Las reformas electorales cuya aprobación se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa desde el año 2000 pueden considerarse vitales para el desarrollo democrático de nuestro país. Independientemente de que nuestro actual congreso apruebe o no algún texto, lo cierto es que el establecimiento de un régimen progresivo de derecho para los partidos políticos se encuentra muy lejos de materializarse y con ello se esfuma cualquier oportunidad de mejorar nuestro ya de por sí alicaído sistema de representación.
Una serie de propuestas que van desde el establecimiento del voto preferencial (para elegir dentro de una lista de candidatos a diputados no precisamente al impuesto por las cúpulas partidarias) hasta la modificación en la forma en que se contabilizan los votos emitidos (sistema de cociente y subcociente) no sufrirán variación alguna, sencillamente porque en buena medida esos cambios sustanciales, afectan a los propios reformistas –los partidos políticos- que constituidos en interesados directos evidencian su falta de voluntad.
Al mejor estilo del general del Nóbel García Márquez, las reformas se encuentran enredadas en su laberinto.
Lo grave es desde la perspectiva del Partido PASE que, aunque la existencia hasta ahora de un Código Electoral de más de cinco décadas de vigencia ha sido suficiente para la administración, organización y control de los procesos electorales; pareciera ser insuficiente para garantizar la vida democrática como hasta ahora la hemos conocido.
Esa insuficiencia tiene fundamento en los últimos acontecimientos electorales que ponen en evidencia la pérdida de prestigio del TSE, en el sistema y en otras instituciones de orden público y privado como los medios de comunicación. El abstencionismo lo evidencia: en las últimas tres justas electorales (1998, 2002 y 2006) las cifras han alcanzado niveles superiores al 30 por ciento y poco más de 40 por ciento en el que fuera el primer referéndum consultivo de este siglo.
En palabras del Doctor Rodolfo Cerdas, “la poca capacidad de los partidos políticos para autotransformarse y generar nuevas propuestas provoca un distanciamiento entre partidos y electores” que solo pueden mirar con desconfianza a las principales instituciones de participación política.
Consecuentemente Costa Rica se apresta a iniciar un nuevo proceso electoral, en medio de una peligrosa pérdida de legitimación del poder, ante la constante duda ciudadana acerca de la transparencia de las reglas y las motivaciones de los políticos. Solo en las elecciones de 2006 se presentaron ante el TSE más de seiscientas denuncias por irregularidades y como es de todos sabido, ese proceso se vio teñido por el debate surgido a raíz del voto de la Sala Constitucional que permitió la participación del virtual ganador.
Ni qué decir del referéndum de 7 de octubre, que amén de las lagunas que acompañaron a la implementación de esa ley y la ausencia de una mayoría social en el resultado, generó dudas razonables en muchos sectores respetables de la sociedad costarricense.
Tal pareciera que las viejas dudas de la sociedad civil que en buena parte propiciaron la revolución de 1948 regresaron en este nuevo siglo y aspectos tales como la pureza del sufragio, la manipulación de los grupos económicos para asirse del poder y la efectiva participación del pueblo en la toma de decisiones, vuelven a ser preocupaciones ciudadanas que ahora se suman a otras más como el financiamiento privado de las campañas, el papel de los medios de comunicación, el acceso real a los puestos de elección y la influencia de miembros de otros Poderes en los procesos electivos.
Solamente propiciando una verdadera participación popular, erradicando paradigmas, evitando caer en las trampas del marketing y negándose a los chantajes del clientelismo electoral será posible al menos y de momento, hacer crecer una representación diversa en todos los poderes públicos. Si bien es cierto, aunque en la diversidad no esté la eficiencia y mucho menos eso que llaman la gobernabilidad, garantiza la participación de más actores sociales que a la mejor algún día rompan el ciclo vicioso de las reformas electorales en su laberinto.
Una serie de propuestas que van desde el establecimiento del voto preferencial (para elegir dentro de una lista de candidatos a diputados no precisamente al impuesto por las cúpulas partidarias) hasta la modificación en la forma en que se contabilizan los votos emitidos (sistema de cociente y subcociente) no sufrirán variación alguna, sencillamente porque en buena medida esos cambios sustanciales, afectan a los propios reformistas –los partidos políticos- que constituidos en interesados directos evidencian su falta de voluntad.
Al mejor estilo del general del Nóbel García Márquez, las reformas se encuentran enredadas en su laberinto.
Lo grave es desde la perspectiva del Partido PASE que, aunque la existencia hasta ahora de un Código Electoral de más de cinco décadas de vigencia ha sido suficiente para la administración, organización y control de los procesos electorales; pareciera ser insuficiente para garantizar la vida democrática como hasta ahora la hemos conocido.
Esa insuficiencia tiene fundamento en los últimos acontecimientos electorales que ponen en evidencia la pérdida de prestigio del TSE, en el sistema y en otras instituciones de orden público y privado como los medios de comunicación. El abstencionismo lo evidencia: en las últimas tres justas electorales (1998, 2002 y 2006) las cifras han alcanzado niveles superiores al 30 por ciento y poco más de 40 por ciento en el que fuera el primer referéndum consultivo de este siglo.
En palabras del Doctor Rodolfo Cerdas, “la poca capacidad de los partidos políticos para autotransformarse y generar nuevas propuestas provoca un distanciamiento entre partidos y electores” que solo pueden mirar con desconfianza a las principales instituciones de participación política.
Consecuentemente Costa Rica se apresta a iniciar un nuevo proceso electoral, en medio de una peligrosa pérdida de legitimación del poder, ante la constante duda ciudadana acerca de la transparencia de las reglas y las motivaciones de los políticos. Solo en las elecciones de 2006 se presentaron ante el TSE más de seiscientas denuncias por irregularidades y como es de todos sabido, ese proceso se vio teñido por el debate surgido a raíz del voto de la Sala Constitucional que permitió la participación del virtual ganador.
Ni qué decir del referéndum de 7 de octubre, que amén de las lagunas que acompañaron a la implementación de esa ley y la ausencia de una mayoría social en el resultado, generó dudas razonables en muchos sectores respetables de la sociedad costarricense.
Tal pareciera que las viejas dudas de la sociedad civil que en buena parte propiciaron la revolución de 1948 regresaron en este nuevo siglo y aspectos tales como la pureza del sufragio, la manipulación de los grupos económicos para asirse del poder y la efectiva participación del pueblo en la toma de decisiones, vuelven a ser preocupaciones ciudadanas que ahora se suman a otras más como el financiamiento privado de las campañas, el papel de los medios de comunicación, el acceso real a los puestos de elección y la influencia de miembros de otros Poderes en los procesos electivos.
Solamente propiciando una verdadera participación popular, erradicando paradigmas, evitando caer en las trampas del marketing y negándose a los chantajes del clientelismo electoral será posible al menos y de momento, hacer crecer una representación diversa en todos los poderes públicos. Si bien es cierto, aunque en la diversidad no esté la eficiencia y mucho menos eso que llaman la gobernabilidad, garantiza la participación de más actores sociales que a la mejor algún día rompan el ciclo vicioso de las reformas electorales en su laberinto.
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