De nada nos sirven esas estadísticas que se deben a un lógica perversa pero irremediable, pues conforme avanzamos en el tiempo, es más la cantidad de delincuentes, consecuentemente es más la cantidad de delitos y por tanto, es mayor la oportunidad policial de realizar decomisos, arrestos, etc. Con esto quiero decir que el próximo ministro de seguridad, aunque sea un gato de porcelana, se podrá atribuir los“record” que quiera, que no necesariamente implican una sobresaliente labor.

Ni la señora Chinchilla ni ningún otro aspirante han explicado la terrible relación entre falta de oportunidades y delincuencia. Ante menor oportunidades para nuestros jóvenes, mayores probabilidades habrá de que algunos se dediquen a delinquir. Hace muchos años en nuestro Estado social de derecho los bachilleres de los colegios públicos obtenían un título que les facultaba y era suficiente, para trabajar y poder financiar sus estudios.

El Estado practicaba como política, la contratación de personal recién egresado de la secundaria. Hoy en día un estudiante de escasos recursos, graduado de secundaria, no solo no encuentra trabajo, sino que además no puede continuar con sus estudios en nuestras Universidades públicas ni pagar los caprichos de algunas de las privadas.

¿Cuáles son entonces las oportunidades para esos jóvenes? ¿Qué hace un muchacho que obtuvo con sacrificio su título de enseñanza media y no puede seguir estudiando en una universidad y no encuentras trabajo?

Si se quiere explorar las razones del aumento en la delincuencia, la deficiencia de nuestra educación pública que definitivamente debería ser más técnica y científica y menos memorística y tradicionalista, es una de ellas. Otra es sin duda el Estado liberal o nuevo liberal que se impulsa en nuestro país desde hace poco más de 30 años y que redujo la burocracia a su expresión mínima so pretexto de la eficiencia, sin reparar en el papel que como empleador y generador de nuevas oportunidades jugó desde el año 1949. Para prevenir el delito nuestro Estado deberá generar oportunidades a los jóvenes.

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