Victor Emilio Granados Calvo

• Ahora solo resta la inscripción formal del partido a escala nacional y la decisión sobre si irán solos o coaligados al proceso electoral de 2010

Luego de un año de organización territorial y de la conformación de las más de 450 asambleas distritales, de 81 cantonales y siete provinciales, el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) conformó su primera Asamblea Nacional. En esta, cerca del final de la sesión, varios asambleístas presentaron casi 2 mil firmas que solicitan a óscar López, diputado y figura más relevante de la agrupación, que se anime a presentar una candidatura para la Presidencia de la República, para enfrentar la campaña electoral de 2010. De acuerdo con el asambleísta Joaquín Porras, de Alajuela, quien presentó las firmas recolectadas junto con el también delegado Erick Chacón, las personas con discapacidad pueden representarse a ellos mismos y tomar sus propias decisiones, por lo cual aspiran incluso a tener su propio candidato. Porras recordó que es un porcentaje alto de personas con discapacidad las que existen en el país, y que en caso de llegar por lo menos dos o tres personas por provincia a un órgano como la Asamblea Legislativa, las cosas serían
diferentes.
Tiempo para pensar
Sin embargo, el congresista López no cedió ante las pretensiones de la Asamblea Nacional y pidió tiempo para tomar la decisión en el seno de su familia, luego de consultarlo con esposa e hijo y con la cabeza más fría. La decisión la anunciaría en algunos días, añadió. “Primero tendría que analizar lo que conviene al país, y luego reflexionar sobre lo que me pide la Asamblea, sentarme con la cabeza más fría y no con la emoción del momento”, acotó. Eso sí, el diputado consideró que en caso de proponer su nombre, les diría a todos: “Quítense que voy”, pues adujo que como discapacitado no conoce fronteras, y que el PASE sería como un tsunami azul. En conversación anterior con LA PRENSA LIBRE, López había dicho que por su parte lo seduce más la idea de una coalición partidaria, para entre todos los opositores derrocar a los neoliberales en el poder. Sin embargo, no han sonado los tambores de una coalición a pesar de que desde el año pasado varias agrupaciones estuvieron analizando la opción.
Mensaje de igualdad
Para Víctor Emilio Granados, secretario general del partido, la idea de ellos es reproducir un mensaje de igualdad en cada una de las provincias del país, indiferentemente de que algunos piensen que necesitan presentar un candidato presidencial y otros que no. Añadió que por ahora sigue la presentación de la solicitud formal de inscripción del partido a nivel nacional, para formalizar el mecanismo que tardaron un año en concluir. “El 90% de todas las asambleas fueron fiscalizadas por el TSE, lo cual ha evitado ya desde el primer momento cometer errores. Pienso que el trámite puede durar como un mes”, concluyó Granados.
Ampliación de agenda
En cuanto a la temática que hoy ocupa al PASE, diversas voces en la Asamblea, así como el propio López apuntaron hacia una mayor ambición y la extensión de los ejes. Destacó que han llegado a los taxistas, a la economía informal, a un ámbito más social, a jefas de hogar y agricultores, con lo cual han abierto el horizonte del partido. “Queremos llevar a las personas que puedan rescatar los principios y valores del humanismo, que es lo que hace falta en el país. El PASE puede tener gente incluso en el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo estas propuestas”, finalizó.
Un partido joven
Fundación: 21 de agosto de 2004
Bandera: color azul de la “accesibilidad”
Símbolos: hombre y mujer promedio, no videntes, persona con movilidad reducida, discapacitados, sordos, adultos mayores
Inscripción: 28 de mayo de 2006
Adhesiones 2006: 16 mil firmas
Votos 2006: 25.960
Lema: “Dele un PASE a Costa Rica”
Figuras relevantes: Óscar López, diputado
Fuente: Partido Accesibilidad Sin Exclusión

Es la primera convención sobre derechos humanos de este siglo y lejos de ser un instrumento jurídico más adquiere total relevancia por cuanto: 1) detalla los derechos, 2) eleva los derechos a rango constitucional en virtud de la aplicación del artículo 7 y 48 de la Constitución Política y 3) establece un código para su aplicación (protocolo facultativo) mediante la creación de un comité internacional que depende de la Secretaría General de la ONU, con capacidad de requerir a los Estados el cumplimiento de la Convención.
La Convención requerirá de toda una agenda de implementación legislativa, lo que implica la aprobación de nuevas leyes, la modificación de otras y la derogación de normas que se contraponen a su contenido.
La convención sintetizada.
Contiene 50 artículos y el protocolo facultativo es de 18. La Convención en sí promueve el derribo de estereotipos, percepciones y costumbres culturales que propician la discriminación.

Mujer y niños: por primera vez se resalta en este instrumento la situación de la mujer y de los niños con discapacidad como sujetos de doble discriminación, ya sea por los factores que impiden su desarrollo integral en razón del género o de las desventajas que conllevan la niñez de un discapacitado (explotación, abandono, ocultamiento)
Autonomía de la voluntad: la Convención invade un campo hasta ahora inédito en nuestra legislación nacional, el campo del respeto a la autonomía de la voluntad de la persona con discapacidad.
Hasta ahora el derecho de poseer, heredar propiedad, transmitirla, gozar de absoluta independencia en asuntos financieros, tener acceso a préstamos o a la vida comercial, ha sido vedado para este colectivo, en el tanto los códigos vigentes (Civil, Comercio y Familia) por su antigüedad en parte, no tomaron en cuenta este derecho.
Integridad física: la Convención reafirma y detalla que cualquier forma de agresión en contra de las personas con discapacidad es absolutamente prohibida, pero integra un elemento hasta ahora desprotegido por las leyes de la República: La prohibición de que se realicen experimentos biomédicos así como el concepto de “consentimiento informado” como derecho ineludible. Familia: se promueve el derecho de las personas con discapacidad a la sexualidad, a formar una familia, a constituir un hogar con clara evitación de cualquier inherencia arbitraria que le descalifique, para que individualmente se inserte en la vida familiar propia, y se respete su rol dentro de la familia de origen.
Barreras arquitectónicas: es indistintamente uno de los principales obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Las edificaciones públicas, aquellas destinadas a la realización de espectáculos públicos, las aceras y ausencia de rampas, sigue siendo en una nación estructuralmente desarrollada como la nuestra, el impedimento para la vida independiente, por lo que la Convención propone la identificación y eliminación de todas esas barreras.
Protección social: es uno de los pilares de nuestro Estado social de derecho y al menos así figura en la Carta Magna (artículo 50 y 51); pero, es ratificado por medio de la Convención. Las personas con discapacidad por su situación de desventaja social son en su mayoría personas en condición de pobreza. Garantizar el acceso a servicios básicos de salud, vivienda y pensiones debe ser el norte a que se obligan los Estados consignantes.
Acceso a la información: la información y su acceso es en general uno de los postulados de cualquier Estado que se precie de su sistema democrático. Especialmente el colectivo de no videntes y sordos son sistemáticamente discriminados en cuanto a su acceso a la información pública, por lo que, mediante los distintos sistemas de lecto escritura o lenguajes de señas, se obliga a los Estados parte a implementar aquellas medidas necesarias para garantizar el acceso de estas personas a la información.
Acceso a la educación: en términos generales los programas educativos regulares del Ministerio de Educación Pública deberán revisarse de cara a la Convención, deberá imponerse un papel más pro activo de la educación técnica por medio de entes como el INA y otorgar grado jurídico a las asociaciones que ofrecen educación alternativa para adultos con discapacidad.
Rehabilitación y habilitación: se exige la rehabilitación y habilitación, obviamente el acceso y la oportunidad de dichos servicios, lo que implica además altos estándares de salud para las personas con discapacidad.
Derecho al trabajo: es una de las preocupaciones más grandes del colectivo, más del 90% se encuentran desocupadas y por deformación cultural tradicionalmente se les ha considerado como personas improductivas o incapaces de trabajar. La Convención obliga a los Estados a facilitar y promover las oportunidades laborales para las personas con discapacidad.
Participación política, cultural y educativa: entendida como uno de los elementos de igualdad. Dicha participación debe de extenderse a las organizaciones de personas con discapacidad y para ellas, a las federaciones y confederaciones existentes. Habrá que revisar el papel de COINDIS (artículo 13 de la Ley N.º 7600) e impulsar un papel efectivo en la toma de decisiones institucionales del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.
De igual manera, revisar la participación en la toma de decisiones de otras instituciones como el Patronato Nacional de Ciegos y dentro de los propios partidos políticos.