En el partido PASE creemos que no todos los efectos de la globalización son malos o negativos, ni que el proceso de abrir las economías Estatales de los países en vías de desarrollo al comercio exterior, atente contra los regímenes políticos y las clases más desposeídas. Al mejor estilo simplificador de Ortega y Gasset entendemos la globalización como un nuevo orden por el que inevitablemente debemos transitar. Las consecuencias de ese tránsito dependerán de decisiones políticas de tipo criollo: ¿Cuánta contaminación vamos a tolerar? ¿Cómo vamos a salvaguardar nuestra cultura e identidad nacional? ¿Cómo distribuir la riqueza que se genere? ¿A cuánta inversión social vamos a renunciar? ¿Cómo vamos a mantener el sistema de educación y salud pública?
La solución que proponemos a lo inevitable, se basa en una visión del derecho como elemento transformador y diferenciador entre la completa autarquía económica y la total integración, mediante la visibilización del contenido político de las normas jurídicas. Hasta ahora el papel del derecho en el marco de la globalización se ha limitado a ser un conjunto de reglas neutrales que sirven para la consolidación del comercio internacional y del derecho privado por sobre la regulación pública que ha perdido relevancia en la realidad económica y social. La nueva visión del derecho consiste entonces, en defender a los ciudadanos y al propio Estado de las eventuales desviaciones de poder o agresiones de los grupos privados que son muchos más poderosos que las propias Administraciones Públicas. Ello exige establecer los mecanismos jurídicos adecuados para que las autoridades puedan cabalmente intervenir a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el derecho a un ambiente sano, el acceso a un sistema de educación y salud público eficiente y la equidad social y económica. Ante las teorías que claman por suprimir la protección del ciudadano a su más mínima expresión y que privilegian el desarrollo de una empresa que lucra con todo lo que la ley no prohíbe, la futura legislación debe de garantizar que el Estado costarricense no permanezca inactivo, pasivo o negligente frente a esas amenazas. Paradójicamente, antes el derecho público se preocupaba por poner límites y frenos al poder Estatal y ahora, se requiere de su intervención con el fin de obligarlo a garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales. El debate sobre si existe alternativa distinta en los países en vías de desarrollo como el nuestro es claro, el papel del derecho lejos de ser excluyente, es vital para lograr un equilibrado desarrollo económico.
* Secretario General, Partido PASE
* Secretario General, Partido PASE
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