viernes, 31 de octubre de 2008

MARÍA JOSE, RAFAEL Y LOS VALORES NACIONALES.

No cabe duda de que María José Castillo se constituyó en ídolo nacional gracias a su talento, sencillez y forma de ser tan natural y sincera, así precisamente, como son las muchachas y mujeres costarricenses. En mi casa los celulares se desbordaron en mensajes de apoyo, sin importar en las consecuencias, que se tradujeron más tarde en la factura del ICE.
Pero ese no es el tema. El tema es la lección que nos deja a los ticos la incursión de la joven en el mundo de la música ligera. La primera es que, después de tanta división y fraccionamiento a los que estamos acostumbrados los ticos últimamente, especialmente por causa de la política, esperábamos el surgimiento de una figura que nos uniera, que nos pusiera en un mismo bando, que tuviese la capacidad de sonsacar nuestro orgullo nacional.
Lo segundo es que, presenciamos una interesante lucha de María José por preservar su identidad en el escenario y no ceder ante la presión de jueces que le pedían transformar su forma de ser, que se despeinara en el escenario e hiciera todo tipo de piruetas distintas y diferentes, a las de demostrar que si poseía capacidad vocal.
Lo tercero es que, queda claro cuan escasos y ruinosos estamos los ticos en cuanto valores sociales. Sin tanta pompa, llamadas, mensajes del Presidente (que hasta un millón se dejó gastar), recibimientos, aplausos y anuncios propios de un mundo farandulero que es ajeno a nuestra idiosincrasia, un joven de la misma edad de María José, estudiante de quinto año del Colegio Científico de San Ramón, ganó el primer lugar en la Olimpiada Iberoamericana de Química. Rafael Rodríguez se impuso a concursantes de España, Portugal, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina sin necesidad de que votáramos por teléfono, sin despliegue publicitario, sin premios, ni demás artificios de este mundo globalizado que privilegia lo mediocre sobre lo excelente.
Rafael es un ídolo aunque la mayor parte de la gente no se entere, un ejemplo de que en este mundo no importa cuan vano y vacío sea el contenido de los mensajes que bombardean a nuestra juventud, es posible sostener y salvaguardar, algunos de nuestros ya escasos valores.


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ASUNTO: CENTROS DE VOTACIÓN INACCESIBLES EN ELECCIONES DE FEBRERO DE 2010 OFICIO PASE N º 081 29 DE OCTUBRE DE 2008
Señores:
Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones
Su Despacho.
Señores Magistrados
:
El suscrito: VÍCTOR EMILIO GRANADOS CALVO, mayor, casado una vez, Abogado con cédula de identidad 1-655-787, vecino de La Unión de Tres Ríos,, en mi condición de Secretario General del Partido PASE, debidamente facultado por el Comité Ejecutivo Superior del partido para este acto, con fundamento en los artículos 11, 33, 39 y 41 de la Constitución Política, artículo 23 inciso 1) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley de la República N º 8661 de 19 de agosto de 2008 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N º 187 de 29 de septiembre de 2008, me apersono respetuosamente a solicitar, con la antelación debida, que en las próximas elecciones nacionales de febrero de 2010, ese Tribunal no autorice mesas receptoras de votos inaccesibles en las próximas elecciones nacionales de 2010.
Antecedentes.
Señores Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, la solicitud incoada mediante este legajo tiene como fin potenciar y proteger el derecho al sufragio de las personas con discapacidad.
Si bien es cierto esa institución ha realizado esfuerzos materializados en diversos decretos y directrices, no se puede borrar la realidad histórica de que tanto, las elecciones nacionales, como el recién pasado referéndum de 2007, evidenciaron que la deficiente infraestructura de escuelas, colegios y centros comunales que funcionan como centros de votación, impide el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, sin barreras de ninguna naturaleza.
Entre algunos hechos concretos que consideramos deben ser corregidos y han sido constatados por dirigentes de nuestro partido nos permitimos señalar los siguientes:
1) Acceso a la información electoral. La población sorda de Costa Rica es específicamente la perjudicada, toda vez que no existen sistemas para brindar información respecto de ubicación concreta de mesa de votación o cualesquiera otro referente a traslados de domicilio electoral.
2) Ausencia de rampas u obstáculos en las mismas. Aunque se constató que en una buena cantidad de centros votación existen rampas que permiten el acceso de usuarios de sillas de ruedas, usuarios de bastón, adultos mayores y personas que en general poseen movilidad reducida ya sea esta transitoria o permanente, dichos accesos se encontraron obstaculizados o por vehículos, mallas, vendedores ambulantes y demás circunstancias imposibles de enumerar que en la realidad, impidieron en muchos un ingreso fluido a dichos centros.
3) Habilitación de mesas en segundas plantas o lugares en los que hay que subir gradas u otros obstáculos arquitectónicos.
4) Ausencia de trato preferencial en filas de las mesas para adultos mayores.
Carácter constitucional de la
Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
Señores Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política todos aquellos convenios internacionales debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación, autoridad superior a las leyes, siendo ese el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se transformó en Ley de la República N º 8661 de 19 de agosto de 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N º 187 de 29 de septiembre de 2008 y que en cuanto a la participación en la vida política de las personas con discapacidad instituye en el artículo 29 la total garantía Estatal de que las personas con discapacidad gocen en igualdad condiciones con las demás, de la plena libertad de elegir y ser electos.
Más específicamente el acápite a) del artículo 29 contempla las siguientes obligaciones para nuestro Estado:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii)La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii)La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;
Señores Magistrados, de manera evidente circunstancias y situaciones como las señaladas en este legajo y que por demás no necesitan de demostración pues responden a la realidad de nuestra pobre infraestructura educativa entre otras, dan al traste con las aspiración y deber Estatal, de que el acceso al voto de las personas con discapacidad se encuentre libres de todo obstáculo, para que el voto se ejerza en igualdad de condiciones, razones que nos llevan a formular, con antelación responsable, las siguientes peticiones de cara a los comicios nacionales de febrero de 2010
Petitoria
1) Apertura de oficina de información electoral a la persona sorda.
Tanto en la sede principal del Tribunal Supremo de Elecciones como en las sedes regionales del Registro Civil, debe ser instalada una oficina de atención a la persona sorda en la que pueda consultar con traductores de LESCO asuntos relativos a su domicilio electoral, traslados, centro de votación, mesas y demás información conducente y pertinente para aclarar en su lenguaje dudas acerca de su derecho al sufragio.
Asimismo toda información televisiva emitida por ese Tribunal debe de contar con su respectiva traducción en LESCO.
2) Inventario de necesidades arquitectónicas en futuros centros de votación.
Solicitamos que ese Tribunal en aras de la transparencia que debe de figurar como protagonista de los procesos electorales, ordene al departamento de inspección electoral o a quien corresponda, levantar un inventario de aquellas necesidades estructurales (rampas, pisos anti deslizantes, manijas) identificables en futuros centros de votación y proceder a la subsanación de los mismos.
3) Inhabilitación de mesas de votación en segundas plantas o lugares inaccesibles.
Como el padrón electoral no discrimina (y no debe de discriminar) cuáles de los electores presentan discapacidad o no, solicitamos que el Tribunal inhabilite mesas de votación en segundas plantas u otros lugares que por sus características resulten inaccesibles para personas con movilidad reducida.
4) Trato preferente.
Con el afán de facilitar y potencializar el sufragio de personas con discapacidad y adultos mayores, solicitamos se giren instrucciones para que esta población no realice filas e ingrese a su mesa de votación de manera preferente.
5) Orden de desalojo o levantamiento de obstáculos.
Debe emitir ese Tribunal una directriz mediante la que, se faculta al cuerpo de delegados y consecuentemente a la fuerza pública a levantar y / o desalojar de las zonas de acceso a centros de votación a aquellas personas, objetos y demás obstáculos que impidan la libre y entrada de personas con movilidad reducida.
6) Mantenimiento de las plantillas en braille.
Deberá el Tribunal asegurar el funcionamiento y presencia de plantillas en braille para permitir el voto secreto de las personas no videntes.
CONCLUSIONES.
Valga agregar respetables Magistrados que la petitoria contenida en este legajo beneficia a una población elevada de nuestro país, sin importar su preferencia política. Se trata de personas con discapacidad, adultos mayores e incluso quienes transitoriamente poseen movilidad reducida que caso de votar, lo harán por los partidos de su preferencia.
Si nos corresponde a nuestro partido política indistintamente de ello, la defensa de los derechos de todos esos ciudadanos a quienes bajo ninguna circunstancia, se les debe de impedir el ejercicio de su derecho al sufragio con situaciones y circunstancias que han sido constatadas en procesos anteriores y que en mucho son causa como se ha dicho, de una infraestructura deteriorada que además nunca tomó en cuenta los cambios sociales y jurídicos que se vienen experimentado en la actualidad.
Por otro lado creemos actuar responsablemente, al formular esta petición con suficiente antelación a las elecciones nacionales, para que ese Tribunal disponga formule y prepare aquellas acciones que resulten pertinentes para
garantizar el cabal cumplimiento de un convenio internacional que obliga a un acceso y ejercicio real de los derechos políticos de esta población.
NOTIFICACIONES.
Las atenderé a mi nombre al FAX. 2254-8947.
San José, Costa Rica, 29 de octubre de 2008.
Lic. Víctor Emilio Granados Calvo
Secretario General Partido PASE

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viernes, 24 de octubre de 2008

Piratas en Las Crucitas

Cuando Oscar Arias y el PLN en campaña nos dijeron que ahora “el barco si tendría capitán”, los ticos nunca imaginamos que se referían a un barco pirata.
La táctica de los piratas se caracterizaba por el engaño. Con pasmoso cinismo navegaban por aguas comerciales y en sus acicaladas caletas enarbolaban las banderas de distintos reinos a conveniencia. Justo cuando la presa incauta se les acercaba, los piratas revelaban su identidad, su ropaje, su auténtica bandera negra y cadavérica, todo ello para sorprender, asaltar, abordar y saquear el oro de quienes sencillamente confiaron.
Ese es el barco que tristemente navega hoy campante por todo el territorio nacional. Por un lado en evidente falso discurso, el capitán del barco pregona a nivel internacional un idealista proyecto de “Paz con la naturaleza” y por otro, suscribe decretos nacionales que entre otras cosas ya ocasionaron la tala indiscriminada en tan solo tres días, de especies de toda clase, vedadas o no, de árboles, bosque y ecosistema, en Las Crucitas de San Carlos.
Desde luego que tan repugnante hipocresía debe ser objeto del reproche social, no solo de grupos ecologistas nacionales que se han caracterizado por la constante, perenne y paciente defensa de nuestro único y verdadero futuro: un medio ambiente sano, próspero y liberado de la destrucción que provoca, la industrialización, el comercio y la explotación de recursos naturales, por parte de salvajes, si se me permite utilizar el calificativo que una vez el Papa Juan Pablo Segundo utilizó, para definir a quienes se comportan sin el menor reparo o vergüenza, cuando engordan sus bolsillos de espaldas a la justicia social y el bien común.
Hasta Las Crucitas de San Carlos llegaron los piratas y so pretexto del desarrollo económico, de la generación de empleo y del ingreso de impuestos a una caja única que de por sí no distribuye la riqueza, arrebataron un patrimonio que es de todos.
La piratería política indudablemente tiene muchas variables, y no cabe duda que el botín ecológico, es uno de ellos. Haciendo uso de todos los recursos que aún nos otorga la constitución y las leyes, debemos resistir, manifestar, oponernos y rechazar negocios como el de Las Crucitas en los que irónicamente pretender extraer una supuesta riqueza de los suelos, cuando en verdad … el verdadero tesoro … está siendo destruido.

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martes, 21 de octubre de 2008

La cuesta para jubilarse

La posibilidad de pensionarse hoy en día en Costa Rica es algo así como intentar subir una cuesta repleta de obstáculos incomprensibles e inhumanos. Lo primero que hay que hacer es llegar vivo a los 65 años los varones y a los 62 años las mujeres, sobreviviendo primero a las lejanas citas del seguro social, a los sustos por el alza de precios en los alimentos y a los ataques violentos de una delincuencia sin freno y control que tiene nuestras vidas en sus manos.
La Caja Costarricense de Seguro Social con fundamento en una cuestionable y supuesta mayor expectativa de vida de los ticos, alargó la edad de jubilación, con el pretexto de que ahora los ticos vivimos más que antes (entre 72 y 75 años según los estudios).
Lo que no dicen los estudiosos, las estadísticas y los fríos números matemáticos de los actuarios, es que una cosa es la expectativa de vida y otra muy diferente la calidad.
Un trabajador de clase media, media baja, pobre y re contra pobre, que tenga que laborar hasta los sesenta y pico años, jugándosela para llevar sustento a su familia, sorteando para que le suban el sueldo mínimo, cruzando dedos para pegar los chances o la lotería, no posee igual calidad de vida a la de un burócrata, un profesional liberal o un empresario que a lo largo de su vida laboral hasta puede darse lujillos.
Lo segundo que hay que hacer para subir la cuesta de la jubilación es pagarle a la Caja por lo menos 300 cuotas, es decir una jarana del 8 por ciento mensual sobre los salarios brutos durante 25 largos años. Lo malo es que después de pagar 800 colones por cada 10 mil bien sudados, el pensionado recibirá durante 7 añitos o a la mejor 8, apenas una proporción del 80 por ciento de lo que ganaba, esto a pesar de que todo trabajador paga prácticamente un salario anual (96 por ciento) durante toda su vida, lo que representa muchos millones de colones que además generan utilidades mayores (bonos de deuda, acciones préstamos con hipoteca) cuyos frutos, el pensionado es quien menos parece disfrutar.
Por eso el partido PASE ha defendido hasta el cansancio el proyecto de ley de jubilación anticipada. Lejos de ser una idea para vagos, el proyecto pretende premiar a trabajadores que alcancen los 57 años y tengan más de 30 de aportar dinero a la Caja. Muchos son los trabajadores que se encuentran en esta situación y que podrían disfrutar algunos años más de su derecho a una jubilación digna.
Hoy día un trabajador que ingresó a trabajar a los 25 años cuando llegue a los 65 años –si es que llega- le habrá aportado al sistema 180 cuotas de más, e injustamente, lo que podría recibir, sería igual o menor al monto de pensión, de aquellos que solo requieren aportar 300.
Mientras en otras culturas se rinde tributo a los jubilados y la sociedad les reconoce los años de esfuerzo, mientras cualquiera podría pensar que entre más se trabaja, se va de bajada, lo cierto es que en Costa Rica la cuesta para jubilarse es hacia arriba.


http://victoremiliogranadoscalvo.blogspot.com

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domingo, 19 de octubre de 2008

LA CAJA CONTRA EL PUEBLO

Como fruto de las grandes reformas sociales impulsadas en los años cuarenta del siglo anterior, como parte del compromiso que asumieron nuestros antepasados de dotar a las clases más necesitadas de un sistema de seguridad social, médica y de jubilación, como estandarte del compromiso de conformar un Estado solidario, nació a la vida jurídica la Caja Costarricense de Seguro Social. Sobrevivió la querida institución a las confusiones de la guerra civil y se insertó con fortaleza en la vida nacional como uno de los motores de desarrollo, pero hoy, la Caja está contra el pueblo.
Consecuencia de la globalización, paradojas de una clase política totalmente desinteresada en el bien común o resultado de administraciones temporales, casuísticas, indiferentes e inhumanas, la Caja está contra el pueblo. Actúa en contra, cuando niega el suministro oportuno de un medicamento por razones presupuestarias o tardanza en las compras.
Se atenta contra la gente, cuando a pacientes trasplantados de órganos, se les obliga a cambiar de tratamiento, por razones de contratación o inconsistencias en la lista oficial de medicamentos, implicando un serio compromiso para sus vidas.
Se abusa de la dignidad humana, cuando personas de carne y hueso que reclaman su derecho a la salud, se les extienden citas para la cura de sus padecimientos, hasta uno o dos años después.

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sábado, 18 de octubre de 2008

Las reformas electorales en su laberinto

Las reformas electorales cuya aprobación se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa desde el año 2000 pueden considerarse vitales para el desarrollo democrático de nuestro país. Independientemente de que nuestro actual congreso apruebe o no algún texto, lo cierto es que el establecimiento de un régimen progresivo de derecho para los partidos políticos se encuentra muy lejos de materializarse y con ello se esfuma cualquier oportunidad de mejorar nuestro ya de por sí alicaído sistema de representación.
Una serie de propuestas que van desde el establecimiento del voto preferencial (para elegir dentro de una lista de candidatos a diputados no precisamente al impuesto por las cúpulas partidarias) hasta la modificación en la forma en que se contabilizan los votos emitidos (sistema de cociente y subcociente) no sufrirán variación alguna, sencillamente porque en buena medida esos cambios sustanciales, afectan a los propios reformistas –los partidos políticos- que constituidos en interesados directos evidencian su falta de voluntad.
Al mejor estilo del general del Nóbel García Márquez, las reformas se encuentran enredadas en su laberinto.
Lo grave es desde la perspectiva del Partido PASE que, aunque la existencia hasta ahora de un Código Electoral de más de cinco décadas de vigencia ha sido suficiente para la administración, organización y control de los procesos electorales; pareciera ser insuficiente para garantizar la vida democrática como hasta ahora la hemos conocido.
Esa insuficiencia tiene fundamento en los últimos acontecimientos electorales que ponen en evidencia la pérdida de prestigio del TSE, en el sistema y en otras instituciones de orden público y privado como los medios de comunicación. El abstencionismo lo evidencia: en las últimas tres justas electorales (1998, 2002 y 2006) las cifras han alcanzado niveles superiores al 30 por ciento y poco más de 40 por ciento en el que fuera el primer referéndum consultivo de este siglo.
En palabras del Doctor Rodolfo Cerdas, “la poca capacidad de los partidos políticos para autotransformarse y generar nuevas propuestas provoca un distanciamiento entre partidos y electores” que solo pueden mirar con desconfianza a las principales instituciones de participación política.
Consecuentemente Costa Rica se apresta a iniciar un nuevo proceso electoral, en medio de una peligrosa pérdida de legitimación del poder, ante la constante duda ciudadana acerca de la transparencia de las reglas y las motivaciones de los políticos. Solo en las elecciones de 2006 se presentaron ante el TSE más de seiscientas denuncias por irregularidades y como es de todos sabido, ese proceso se vio teñido por el debate surgido a raíz del voto de la Sala Constitucional que permitió la participación del virtual ganador.
Ni qué decir del referéndum de 7 de octubre, que amén de las lagunas que acompañaron a la implementación de esa ley y la ausencia de una mayoría social en el resultado, generó dudas razonables en muchos sectores respetables de la sociedad costarricense.
Tal pareciera que las viejas dudas de la sociedad civil que en buena parte propiciaron la revolución de 1948 regresaron en este nuevo siglo y aspectos tales como la pureza del sufragio, la manipulación de los grupos económicos para asirse del poder y la efectiva participación del pueblo en la toma de decisiones, vuelven a ser preocupaciones ciudadanas que ahora se suman a otras más como el financiamiento privado de las campañas, el papel de los medios de comunicación, el acceso real a los puestos de elección y la influencia de miembros de otros Poderes en los procesos electivos.
Solamente propiciando una verdadera participación popular, erradicando paradigmas, evitando caer en las trampas del marketing y negándose a los chantajes del clientelismo electoral será posible al menos y de momento, hacer crecer una representación diversa en todos los poderes públicos. Si bien es cierto, aunque en la diversidad no esté la eficiencia y mucho menos eso que llaman la gobernabilidad, garantiza la participación de más actores sociales que a la mejor algún día rompan el ciclo vicioso de las reformas electorales en su laberinto.

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Al mejor estilo de Juan Luis Guerra los ticos deberíamos de cantar que “ ...el precio de la vida sube otra vez, a nadie le importa que opina usted....”

Con fundamento en los boletines mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) podemos concluir que desde que es presidente don Oscar Arias a la fecha, comerse un plato típico de casado es un tanate más caro.

Mientras que en mayo de 2006 el costo por mes de la canasta de alimentos para una familia de 4 integrantes era de 79 mil 500 pesos, a mayo de 2008 esa familia requiere de 31 mil cañitas más por mes.

Y no se crea que es un súper casado el que podemos comernos, pues la canasta básica se limita a solo 45 productos que por razones de consumo y nutricionales fueron seleccionados y controlados a través del índice de precios al consumidor (IPC). Dicho en términos culinarios o cocineros, usted solo tiene derecho a llevarle a los güilas pan corriente, ni les enseñe la mortadela, el jamón o las salchichas porque la canasta solo contempla al salchichón y desde luego, olvídese de quesitos y más derivados lácteos porque con un vaso de leche al día basta.

Pero lo más feo es que el salario mínimo solo ha aumentado en términos reales 38.500 colones o sea que hoy en día a un tico con un salario mínimo de 164 mil solo le quedan libres después de pagar la comedera, 54 mil colones al mes para pagar: pasajes de bus, útiles escolares, agua, luz, calzoncillos, calzones y más de un animoso hasta celular y entradas al estadio.

Claro está, ya son especies en extinción las medicinas de farmacia, los cines y los taxis y muy pronto habrá que sacar fotografías a esas raras estructuras que llamaban cabinas que servían parta ir barato a las playas.

Lo que más cólera da, es que de acuerdo con el gobierno que le gusta hacer números alegres, la cantidad de hogares pobres descendió en Costa Rica de un 20,6 por ciento a un 18,5 por ciento o sea, que dejaron de ser pobres según ellos, como 4.500 familias de dichosos que quién sabe como hicieron para que les sobrara plata.

Y como el que critica mucho cae mal sino aporta nada bueno, nosotros en el Partido PASE proponemos que la tal canasta básica abarque muchos más productos (carne porcina y derivados, más derivados lácteos, embutidos, panes integrales y pescados) y que por cierto sea más nutritiva (por ejemplo que se incluya el aceite vegetal en vez de la manteca de chancho), y que aunque algunos no les guste, el Estado intervenga en la fijación de precios de esos alimentos y su control mediante techos (o con bandas al igual que el dólar).

Si la cosa sigue como va derechito para el barranco dentro de poco todos vamos a estar cantando por un sueño: “Ojala que llueva café”


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jueves, 2 de octubre de 2008

El PASE, la exclusión y el matrimonio gay

Dos artículos publicados en la página de opinión de LA PRENSA LIBRE han lanzado conceptos en contra del Partido PASE, debido a su oposición al proyecto de "ley de unión civil de personas de un mismo sexo", calificándonos por ello de incoherentes, en el mejor de los casos y de hipócritas y excluyentes, en el más desmejorado de los escenarios.
El primero de ellos corresponde a la columna "Esas cosas raras" de la periodista María Elena Jiménez Vega, en la que afirma que la unión civil de personas de un mismo sexo "no es el llamado matrimonio que celebran algunos heterosexuales, como erróneamente titulan algunos medios de comunicación, ocasionando desde ya un concepto equivocado del derecho que anhela esta minoría." Remito a la estimada periodista al expediente legislativo 16.390, propiamente artículos: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 20 y 29.
En dichos numerales podrá encontrar entre otras cosas que se autoriza la celebración de uniones civiles ante juzgados de menor cuantía o notarios públicos y que al igual que el instituto del matrimonio heterosexual, el proyecto contempla los mismos requisitos para su realización, impedimentos para su celebración, cumplimiento de formalidades previos, publicidad y demás. La iniciativa de ley que a la que nos oponemos, calcó con algunas variables, el Título Primero del Código de Familia sobre el matrimonio y lo adaptó a circunstancias en las que los contrayentes son personas de un mismo sexo por lo que, en definitiva, no hay error alguno ni concepto equivocado, la iniciativa autoriza la celebración de matrimonios homosexuales. Por otro lado, el señor Hugo Mora Poltronieri acusa al PASE de negarse a sí mismo y exclama, más que preguntar, lo siguiente: "¿Habrase visto mayor incoherencia e hipocresía entre el nombre de un partido, sus objetivos y principios tan humanistas, y una propuesta de este género?" El respetable articulista se refiere a la solicitud planteada por algunos integrantes del PASE para que el proyecto sea convocado a referéndum y de cómo, esa intención, contradice en su concepto, nuestra lucha en contra de la exclusión social.

Para responder de la mejor manera resulta necesario remitirnos al desarrollo y evolución de los derechos humanos entendidos como herramientas jurídicas de orden internacional frágiles, que por omisión o acción son violentadas todos los días, sin ser Costa Rica la excepción. La doctrina clasifica a los derechos humanos de acuerdo con los períodos en que se generaron, correspondiendo los de primera, segunda y tercera generación a un espacio de tiempo que va desde el siglo XVIII, hasta el clímax de la Guerra Fría.
La exclusión de las personas con discapacidad que implica su falta de acceso a trabajos dignos, a ciudades con arquitecturas amigables y no obstructivas, su derecho a tránsito, su derecho a la educación y el más elemental de los principios, a ser tratado con igualdad, bien pueden ubicarse dentro de la segunda generación que partiendo de la revolución industrial de 1917 promulgó la equidad de lo económico, social y cultural como objetivo de la justicia social y el bien común. En contraposición, los derechos que reclaman los grupos gay y lésbicos no han sido reconocidos como tales, al menos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y más específicamente en el caso costarricense por la Sala Constitucional (voto 7262-2006). Existen claras diferencias entre una minoría y otra, mientras las personas con discapacidad son excluidas sistemáticamente por derechos que además de reconocidos se encuentran debidamente ratificados por sendos instrumentos internacionales, las personas homosexuales se sienten discriminadas por derechos aún no reconocidos. Lo violentado en contra de una persona con discapacidad es primordial, básico e indispensable para su subsistencia digna, mientras que lo que la comunidad gay y lésbica pide se les reconozca, son derechos patrimoniales.
Una persona con discapacidad no eligió ser sorda, no vidente o usuaria de silla de ruedas. Una persona homosexual optó y asumió una preferencia. Hasta el día de hoy no conocemos de un solo caso en Costa Rica en el que una persona cuya preferencia sexual sea la homosexualidad y en razón de ello, haya sido discriminada laboralmente, no haya tenido acceso a estudio, o no pueda ingresar a un edificio público por falta de acceso físico adecuado. Aún así en el PASE hemos manifestado que estamos de acuerdo con que se legisle acerca de los derechos patrimoniales que este grupo de población reclama y creemos que bastaría con una reforma al artículo 242 del Código de Familia, para que la transmisión de patrimonio que es común a las parejas heterosexuales se homologuen a las de un mismo sexo, previo reconocimiento en la vía judicial de la una unión de hecho, pero seguimos consideramos que el proyecto de ley actual, es excesivo, trastoca el campo de valores individuales e invade nuestra Constitución Política, al autorizar la celebración de matrimonios gay y lésbicos, cambio social ése para el que no se encuentra preparada nuestra sociedad
.

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