viernes, 25 de julio de 2008

Sin reformas no hay paraíso

Deseamos hacer algunas aportaciones a la lectura alternativa de las causas que motivan a un importante sector de la población, a preferir la implantación de un régimen autoritario, a confiar poco en la capacidad de organización del TSE e incluso, a considerar que existió algún grado de fraude en las elecciones de 2006 y en el pasado referéndum de octubre, temas que no pueden perder vigencia dado el entrañable peligro que conlleva para el sistema político actual, tan fuerte pérdida de credibilidad en las instituciones públicas.
No es la primera vez que el Partido PASE advierte sobre la necesidad de que las reformas electorales pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, que bien pueden considerarse como vitales piezas integrantes del principio democrático, (ya que algunas atañen a procedimientos de representación política, a modificaciones en la estructura de financiamiento estatal, e incluso a la igualdad de género en la postulación de candidaturas) deben ser aprobadas antes de las elecciones de 2010. El sistema electoral costarricense está en crisis por lo que es propio concluir que la democracia como hasta ahora la hemos concebido se encuentra en evidente peligro de extinción o cambio y que en mucho depende su futuro, de la oportuna aprobación legislativa de esas reformas.
Después de dos décadas de predominio bipartidista con escasa diferenciación ideológica, el abstencionismo aumentó de manera considerable. Siendo la base del sistema electoral eminentemente partidario, la poca capacidad de generar mayor participación ciudadana, provocó una crisis caracterizada por el distanciamiento entre partidos y sociedad, que rápidamente se ensanchó debido a los tremendos escándalos de corrupción en el que destacaron importantes figuras de la política nacional.
Como resultado de la crisis, los costarricenses perciben a los partidos políticos, al sistema electoral y a los integrantes de los poderes públicos, como parte de una élite dedicada únicamente a satisfacer sus intereses personales, de grupo y empresariales.
El descontento se hizo más evidente a partir de las elecciones de 2006 y del pasado referéndum, procesos en que los cuestionamientos respecto de la transparencia de las justas han alcanzado niveles de agresividad que van desde consignas de desconocimiento de los resultados hasta de deslegitimación de los poderes públicos, incluyendo a la Sala Constitucional en su función controladora de la constitución política y a algunos medios de comunicación convencionales a quienes se señala como complacientes con las desviaciones de poder de la élite política.
En síntesis la ausencia de mayorías sociales, la falta de credibilidad en la institucionalidad pública y el poco prestigio de los partidos políticos y sus dirigentes, requieren de la pronta y urgente atención legislativa. Sin “tetas” no hay paraíso decía una novela televisiva y sin reformas tampoco lo habrá, decimos nosotros.
Es urgente que emanadas de la técnica jurídica y no de los intereses partidarios, existan normas progresivas electorales con capacidad de adecuar el avance de los medios tecnológicos, las nuevas necesidades sociales de control e información, y el acceso de los grupos sociales a la toma de decisiones fundamentales de Estado.

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viernes, 18 de julio de 2008

Ética judicial y magistrados suplentes

Rechazar la justificación de un acto que oscurece la independencia del Poder Judicial

Secretario General Partido PASE

Las recientes investigaciones realizadas por el periódicoLa Nación sobre el uso y destino de fondos no reembolsables del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deben ser objeto de una discusión marginal, distinta a la que necesariamente ocurre respecto de la legalidad o no con que fueron utilizados esos recursos en consultorías.

La participación de un magistrado suplente de la Sala Constitucional a título de asesorad hoc del ministro de la Presidencia, en la cita en que se rindieron explicaciones a la Contraloría General de la República sobre la administración de esos fondos no reembolsables, es ante todo un evento de orden ético.

La sociedad, los partidos políticos y sobre todo los profesionales en Derecho debemos rechazar cualquier tipo de justificación de un acto que ensombrece la imagen de independencia de nuestro poder judicial.

Si bien es cierto que las prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para sus funcionarios no alcanzan a quienes ejerzan la alta magistratura de manera supletoria, más cierto es que el juez en particular se encuentra sometido únicamente a las leyes y tiene el deber de incorporar en su entorno cotidiano todas las normas de conducta moral que garanticen la idoneidad de sus actos.

Exigencias morales. El código de ética del empleado judicial es el instrumento que regula los actos personales en que se debe de desenvolver cualquier hacedor de justicia, con el claro fin de que sus fallos reflejen integridad, total independencia y objetividad, condiciones inequívocas sin las cuales es imposible pensar en la existencia de un Estado democrático. No se puede afirmar que haya justicia democrática si los jueces en su condición humana no cumplen las exigencias morales del código de conducta.

Por otro lado, tampoco aceptamos como criterio la corriente de pensamiento que promueve que el Estado moderno es una unidad con distintas competencias, concepto que dejó atrás la tradicional división de poderes, porque lo admisible hasta el día de hoy es que solo los Estados totalitarios se han desviado del presupuesto básico estructural que dio origen al régimen de libertades públicas organizado por una tríada que garantiza el equilibrio y control recíproco.

El judicial es el único de los tres poderes cuya integración no se da por el voto popular directo, por lo que sus jerarcas no deben alimentar con actos personales la campaña de deslegitimación de la que son objeto nuestras instituciones públicas, mucho menos tratándose de aquellos sujetos que integren la Sala Constitucional, cuya trayectoria y atestados deben de ser correspondientes a la profundidad y trascendencia de sus decisiones.

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martes, 15 de julio de 2008

La ley del hijo único

La desmesurada explosión demográfica China que alcanzó a finales de los años setenta alrededor de 1.300 millones de personas, generó lo que en mi concepto es una de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos de todos los tiempos.

En esa década nació la intitulada "Ley de Población y Planificación Familiar", según la cual los matrimonios que tengan más de un hijo de acuerdo con lo permitido por la Comisión de Planificación Familiar del Estado deben pagar una multa al tesoro del Gobierno para financiar programas de control demográfico en la región a la que pertenezcan.

Además, los que tengan una criatura "extra política" o sea, solteros, adúlteros y novios, deberán pagar una suma nada barata, por imponerle esa “carga extra” a la sociedad china que deberá a su vez utilizar más recursos públicos en la atención del menor.

Claro está, como cualquier ley occidental o de oriente –dicho sea con toda la ironía del caso- posee sus excepciones, así por ejemplo, si la pareja procreadora vive en una provincia rural y su primer hijo es mujer, tendrá derecho a un segundo hijo sin multa, siempre y cuando se trate de un varón y sea destinado a fuerza de trabajo agrícola a partir de los diez años de edad.

¿Pero cuál es la verdadera atrocidad de esta ley con la que muchos podrían estar de acuerdo hasta ahora, dada la excesiva cantidad de habitantes que pueblan esa región del mundo?
Como es natural en otras latitudes, la población más pobre, la más joven, la de menor nivel educativo y la que habita y se dedica a actividades de campo o artesanales, no planifica el nacimiento de sus hijos, lo que implica en China el nacimiento de muchos menores al margen de la ley.

El incumplimiento de la ley del hijo único ha convertido a la República Popular de China en una nación récord con más de 20 millones de abortos “oficiales” solo de niñas a quienes por cierto, se les ubica en la escala más baja de esa sociedad como seres improductivos junto a quienes presentan discapacidad. También ha servido la ley para que se organice un comercio no autorizado, pero incontrolable, de varones infantes quienes son raptados, o comprados en el mejor de los casos a sus progenitores. Con más de 80 millones de hijos únicos, esta ley inauditamente avalada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha provocado severos trastornos políticos y sociales que van desde la expulsión de miles de miembros del Partido Comunista incumplientes, pasando por el incesto y el infanticidio, hasta llegar al acelerado proceso de envejecimiento de esa población y la escasez de mano de obra.

Es sorprendente que a estas alturas del siglo XXI después del dolor y aprendizaje que nos dejó el genocidio del pueblo judío, toleremos que el triple de vidas humanas chinas haya sido exterminada en 20 años de existencia de esa Ley. Más sorprendente es que esa nación incapaz de ofrecer a sus habitantes una adecuada calidad de vida con pleno respeto a sus derechos y libertades, compre bonos de la deuda externa costarricense, regale un estadio nacional a nuestro país de 70 millones de dólares y construya uno propio en Pekín de más de 500 millones de dólares con motivo de los juegos olímpicos.

Despolitizadamente analizado el desarrollo económico chino calificado por algunos como milagroso y que le ubica como potencia mundial de nuestros tiempos, pareciera que las frías cifras de crecimiento de las últimas dos décadas (tasas anuales del 10% respecto de una inflación de menos de 1%) se han cimentado sobre los huesos de los más pequeños, débiles e indefensos seres de esa sociedad.

Analizado sin ninguna pasión ideológica pues poco importan las teorías de mercado libre versus economías dirigidas, es justo concluir que, las piedras y las paredes de nuestro próximo estadio nacional, costoso y moderno, el mismo que como país subdesarrollado fuimos incapaces de construir, irónicamente serán testigos fríos, de que nada sirve el desarrollo, el progreso o la modernidad, sino existen niños para disfrutarlo.

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martes, 1 de julio de 2008

Derecho frente a la globalización

En el partido PASE creemos que no todos los efectos de la globalización son malos o negativos, ni que el proceso de abrir las economías Estatales de los países en vías de desarrollo al comercio exterior, atente contra los regímenes políticos y las clases más desposeídas. Al mejor estilo simplificador de Ortega y Gasset entendemos la globalización como un nuevo orden por el que inevitablemente debemos transitar. Las consecuencias de ese tránsito dependerán de decisiones políticas de tipo criollo: ¿Cuánta contaminación vamos a tolerar? ¿Cómo vamos a salvaguardar nuestra cultura e identidad nacional? ¿Cómo distribuir la riqueza que se genere? ¿A cuánta inversión social vamos a renunciar? ¿Cómo vamos a mantener el sistema de educación y salud pública?

La solución que proponemos a lo inevitable, se basa en una visión del derecho como elemento transformador y diferenciador entre la completa autarquía económica y la total integración, mediante la visibilización del contenido político de las normas jurídicas. Hasta ahora el papel del derecho en el marco de la globalización se ha limitado a ser un conjunto de reglas neutrales que sirven para la consolidación del comercio internacional y del derecho privado por sobre la regulación pública que ha perdido relevancia en la realidad económica y social. La nueva visión del derecho consiste entonces, en defender a los ciudadanos y al propio Estado de las eventuales desviaciones de poder o agresiones de los grupos privados que son muchos más poderosos que las propias Administraciones Públicas. Ello exige establecer los mecanismos jurídicos adecuados para que las autoridades puedan cabalmente intervenir a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el derecho a un ambiente sano, el acceso a un sistema de educación y salud público eficiente y la equidad social y económica. Ante las teorías que claman por suprimir la protección del ciudadano a su más mínima expresión y que privilegian el desarrollo de una empresa que lucra con todo lo que la ley no prohíbe, la futura legislación debe de garantizar que el Estado costarricense no permanezca inactivo, pasivo o negligente frente a esas amenazas. Paradójicamente, antes el derecho público se preocupaba por poner límites y frenos al poder Estatal y ahora, se requiere de su intervención con el fin de obligarlo a garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales. El debate sobre si existe alternativa distinta en los países en vías de desarrollo como el nuestro es claro, el papel del derecho lejos de ser excluyente, es vital para lograr un equilibrado desarrollo económico.
* Secretario General, Partido PASE

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