viernes, 10 de septiembre de 2010

ALCALDESA DE BARVA HACE CAMPAÑA EN CEMENTERIO


El Diputado Coordinador de la Fracción del PASE, Víctor Emilio Granados Calvo, pidió al Tribunal Supremo de Elecciones que ordene a la actual ALCALDESA DE BARVA DE LA PROVINCIA DE HEREDIA retirar un banner del cementerio de la localidad y abstenerse de utilizar recursos e instalaciones municipales para hacer campaña de forma directa o indirecta.

La situación se debe a que el fin de semana anterior la Alcaldesa, quien además aspira a reelegirse en el cargo por el PLN, ordenó colocar un banner que dice:

Municipalidad de Barva
Alcaldesa Municipal
Que el Señor les llene de fortaleza
En estos momentos de dolor


Para Granados “esto es un insulto al pueblo de Barva y para las personas dolientes que visitan el cementerio de la localidad” y agregó “este repentino sentimiento de solidaridad humana de la alcaldesa NO es más que puro oportunismo electoral que debe de ser reprimido por el Tribunal Supremo de Elecciones”

En la solicitud de investigación que realiza el diputado Granados al TSE, advierte que aunque en el Código Electoral vigente, las corporaciones municipales no se encuentran impedidas de difundir la realización de obras durante este período eleccionario, “sigue siendo prohibitivo utilizar recursos públicos para campañas políticas y ante todo, es inmoral, valerse de un cementerio municipal y del dolor que aflige a sus visitantes para buscar votos”.

El PASE participa en las elecciones de Alcalde en Brava por medio de la coalición BARVA UNIDA.

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Escrito por JORGE LUIS ARAYA periodista del Semanario Universidad(jorge.arayae@gmail.com )
Una comisión especial, que la Asamblea Legislativa acordó crear la semana pasada para investigar las concesiones, se abocará a revisar la ley, las fallas denunciadas en la fiscalización de los contratos y a las personas involucradas en la negociación de los proyectos, anunciaron diputados de oposición que impulsan la iniciativa.

“Sentimos que la comisión es una oportunidad valiosísima de revisar todo ese esquema, de revisar la ley y las actuaciones de quienes tienen que velar por la legalidad, como es el caso de la Contraloría General de la República (CGR)”, indicó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE).

El legislador resaltó la cohesión de la oposición en torno a este tema, independientemente de que haya grupos que no creen del todo en la concesión de obra pública y otros que son más liberales y quisieran incluso concesionar muchas otras actividades.

“Lo que ilusiona es que hubo una actitud cohesionada de la oposición pidiendo investigar, y que de alguna manera se sentó un precedente muy interesante en la Asamblea Legislativa que eventualmente se puede repetir, en donde queda claro que hay una mayoría que no es de Gobierno y esa mayoría está exigiendo transparencia”, comentó Granados.
Y es que hay dudas respecto a la transparencia en los procesos de adjudicación de concesiones e incluso sobre la legalidad y el papel que está jugando la CGR, que va a ser de las primeras en ser llamada a la comisión investigadora, advirtió.

Entre los temas que serían objeto de investigación mencionó la licitación para construir la terminal de contenedores de Moín, donde hubo solo un oferente, y donde el cartel está dando potestades casi monopolísticas y elevando costos en perjuicio de los micro y pequeños empresarios que exportan o importan carga.

Otros casos por analizar serían la concesión del aeropuerto Juan Santamaría a la empresa Alterra, así como la vía a Caldera concesionada a Autopistas del Sol, donde más que dudas hay cosas concretas por investigar, señaló.

Cabe recordar que este Semanario desde hace varios años ha venido informando constantemente de situaciones irregulares que se han dado dentro del esquema de concesiones de obras públicas, como el aeropuerto Juan Santamaría, el muelle de Caldera, la carretera San José-Caldera y los muelles de Limón.

En cuanto a los resultados que podrían esperarse de tal investigación, Granados reconoció que aunque los dictámenes de estas comisiones no son vinculantes, sí tienen una fuerza moral y política muy importante.

Según el analista político Víctor Ramírez, la concesión de obra pública es quizás el tema de mayor trascendencia financiera, jurídica e institucional que tiene en sus manos Costa Rica en estos momentos.

Por lo tanto, no se justificaba la negativa del Partido Liberación Nacional (PLN), que se opuso inicialmente a la creación de una comisión investigadora y proponía pasar el asunto a la comisión de presupuesto y gasto público de la Asamblea Legislativa, que no es una comisión especial de investigación. En este punto, Ramírez resaltó la unión de los grupos opositores que hizo que el oficialismo cambiara de posición, luego de la resistencia inicial.

Luis Fishman, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo no tener duda de que “cuando empiece a trabajar la comisión, van a llegar a ciertas congruencias en cuanto a quiénes son los que están detrás de todo”.

“Son las mismas personas con los mismos negocios, los mismos intereses, los mismos bufetes de abogados. Creo que aquí al país se lo ha estado repartiendo para hacer negocios un grupito muy pequeño, sin que exista la posibilidad de que otros sectores puedan participar”, comentó el diputado en el programa Desayunos de Radio Universidad.

Añadió que hay cosas que suceden en el país y de las que nadie habla; por ejemplo, las concesiones de frecuencias de radio y televisión, que si bien son una concesión estatal, pareciera que ya tienen dueños y nadie se anima a hablar de eso.

En esta comisión se analizarán los cánones que se pagan en las concesiones, cuándo se van a sacar a concurso, y muchas cosas que no se dicen por temor, por cálculo político o porque hay intereses mancomunados, aseveró Fishman.

“El país tiene que seguirse desarrollando y yo creo en la figura de la concesión como un mecanismo para el desarrollo, pero tiene que ser transparente.

Para tener una mejor televisión, una mejor radio, una mejor telefonía, tiene que haber una competencia, pero correcta, no de tigre suelto contra burro amarrado”, puntualizó.
La reacción legislativa se da como respuesta a una serie de denuncias que han venido haciendo figuras políticas y expertos, sobre presuntos incumplimientos de los concesionarios, ante la pasividad de las entidades encargadas de la fiscalización, como la Contraloría General de la República (ver la edición de UNIVERSIDAD del 25 al 31 de agosto).

En particular, las denuncias se han centrado en la concesión de la vía San José-Caldera, como se evidenció en un foro realizado recientemente en la Asamblea Legislativa, donde se criticó que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) habría recibido las obras sin terminar y con riesgo para los usuarios, en contra de lo que establece el contrato (ver recuadro “Críticas a la carretera…”).

Los mismos errores se estarían repitiendo en la concesión de la vía San José-San Ramón, proyecto que estaría próximo a comenzar, y en la concesión de una nueva terminal portuaria en Moín.

Tras hacer allí la advertencia, expositores como el exministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y el exdiputado del Movimiento Libertario, Mario Quirós, exhortaron a la Asamblea Legislativa a tomar cartas en el asunto, para iniciar una investigación de lo que está sucediendo con las concesiones, incluido el papel de la Contraloría.

En particular, Quirós criticó el paso de la CGR al CNC y viceversa, de quienes han estado a cargo de las contrataciones y las aprobaciones relacionadas con el proyecto San José-Caldera.

Mostró en ese sentido cómo la contralora, Rocío Aguilar, fue secretaria técnica del CNC durante el tiempo en que se dio vida a estos contratos; el abogado Carlos Arguedas, que resolvía asuntos de concesiones, pasó a ser asesor jurídico en el CNC mientras Aguilar era la secretaria técnica, y cuando esta fue nombrada contralora él regresó a resolver sobre los asuntos que tienen que ver con concesiones en la CGR; y Guillermo Matamoros, que era secretario técnico hasta hace unos meses, funge como asesor del despacho de la Contralora.

Quirós opinó que estos movimientos de funcionarios entre la CGR y el CNC ponen en peligro la capacidad institucional para tratar el tema de concesiones.

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miércoles, 1 de septiembre de 2010

El PASE logra aprobar 5 leyes en primeros cien días

*Los diputados del El Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), en conjunto con diputados de todas las fracciones ha logrado aprobar en un lapso de ocho días cinco proyectos de ley.*

* El 18 de agosto en la Comisión con potestad legislativa Plena Primera se aprobó el expediente 16.207 Ley de inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público, esta Ley permite que en las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reserve cuando menos un porcentaje de un 5% de las vacantes, en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de cada uno de esos poderes.

*El 19 de agosto en el plenario legislativo se aprobó el expediente 16.469 Ley de identificación de medicamentos para las personas ciegas. La Ley obliga a todas las farmacias, sean estas de la Caja Costarricense de Seguro Social o privadas, brindar a todas las personas con discapacidad visual parcial o total, la posibilidad de identificar los medicamentos prescritos, su dosificación e instrucciones necesarias, por medio de los métodos o sistemas adecuados o técnicamente definidos.

*Además, ese mismo da se aprobaron los expedientes; 16.866 Autorización a la municipalidad de Moravia para donar un terreno de su propiedad a las temporalidades de la arquidiócesis de San José y el expediente 17.298 Autorización a la municipalidad del cantón central de Heredia, para donar un terreno a la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas.

El 25 agosto se aprobó el proyecto de Ley 16.674 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Orientación una iniciativa que fue acogida por el PASE ya que llegó al Departamento de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, iniciativa que fue impulsada por distinguidas profesionales de la Asociación Costarricense de Profesionales en Orientación (ACPO).

Y dado que los legisladores entienden que una de sus vitales funciones en este Congreso, es la de interpretar y representar de la manera ms fiel posible, las necesidades legislativas de los ciudadanos en general y de cualquier ciudadano en particular, trabajaron para responder la necesidad de agrupar y ofrecer un cuerpo legal y colegiado a un enorme grupo de profesionales en Orientación que desde el año 1964 han formado parte integral del desarrollo de la educación costarricense.

Los legisladores del PASE destacaron el compromiso y solidaridad de las bancadas legislativas para aprobar proyectos que defienden derechos humanos.

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