Nuevamente el país se alista para otro proceso electoral y lo que años atrás, era motivo de orgullo y fiesta nacional, se torna ahora en triste panorama, en restos de lo que fue emblema singular de un costarricense amante del voto y defensor de la democracia.
Los partidos políticos, sus representantes y las instituciones públicas del país, han perdido total legitimidad y credibilidad ante los ojos críticos de una mayoría de ciudadanos, a la que no le satisface el sistema político con justa razón.
Es por eso que desde hace diez años espera en las agobiantes entrañas legislativas, un proyecto de reforma integral al Código Electoral que posee normas que datan del año 1946. Si bien es cierto, dicha iniciativa no propone cambios extremos al sistema de elección-representación para muchos deseable, lo cierto es que podría oxigenar a una democracia en la que cada vez más impera el abstencionismo, la apatía y la desconfianza.
El nuevo código obliga a que todos los órganos internos de los partidos y sus papeletas sean integrados por un cincuenta por ciento de mujeres y otro tanto igual de varones en forma alternada, crea un Registro Electoral hasta ahora inexistente como Órgano de primera instancia en la dirección de los procesos electorales, establece reglas claras para la conformación de nuevos partidos, cuyos requisitos de inscripción se tornan amigables y razonables no solo con el principio democrático y participativo que impera en nuestra Constitución Política, sino además con las nuevas herramientas de comunicación social.
El código amplia el ámbito de autorregulación de los partidos y crea la figura de las coaliciones plenas, parciales y transitorias, regula el financiamiento de la elección de gobiernos locales, simplifica el procedimiento del pago de la deuda política la que además reduce, lo que solo en la próxima campaña de 2010 podría representar un ahorro de 13 mil millones de colones.
Además el nuevo código impide las contribuciones económicas de extranjeros, regula las de sujetos privados nacionales, establece controles y sanciones por incumplimientos a la ley, llena vacíos de una legislación anquilosada, se adapta a necesidades de este nuevo siglo implementando el voto electrónico y cumple con principios constitucionales hasta ahora violentados, como lo es el derecho al voto de los costarricenses residentes en el extranjero.
¿Quién puede oponerse entonces a una legislación que en general promete vigorizar y remozar la vida democrática de los costarricenses?
Ya lo dije en este mismo espacio de opinión de La Prensa Libre “ ... esos cambios sustanciales afectan a los propios reformistas –los partidos políticos – que constituidos en interesados directos evidencian su falta de voluntad.” (artículo “Las reformas electorales en su Laberinto” edición de 7 de junio de 2008). Esa falta de voluntad es ahora oposición directa de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario (ML) en las figuras de sus Presidentes, quienes se han manifestado en contra del nuevo código cuyo avance en la comisión especial legislativa es muy tímido para mi gusto.
Evidentemente el nuevo código en principio no le sirve, interesa o place a ciertos partidos que tienen privilegios consolidados a costillas de un electorado que les deja acceder al poder por inercia, evidentemente como cualquier otro instrumento jurídico, el código es perfectible y mejorable en el tiempo y de aprobarse requerirá ajustes para su implementación, pero negar o impedir su aprobación es un hecho reprochable sobre el que deberán de pedir cuentas todos los costarricenses.
Cuentas por el machismo de oponerse al acceso paritario de la mujer a los puestos públicos, cuentas claras por la negación a la democracia al impedir el voto de ticos en el extranjero, cuentas por el descaro no promover el ahorro de miles de millones de colones de la deuda política y cuentas por la sospechosa actitud de no permitir que exista legislación clara sobre los aportes privados a las campañas políticas.
Los partidos políticos, sus representantes y las instituciones públicas del país, han perdido total legitimidad y credibilidad ante los ojos críticos de una mayoría de ciudadanos, a la que no le satisface el sistema político con justa razón.
Es por eso que desde hace diez años espera en las agobiantes entrañas legislativas, un proyecto de reforma integral al Código Electoral que posee normas que datan del año 1946. Si bien es cierto, dicha iniciativa no propone cambios extremos al sistema de elección-representación para muchos deseable, lo cierto es que podría oxigenar a una democracia en la que cada vez más impera el abstencionismo, la apatía y la desconfianza.
El nuevo código obliga a que todos los órganos internos de los partidos y sus papeletas sean integrados por un cincuenta por ciento de mujeres y otro tanto igual de varones en forma alternada, crea un Registro Electoral hasta ahora inexistente como Órgano de primera instancia en la dirección de los procesos electorales, establece reglas claras para la conformación de nuevos partidos, cuyos requisitos de inscripción se tornan amigables y razonables no solo con el principio democrático y participativo que impera en nuestra Constitución Política, sino además con las nuevas herramientas de comunicación social.
El código amplia el ámbito de autorregulación de los partidos y crea la figura de las coaliciones plenas, parciales y transitorias, regula el financiamiento de la elección de gobiernos locales, simplifica el procedimiento del pago de la deuda política la que además reduce, lo que solo en la próxima campaña de 2010 podría representar un ahorro de 13 mil millones de colones.
Además el nuevo código impide las contribuciones económicas de extranjeros, regula las de sujetos privados nacionales, establece controles y sanciones por incumplimientos a la ley, llena vacíos de una legislación anquilosada, se adapta a necesidades de este nuevo siglo implementando el voto electrónico y cumple con principios constitucionales hasta ahora violentados, como lo es el derecho al voto de los costarricenses residentes en el extranjero.
¿Quién puede oponerse entonces a una legislación que en general promete vigorizar y remozar la vida democrática de los costarricenses?
Ya lo dije en este mismo espacio de opinión de La Prensa Libre “ ... esos cambios sustanciales afectan a los propios reformistas –los partidos políticos – que constituidos en interesados directos evidencian su falta de voluntad.” (artículo “Las reformas electorales en su Laberinto” edición de 7 de junio de 2008). Esa falta de voluntad es ahora oposición directa de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario (ML) en las figuras de sus Presidentes, quienes se han manifestado en contra del nuevo código cuyo avance en la comisión especial legislativa es muy tímido para mi gusto.
Evidentemente el nuevo código en principio no le sirve, interesa o place a ciertos partidos que tienen privilegios consolidados a costillas de un electorado que les deja acceder al poder por inercia, evidentemente como cualquier otro instrumento jurídico, el código es perfectible y mejorable en el tiempo y de aprobarse requerirá ajustes para su implementación, pero negar o impedir su aprobación es un hecho reprochable sobre el que deberán de pedir cuentas todos los costarricenses.
Cuentas por el machismo de oponerse al acceso paritario de la mujer a los puestos públicos, cuentas claras por la negación a la democracia al impedir el voto de ticos en el extranjero, cuentas por el descaro no promover el ahorro de miles de millones de colones de la deuda política y cuentas por la sospechosa actitud de no permitir que exista legislación clara sobre los aportes privados a las campañas políticas.
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