Si bien es cierto, a los Diputados de la República la ley no les impide postularse al cargo de Defensor de los Habitantes, ese puesto, no se reservó exclusivamente para ellos. La inminente aspiración de congresistas, que se anunció en varios medios de comunicación, les concede una doble calidad en la competencia, pues además de elegibles, son electores.
Esto es, ni más o menos, una desventaja -cuando no desmotivación- para aquellos ciudadanos no diputados, que poseen legítimo interés de participar en la dirección de asuntos públicos del país y que deben tener acceso en condiciones generales de igualdad al proceso de selección.
También es cierto que los Diputados no están obligados a ser objetivos, provienen de partidos políticos que poseen una lógica visión parcializada de las relaciones sociales y más específicamente, una interpretación propia de la institucionalidad pública, sin embargo, reunidos los diputados, ya sea en plenario, ya sea en comisión, se constituyen en órgano público, que en cuanto a sus funciones administrativas, no se encuentra exento de cumplir -en esa condición- con los principios constitucionales del debido proceso.
Lo anterior lo digo porque las reglas para calificación, selección y elección del futuro Defensor de los Habitantes aprobadas por la Comisión de Nombramientos, no establecen, según mi criterio, un debido proceso para aquellos casos en que los aspirantes sean integrantes del propio órgano calificador, seleccionador y elector, o sea, diputados (as).
La imparcialidad y la objetividad son atributos jurídicos indispensables del debido proceso, “la virtud de los jueces”, es la actitud crítica y apartada de intereses indispensable, para que las decisiones del órgano no solo sean transparentes, sino creíbles, confiables y despojadas de cualquier prejuicio, lo contrario, es constituirse en juez y parte. El carácter de representante popular que envuelve a la figura del diputado, lejos de eximirle de actuar con transparencia en sus funciones y decisiones, es un imperativo, si de lo que se trata es, de fortalecer la democracia y la institucionalidad pública en momentos en que existen muchas dudas en el pueblo sobre la legitimidad del poder político.
Esto es, ni más o menos, una desventaja -cuando no desmotivación- para aquellos ciudadanos no diputados, que poseen legítimo interés de participar en la dirección de asuntos públicos del país y que deben tener acceso en condiciones generales de igualdad al proceso de selección.
También es cierto que los Diputados no están obligados a ser objetivos, provienen de partidos políticos que poseen una lógica visión parcializada de las relaciones sociales y más específicamente, una interpretación propia de la institucionalidad pública, sin embargo, reunidos los diputados, ya sea en plenario, ya sea en comisión, se constituyen en órgano público, que en cuanto a sus funciones administrativas, no se encuentra exento de cumplir -en esa condición- con los principios constitucionales del debido proceso.
Lo anterior lo digo porque las reglas para calificación, selección y elección del futuro Defensor de los Habitantes aprobadas por la Comisión de Nombramientos, no establecen, según mi criterio, un debido proceso para aquellos casos en que los aspirantes sean integrantes del propio órgano calificador, seleccionador y elector, o sea, diputados (as).
La imparcialidad y la objetividad son atributos jurídicos indispensables del debido proceso, “la virtud de los jueces”, es la actitud crítica y apartada de intereses indispensable, para que las decisiones del órgano no solo sean transparentes, sino creíbles, confiables y despojadas de cualquier prejuicio, lo contrario, es constituirse en juez y parte. El carácter de representante popular que envuelve a la figura del diputado, lejos de eximirle de actuar con transparencia en sus funciones y decisiones, es un imperativo, si de lo que se trata es, de fortalecer la democracia y la institucionalidad pública en momentos en que existen muchas dudas en el pueblo sobre la legitimidad del poder político.
1 comentarios:
A proposito de juez y parte hoy la nacion publico un escandalo politico en que esta envuelto daniel soler el defensor adjunto y la jefa de campaña de Johny Araya Jeanette Carrillo. Lastima porque soley parecia honesto asi que ya no hay en quien persignarse.
Victor Hugo Salgado
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