El periódico La Nación propone acabar con las garantías sociales como medida para preservar el empleo, en directa acometida en contra de lo que tanto nos ha costado a los costarricenses.

El Martes 23 de diciembre, antesala a la recreación judeo cristiana que nos recuerda el nacimiento de El Salvador del mundo, la editorial del Periódico La Nación se lanzó con un plan salvador titulado PRESERVAR EL EMPLEO. (La editorial puede leerse completa al final de este artículos)

Textualmente propone el editorialista que el empleo debe ser objeto de un plan complementario que preserve la salud del sistema financiero mediante incentivos que reduzcan las “cargas sociales”.

Obviamente dichas cargas por su connotación de “sociales” son aquellas que financian programas destinados a paliar la pobreza como los del IMAS, INA, o los de seguridad social como los dineros destinados a la CCSS o a los trabajadores Banco Popular y fondos de capitalización y ahorro.

Textualmente la editorial explica así su posición sobre ese extremo: “Comparativamente, el factor trabajo es caro en Costa Rica. Uno de los rubros que más lo afecta son las cargas sociales. Y en las circunstancias que se avecinan podría resultar uno de los principales rubros a sacrificar. Para inducir a los patronos a mantener el empleo, debería modificarse la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social con el objeto de eliminar las contribuciones obligatorias para ciertos niveles mínimos, tanto del trabajador como del patrono, y restituir parte del salario real y el costo de la planilla. También se deberían eliminar las contribuciones al Banco Popular y reducirse considerable las del INA y las del IMAS, aunque sea temporalmente”

Pero además la salvadora propuesta sugerida desde Tibás podría aprobarse temporal o permanentemente según lo sugiere la editorial, así como reformar el Código de Trabajo para permitir jornadas de 12 horas.

Personalmente entiendo que el Grupo Nación responde a los intereses de un sector empresarial y político del país que tiene claramente definido su proyecto económico y financiero. Desde esa perspectiva entiendo además que defiende y apoya dichos intereses por lo que no tiene el deber de ser objetivo en el análisis de coyunturas como las que atraviesa el país. Muchos menos objetivo debe (o puede) ser el editorialista que al igual que yo, para el análisis de situaciones de la vida nacional, debe hacer uso de su propia experiencia, creencias e ideales.

Sin embargo me parece que se comete un evidente exceso en lo propuesto - a pesar de que solo sea una idea - tomando en cuenta la sensibilidad que muchos poseemos en torno a la preservación de las garantías sociales, que a fin de cuentas, fue unos de los elementos que provocó el estallido de nuestra guerra civil de 1948.

Si en algo coincido con el editorialista es en que el gobierno de los Arias no ha formulado ningún plan concreto frente a la crisis que se avecina y está ayuno de ideas, pero aprovechar la inercia mental gubernamental, para sugerir que por la vía del Decreto ya sea temporal o permanentemente, reduzcamos los ingresos del IMAS, del Popular o que le quietemos de encima algunas “cargas” de la planilla a los patronos, es realmente abusivo y hasta cierto punto temerario para una democracia que como la nuestra ya demostrado cierta fragilidad.

No explica la editorial que pasaría con el inminente desfinanciamiento del sistema de pensiones, que del primer al tercer pilar se irían al carajo. ¿Qué pasaría con la seguridad social si reducimos el monto que el empleador aporta para que tengamos acceso a los servicios hospitalarios y de salud pública?

¿Qué hacemos con las madres solteras que ya de por sí no tienen trabajo, quienes viven en la indigencia y quienes cuentan con el IMAS para que sus hijos estudien?

Invirtiendo la lógica del editorial, yo no me animaría a sugerir que para preservar el empleo en medio de esta crisis, el Estado incurriera en abusos en contra de los empleadores, sus bienes, patrimonio o heredad.

Mejor será que se les ocurra … otras cosas.

PERIÓDICO LA NACIÓN

LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2008.

EDITORIAL

Preservar el empleo

El Gobierno debe despertar y formular un plan estimulante para enfrentar los efectos de la crisis

Ofrecemos algunas ideas y reformas en el campo empresarial, laboral e institucional

El Gobierno continúa moroso en la formulación de un plan comprensivo para enfrentar los efectos de la crisis económica y financiera internacional en Costa Rica. Los signos de deterioro de la economía real –producción, empleo, consumo, salarios– continúan acumulándose y podrían intensificarse más profundamente a partir de la denominada cuesta de enero. Para enderezar la caída en la tasa de crecimiento de la producción y preservar los empleos existentes no es suficiente con anunciar el advenimiento de un período de vacas flacas ni exhortar al sector privado a no despedir a nadie. Es necesario pasar de la retórica a la acción.

En ediciones anteriores hemos informando ampliamente sobre el deterioro de las variables reales de la economía, comenzando por el índice mensual de actividad económica que calcula el Banco Central (IMAE). Este índice relata cómo se comportan el consumo e inversión en los distintos sectores, y su tendencia ciclo es reflejo del crecimiento interanual de la producción. Hace poco más de un año, el IMAE crecía a una tasa anual del 10%, pero el mes anterior apenas llegó al 1%. Es una caída demasiado pronunciada como para dejarla pasar. La Cepal también coincidió con esa apreciación al señalar una tasa esperada del crecimiento de la producción sumamente baja en nuestro país, alrededor de 1% en el 2009.

A lo anterior se suman otros indicadores dados a conocer por La Nación : el consumo de electricidad sufre una fuerte caída; se registra una fuerte disminución en los ingresos por turismo; menores exportaciones realizadas por el país y menores ingresos fiscales captados por Hacienda debido a la desaceleración de la producción. También se registra una reducción de las importaciones, necesarias para producir y abastecer el comercio. Y a pesar de que una reducción mejora el déficit de la balanza de pagos, se debe recordar que las importaciones de bienes finales y materias primas son necesarias para incrementar la producción y generar empleo. Si esta tendencia a la desaceleración se mantiene, los efectos en el gasto, inversión y nivel de la fuerza laboral podrían tener serias consecuencias sociales. El empleo, en particular, debe ser objeto de un plan adicional complementario de las decisiones adoptadas para preservar la salud del sistema financiero, que comentamos en otra oportunidad.

El sector privado, como regla general, responde a estímulos fiscales y laborales. Para que los patronos en su calidad de oferentes de empleo puedan preservar los puestos existentes en el contexto de una menor demanda esperada de sus productos o servicios, debe el Estado proveer de los incentivos necesarios para inducirlos a reducir los costos laborales totales, incluyendo cargas sociales, y preservar la rentabilidad. Si la demanda cae, como se espera en el 2009, la fuerza laboral necesaria para producir tendería a reducirse concomitantemente, a menos que se dieran incentivos.

Solo así se podría preservar la rentabilidad pues los patrones podrían mantener el mismo número de trabajadores, siempre y cuando el costo total de la fuerza laboral se reduzca. Si no, no tendrían ningún incentivo para hacerlo, y el desempleo aumentaría. El Poder Ejecutivo debería implementar las reformas a su alcance por la vía de decretos o reglamentos, y al Poder Legislativo corresponde aprobar las reformas necesarias a las leyes tributarias y laborales, aunque sea de manera temporal, mientras dura la emergencia. Sin embargo, algunas de ellas deberían aprobarse con carácter permanente.

Comparativamente, el factor trabajo es caro en Costa Rica. Uno de los rubros que más lo afecta son las cargas sociales. Y en las circunstancias que se avecinan podría resultar uno de los principales rubros a sacrificar. Para inducir a los patronos a mantener el empleo, debería modificarse la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social con el objeto de eliminar las contribuciones obligatorias para ciertos niveles mínimos, tanto del trabajador como del patrono, y restituir parte del salario real y el costo de la planilla. También se deberían eliminar las contribuciones al Banco Popular y reducirse considerable las del INA y las del IMAS, aunque sea temporalmente.

Igualmente debería modernizarse el Código de Trabajo para permitir una jornada laboral más flexible y lograr economías de escala al permitir a los patronos utilizar sus plantas a plena capacidad, con jornadas, por ejemplo, de 12 horas consecutivas durante varios días y con descansos posteriores más prolongados. Adicionalmente, se debería permitir a los patronos reducir la jornada semanal o mensual con la correspondiente disminución de los salarios totales para mantener el mismo número de trabajadores, pero con un salario promedio inferior. Todos ganarían menos, es cierto, pero la reducción se justificaría en aras de la solidaridad con los trabajadores que perderían sus empleos. Pero, para que estas reformas y otras similares sean efectivas, deben aprobarse con celeridad, habida cuenta de que la peor parte de la crisis se sentirá en los primeros dos cuatrimestres del 2009. Después, podría ser muy tarde.