MILES DE EMPLEADOS SOLIDARISTAS EN PELIGRO
La Ley de Asociaciones Solidaristas contiene un enorme vacío, en cuanto a la protección que debe de recibir un ex empleado debidamente afiliado que sea despedido por efecto de la crisis. La mayoría de trabajadores solidaristas poseen créditos con tasas favorables y ante despidos serían desafiliados y podrían ver incrementada las cuotas de su crédito hasta en un 300%. Ya se presentó un primer caso y el diputado del PASE Oscar López recurrirá a la Sala Constitucional para reclamar que el fuero de protección abarque a ex empleados.
Para nadie es un secreto que a mediados de los años ochenta, se impulsó en el país la creación de asociaciones solidaristas, como un mecanismo de participación, ahorro y desarrollo de la relación obrero-patronal. Desde luego, desde la perspectiva política significó además, la desmovilización del movimiento sindical frente a una oferta solidarista que administra el fondo de capitalización laboral, reparte excedentes, facilita la adquisición de bienes y servicios y presta dinero a sus trabajadores, todo a tasas por debajo de la realidad del mercado.
El éxito del solidarismo ha generado un patrimonio de más de 500 millones de dólares y el número de afiliados es mayor a los 228 mil trabajadoras y trabajadores.
¿Pero qué pasa cuando el afiliado solidarista es despedido de su trabajo?
De acuerdo con el inciso b) del artículo 21 de la Ley N.º 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas de 28 de noviembre de 1984, cuando un trabajador renuncie a la “empresa” renuncia a la asociación, si fuese despedido con justa causa o sin ella (incisos c y d), la Ley contempla la entrega de ahorros, aporte patronal, rendimientos y otros, pero incurre en el vacío (que se llena reglamentariamente) de indicar no cómo debe de proceder la asociación respecto de las obligaciones o crédito contraídos por el ex afiliado.
Únicamente el artículo 17 de la Ley refiere que “Perderá sus derechos en la asociación el afiliado que se separe de ella con excepción de .... c) Los créditos personales del asociado a favor de la entidad.”
Lo verdaderamente grave es que por la vía reglamentaria y en las escrituras de hipotecas que suscriben los trabajadores con sus asociaciones se hace constar cosas como esta:
“Renuncias. El asociado que renuncie a (Nombre de la Asociación) deberá cancelar de inmediato sus deudas pendientes con la asociación. En caso contrario, la tasa de interés de sus operaciones de crédito será incrementada de acuerdo con el siguiente criterio:
a) Cuando renuncie a la asociación pero no (a la empresa o institución): se aplica un incremento de tres puntos porcentuales en la tasa pactada.
b) Cuando renuncie a (la institución o empresa) y consecuentemente a (nombre de la Asociación): se aplica un incremento en la tasa pactada, hasta igualar la tasa de interés promedio del rubro “Otras actividades” vigente en la banca comercial privada al momento de la renuncia, más tres puntos porcentuales.”
La norma anterior es real, está inserta dentro del Reglamento de crédito de una asociación solidarista y es aplicable no solo a los trabajadores que renuncien sino a aquellos que sean despedidos, pues no existe norma alguna que contemple si los trabajadores despedidos con justa causa deben de ser protegidos en estos casos.
La tasa de interés “para otras actividades” es la más alta del mercado, se aplica para actividades de consumo y de acuerdo con la página web del Banco Central de Costa Rica la misma aunque variable, en estos momento se encuentra en 19,60 % para bancos estatales y en 24,78 % para la banca privada.
Lo anterior quiere decir que un ex empleado solidarista, que sea despedido de su trabajo por efecto de la crisis y, que posea créditos blandos con su respectiva asociación (9%, 12%, 15%) deberá de pagar por esos mismos créditos, una vez desafiliado cerca de un 28 %.
El diputado Oscar López recurrirá a la Sala Constitucional y presentará una modificación a la Ley para ampliar el rango de protección al ex empleado de asociaciones solidaristas. Esperamos que tenga el tiempo suficiente para evitar que semejante omisión cause más perjuicio a las trabajadoras y trabajadores del país.
La Ley de Asociaciones Solidaristas contiene un enorme vacío, en cuanto a la protección que debe de recibir un ex empleado debidamente afiliado que sea despedido por efecto de la crisis. La mayoría de trabajadores solidaristas poseen créditos con tasas favorables y ante despidos serían desafiliados y podrían ver incrementada las cuotas de su crédito hasta en un 300%. Ya se presentó un primer caso y el diputado del PASE Oscar López recurrirá a la Sala Constitucional para reclamar que el fuero de protección abarque a ex empleados.
Para nadie es un secreto que a mediados de los años ochenta, se impulsó en el país la creación de asociaciones solidaristas, como un mecanismo de participación, ahorro y desarrollo de la relación obrero-patronal. Desde luego, desde la perspectiva política significó además, la desmovilización del movimiento sindical frente a una oferta solidarista que administra el fondo de capitalización laboral, reparte excedentes, facilita la adquisición de bienes y servicios y presta dinero a sus trabajadores, todo a tasas por debajo de la realidad del mercado.
El éxito del solidarismo ha generado un patrimonio de más de 500 millones de dólares y el número de afiliados es mayor a los 228 mil trabajadoras y trabajadores.
¿Pero qué pasa cuando el afiliado solidarista es despedido de su trabajo?
De acuerdo con el inciso b) del artículo 21 de la Ley N.º 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas de 28 de noviembre de 1984, cuando un trabajador renuncie a la “empresa” renuncia a la asociación, si fuese despedido con justa causa o sin ella (incisos c y d), la Ley contempla la entrega de ahorros, aporte patronal, rendimientos y otros, pero incurre en el vacío (que se llena reglamentariamente) de indicar no cómo debe de proceder la asociación respecto de las obligaciones o crédito contraídos por el ex afiliado.
Únicamente el artículo 17 de la Ley refiere que “Perderá sus derechos en la asociación el afiliado que se separe de ella con excepción de .... c) Los créditos personales del asociado a favor de la entidad.”
Lo verdaderamente grave es que por la vía reglamentaria y en las escrituras de hipotecas que suscriben los trabajadores con sus asociaciones se hace constar cosas como esta:
“Renuncias. El asociado que renuncie a (Nombre de la Asociación) deberá cancelar de inmediato sus deudas pendientes con la asociación. En caso contrario, la tasa de interés de sus operaciones de crédito será incrementada de acuerdo con el siguiente criterio:
a) Cuando renuncie a la asociación pero no (a la empresa o institución): se aplica un incremento de tres puntos porcentuales en la tasa pactada.
b) Cuando renuncie a (la institución o empresa) y consecuentemente a (nombre de la Asociación): se aplica un incremento en la tasa pactada, hasta igualar la tasa de interés promedio del rubro “Otras actividades” vigente en la banca comercial privada al momento de la renuncia, más tres puntos porcentuales.”
La norma anterior es real, está inserta dentro del Reglamento de crédito de una asociación solidarista y es aplicable no solo a los trabajadores que renuncien sino a aquellos que sean despedidos, pues no existe norma alguna que contemple si los trabajadores despedidos con justa causa deben de ser protegidos en estos casos.
La tasa de interés “para otras actividades” es la más alta del mercado, se aplica para actividades de consumo y de acuerdo con la página web del Banco Central de Costa Rica la misma aunque variable, en estos momento se encuentra en 19,60 % para bancos estatales y en 24,78 % para la banca privada.
Lo anterior quiere decir que un ex empleado solidarista, que sea despedido de su trabajo por efecto de la crisis y, que posea créditos blandos con su respectiva asociación (9%, 12%, 15%) deberá de pagar por esos mismos créditos, una vez desafiliado cerca de un 28 %.
El diputado Oscar López recurrirá a la Sala Constitucional y presentará una modificación a la Ley para ampliar el rango de protección al ex empleado de asociaciones solidaristas. Esperamos que tenga el tiempo suficiente para evitar que semejante omisión cause más perjuicio a las trabajadoras y trabajadores del país.
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