Desde este espacio queremos denunciar que el gobierno de los hermanos Arias, nuevamente en total contradicción con su falso plan de Paz con la naturaleza, pretende ahora promover la explotación minera como una política de Estado. Probablemente debido a la derrota de Las Crucitas sufrida a manos de las organizaciones ambientalistas, sociales y comunales, el nuevo plan contra la naturaleza se enfoca en crear un Estado explotador de recursos e irresponsable con el futuro de las nuevas generaciones.
La prueba se encuentra contenida en el expediente legislativo N º 17.219 que es iniciativa del Poder Ejecutivo y trata sobre el crédito de 850 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestará para infraestructura vial. En la justificación de dicho proyecto, acápite 10.2 se lee entre otras cosas preocupantes lo siguiente:
“En virtud de que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y en el mar patrimonial, cualquiera que sea el origen, estado físico y naturaleza de las sustancias que contengan, precisará la explotación de las riquezas por sí mismo o por medio de organismo que dependan de este.”
Pero eso no es todo más adelante indican esas luminarias “Por lo anterior, justificado en los altos precios de los combustibles, es imprescindible ubicar fuentes de materiales para ser utilizadas en obras del sector transporte ....”
Finalmente en el acápite 10.1 se podrá colegir que la intención es “brincarse” la Ley Orgánica del Ambiental, literalmente dicen: “... estos se deberán de realizar en forma expedita para no demorar excesivamente en su resolución...” o así “Los retrasos en los trámites relacionados con la materia ambiental provocan que el país pierda competitividad internacional y causan que las inversiones extranjeras no quieran pasar por estos largos trámites...”
Quedan entonces al descubierto muchas cosas. Lo primero es que para el gobierno de los Arias el derecho a un ambiente sano y equilibrado no es mas que un “atraso” que afecta la competitividad e incomoda a los inversionistas extranjeros. ¡Pobrecitos! La Ley Orgánica del Ambiente es una especie de “estorbo” al desarrollo según los promotores del plan de Paz con la naturaleza. Lo segundo es que, sin explicar de qué manera lo harán, con bastante seguridad, burlarán los procedimientos y plazos establecidos en la Ley, pues aseguran que los trámites para el permiso de impacto ambiental, serán ágiles y dicha tramitología, no irá en contra de los intereses de los inversionistas, la competitividad y la necesidad de infraestructura. Finalmente queda claro que este nuevo atentado en contra del ambiente pretende que nuestro Estado sea un explotador directo de recursos.
Alerto a los luchadores ambientalistas y a quienes como yo, nos gusta leer la entrelínea, asegurar de qué forma y en qué plazo se realizarán los estudios de impacto ambiental de proyectos de infraestructura vial en el marco de este empréstito, es un irrespeto del gobierno para el imperio de la ley y para los legisladores independientes. Anteponer la urgencia de inversionistas a la realidad ambiental es mezquino y por demás humillante para la soberanía nacional. Promover un Estado explotador de recursos que da la espalda al verdadero sentir de la mayoría de los ciudadanos del país que creemos que si es posible el desarrollo en armonía con la naturaleza es, para variar, una nueva afrenta en contra de un pueblo que esta cansado de tanta mezquindad.
La prueba se encuentra contenida en el expediente legislativo N º 17.219 que es iniciativa del Poder Ejecutivo y trata sobre el crédito de 850 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestará para infraestructura vial. En la justificación de dicho proyecto, acápite 10.2 se lee entre otras cosas preocupantes lo siguiente:
“En virtud de que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y en el mar patrimonial, cualquiera que sea el origen, estado físico y naturaleza de las sustancias que contengan, precisará la explotación de las riquezas por sí mismo o por medio de organismo que dependan de este.”
Pero eso no es todo más adelante indican esas luminarias “Por lo anterior, justificado en los altos precios de los combustibles, es imprescindible ubicar fuentes de materiales para ser utilizadas en obras del sector transporte ....”
Finalmente en el acápite 10.1 se podrá colegir que la intención es “brincarse” la Ley Orgánica del Ambiental, literalmente dicen: “... estos se deberán de realizar en forma expedita para no demorar excesivamente en su resolución...” o así “Los retrasos en los trámites relacionados con la materia ambiental provocan que el país pierda competitividad internacional y causan que las inversiones extranjeras no quieran pasar por estos largos trámites...”
Quedan entonces al descubierto muchas cosas. Lo primero es que para el gobierno de los Arias el derecho a un ambiente sano y equilibrado no es mas que un “atraso” que afecta la competitividad e incomoda a los inversionistas extranjeros. ¡Pobrecitos! La Ley Orgánica del Ambiente es una especie de “estorbo” al desarrollo según los promotores del plan de Paz con la naturaleza. Lo segundo es que, sin explicar de qué manera lo harán, con bastante seguridad, burlarán los procedimientos y plazos establecidos en la Ley, pues aseguran que los trámites para el permiso de impacto ambiental, serán ágiles y dicha tramitología, no irá en contra de los intereses de los inversionistas, la competitividad y la necesidad de infraestructura. Finalmente queda claro que este nuevo atentado en contra del ambiente pretende que nuestro Estado sea un explotador directo de recursos.
Alerto a los luchadores ambientalistas y a quienes como yo, nos gusta leer la entrelínea, asegurar de qué forma y en qué plazo se realizarán los estudios de impacto ambiental de proyectos de infraestructura vial en el marco de este empréstito, es un irrespeto del gobierno para el imperio de la ley y para los legisladores independientes. Anteponer la urgencia de inversionistas a la realidad ambiental es mezquino y por demás humillante para la soberanía nacional. Promover un Estado explotador de recursos que da la espalda al verdadero sentir de la mayoría de los ciudadanos del país que creemos que si es posible el desarrollo en armonía con la naturaleza es, para variar, una nueva afrenta en contra de un pueblo que esta cansado de tanta mezquindad.
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