Victor Emilio Granados Calvo

Hay muchas formas de analizar y entender un gobierno todo depende del ángulo desde el que se mire y del tipo de información en la que nos encontramos inmersos los gobernados. Ensayando una definición sencilla es posible decir que —el buen gobierno— es aquel que persigue fines altruistas el denominado bien común y —el mal gobierno— aquel que resulta dañino para la mayoría, perjudicial o contrario al bienestar comunitario.

Sin embargo el contraste bueno-malo es apenas una percepción fruto de la experiencia social sujeta a las variables de la realidad individualizada. Mientras que un mismo bosque es para un ecologista un paraíso que hay que preservar, para un empresario maderero representa materia prima traducible en producción, para el artista es un paisaje más, para ciertas especies su hábitat y para un cazador el escenario de su deporte.

De esa forma se explica que una misma decisión de gobierno puede entonces ser buena y mala a la vez, porque esas dos comprensiones extremas de la realidad tienen asidero en una irreproductible experiencia personalizada. La ciencia de gobernar está en tomar decisiones que sean percibidas como buena por la mayoría social y que en realidad lo sean.

Cosa muy distinta es el desgobierno. En un sistema de Estado constitucional como el costarricense, los valores que previamente fueron fijados por el constituyente, aunque formulados en términos generales, representan una escala abierta de principios a los que debe de someterse la política pública. Del desconocimiento de esos valores se nutre un desgobierno.

Nada tiene que ver un mal gobierno con el desgobierno que supone una condición distinta e implica un desplazamiento de los fines estatales. En palabras del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Alejandro Nieto, el desgobierno es la finalización del modelo de organización de nuestra sociedad política hasta ahora conocida, por una superorganización en la que Estado ya no representa los intereses generales.

Para el autor de “La organización del desgobierno”, y “El desgobierno judicial”, esa variación del contrato social que legitimó al Estado de Derecho durante más de dos siglos lleva implícita una peligrosa pérdida en la legitimación de los poderes públicos. La virtual desaparición del Estado regulador, la confusión generada en torno a una actividad económica que muchas veces no distingue entre lo público y privado, la desnaturalización de la función administrativa y sobre todo la suplantación del sistema democrático por una “partidocracia” son algunas de las principales características de un gran desgobierno.

En el caso costarricense es claro que estamos en medio de un puro y auténtico desgobierno de la República en una época caracterizada por la entropía ideológica y las alianzas partidarias opacas en torno a intereses relativamente homogéneos. Aunque el fenómeno es similar al desatado en el sur del continente en nuestro país, la solución no es la misma. En el partido PASE proponemos recobrar la actividad reguladora del Estado sin renunciar a los beneficios del libre mercado y adquirir una nueva conciencia de la función administrativa que sin renunciar a las potestades controladoras sea más eficaz y acorde a las necesidades que imponen los nuevos tiempos.