Victor Emilio Granados Calvo

Gracias, señora Presidenta en ejercicio; buenas tardes a las y a los compañeros diputados, a los costarricenses que siguen estas transmisiones, estas transmisiones de la discusión parlamentaria.

Este fin de semana, me topé a un costarricense que me pidió ¿que le explicara qué es lo que estaba pasando en el Parlamento? porque él no entendía todo este tema de la discusión del agua. Básicamente, de la manera más didáctica que pude, le dije que el inciso 121 de la Constitución… perdón, el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, establece cuáles bienes pertenecen a la nación y no pueden salir definitivamente de su dominio, y que existía una reforma a la Constitución Política, que, durante ocho años, discutió la posibilidad de incluir al agua como uno de estos bienes.

Nosotros, en el PASE, a diferencia de lo que explicaba el diputado Francisco Chacón, que me antecedió en el uso de la palabra, sí creemos que es importante concluir con esta reforma legislativa y establecer, tal y como está en el inciso 14) del artículo 121, el agua como un bien público, que no podrá salir del dominio del Estado; esto, por cuanto, como sabemos, no implica, como se viene aduciendo, que cada concesión, en la cual se vaya a utilizar agua, tenga que venir aquí a la Asamblea Legislativa.

El tema está muy claro, de hecho el subinciso c) del inciso 14) del artículo 121 establece como otro de los bienes enajenables, que no pueden salir del dominio del Estado, los servicios inalámbricos. Bueno, sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 8642, que es la Ley general de telecomunicaciones. Esta es una de las leyes de implementación del Tratado de libre comercio, que, por lo menos, nosotros recordamos con ingrata memoria, y esta ley establece un procedimiento para otorgar las concesiones para el uso y la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Allí está, del artículo 11 en adelante, incluso, si se leen los objetivos de esa ley, el objeto, el ámbito de la aplicación, la forma en que se concesionan todas las frecuencias, pues, llegamos a la conclusión de que ninguno de los servicios inalámbricos que establece la Constitución Política tendrán que venir, tendrán que venir jamás aquí a la Asamblea Legislativa.

Es decir, lo que se aduce como temor en cuanto a que va a ser un trámite excesivamente engorroso, en cuanto a que todo va a tener que venir a la Asamblea Legislativa, no tiene ningún sustento; de hecho, también hablaba el diputado Chacón de la posibilidad de aprobar un transitorio.

A nosotros nos parece que, precisamente, una moción presentada por la diputada Espinoza Espinoza, del Partido Liberación Nacional, es una buena solución que viene a aclarar que no existe peligro alguno de entrabamiento, tal y como lo suponen algunas y algunos legisladores. Textualmente dice la propuesta de la diputada Espinoza: "Todas las leyes vigentes referentes a la regulación del recurso hídrico, que establezcan un régimen administrativo y/o funcional, así como de concesión o permiso de uso del aprovechamiento y todo tipo de abastecimiento de agua continuarán vigentes, sin perjuicio del alcance de esta reforma constitucional, hasta que se promulgue la ley o leyes especiales que las reemplacen, de manera que no se afecten los derechos legados adquiridos de personas físicas, jurídicas y de los entes del Estado."

¿Qué más claro puede haber que esto? ¿Por qué no pasamos a aprobar la reforma constitucional con este transitorio y así desahogamos una discusión que está tomando muchas aristas? Bueno, yo siento que cualquier reforma que quieran proponer las y los legisladores a otros artículos constitucionales ni siquiera excluyen lo que se vaya a hacer en el 121.

Entiendo que ya hay tres versiones de reforma al artículo 50 de la Constitución Política: una versión que está promoviendo la compañera Mireya Zamora; otra versión que entiendo está promoviendo la diputada Viviana Martín; hay una moción para crear un artículo 50 bis, que estamos trabajando los compañeros del PASE, junto con el compañero del Frente Amplio, también hay una propuesta para reformar el artículo 21 de la Constitución Política, que es del diputado Fishman Zonzinski y de los compañeros del Partido Unidad Social Cristiana, y si notamos todas son muy buenas, todas son excelentes, es más, en algunos casos podríamos hasta concluir que ni siquiera son excluyentes entre sí, o que no son excluyentes respecto de lo que se pretende aprobar en el artículo 121 de la Constitución Política.

Todas las fracciones legislativas hemos manifestado gran interés en promover, ya sea esta reforma al 121 o en promover cualquier otra reforma que venga a establecer el agua como derecho humano.

Yo siento que no es ninguna casualidad que la diputada Espinoza presentara ese transitorio, que nosotros estamos avalando como salida para que aprobemos esta reforma, y lo digo así porque en la declaración de la reunión estratégica de mujeres, en el marco del IV Foro Mundial del Agua en ciudad de México, en el año 2006, se dice que la mujer es quien lleva la batuta, la responsabilidad histórica de sacar adelante a la humanidad respecto de sus necesidades del agua.

Valga decir que por más de treinta años, las conferencias y las asambleas de la Organización de las Naciones Unidas reconocen que el manejo sostenible del recurso hídrico solo es efectivo cuando se involucran las mujeres en todos los niveles de los procesos de toma de decisión e implementación de acciones afirmativas.

Y esto, la verdad es que yo lo concluyo también desde mi perspectiva personal, yo crecí en un auténtico matriarcado, mi madre, mi tía, mi abuela y las amigas de mi madre, de mi tía y de mi abuela son las mujeres que me educaron y las mujeres son, definitivamente, más organizadas, más responsables, más preocupadas del ahorro, esto que digo lo complementa también el Convenio de Dublín de 1992, en que se concluyó que las mujeres juegan un eje central en la provisión, manejo y salvaguarda del agua, o en la treceava sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible que recomienda involucrar a todos los actores, pero, especialmente, de manera privilegiada, a las mujeres en la toma de decisiones que tengan que ver con el resguardo del recurso hídrico.

De modo tal que, por eso decía, diputada Espinoza, que no era ninguna casualidad que usted asuma un papel protagónico y que nosotros señalemos que el transitorio que usted propone al proyecto de ley de reforma constitucional en cuestión, es la salida que va a darle tranquilidad a aquella o aquellos legisladores que consideran que esta reforma puede resultar ser una suerte de entrabamientos y demás, que como ya hemos dicho también desde el principio, no es del todo cierto, porque ya lo vemos con el tema de la red inalámbrica.

Por otro lado, decimos esto, decimos que esta es nuestra posición, sin desmérito de que vamos a apoyar algunas de las propuestas, también, que ya se están elaborando de reforma constitucional, especialmente la que refería, estamos apoyando, junto con el compañero Villalta Florez-Estrada, del Frente Amplio, y que iría orientada a la creación de un artículo 50 bis constitucional, que establezca que el agua es un bien de dominio público esencial para la vida, y que toda persona tiene derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento de acuerdo con las condiciones que establezca la ley.

Es evidente, señoras y señores diputados, y es evidente, costarricenses, que el derecho internacional considera el agua ya como un derecho humano, porque así lo admite, por ejemplo, el quinteavo, perdón, quinceavo comentario de las Naciones Unidas sobre el pacto internacional de derechos sociales y culturales del año 1966. En ese comentario se recomienda que los gobiernos implementen medidas que aseguren su aprovisionamiento, el del agua, que los servicios de agua no se incluyan en organizaciones mundiales del comercio y de acuerdos comerciales mercantiles de carácter internacional.

Esta posición, respecto del agua, en el contexto jurídico internacional, en el derecho internacional, la percepción que ya se tiene en la actualidad como un recurso agotable, en el caso mío no es así, en el caso de muchas y de muchos diputados que son más jóvenes, en el caso mío era casi que… había que aprendérselo de memoria, así lo pedía la maestra en la Escuela Juan Rudín, bueno, el agua es un recurso inagotable, eso nos decían, ya sabemos que no es cierto, ya sabemos que es un recurso que se agota, ya sabemos que hay personajes mundiales como Al Gore, por ejemplo, con su Verdad Incómoda, Premio Nobel de la Paz, bueno, que demostró en su película, en su documental que no solo el agua es un recurso que se agota, sino que se está agotando de manera realmente preocupante.

Esta responsabilidad que asumimos, las y los legisladores, creo que debe de encadenarse con el hecho de que esta reforma tiene cerca o más de ocho años de ser discutida en esta Asamblea Legislativa.

A lo mejor, no se trata de que todo lo que se discuta durante años tengamos que aprobarlo, porque en esa situación se encuentran muchísimos otros proyectos de ley que han sido presentados a la corriente legislativa y que andan dando vueltas durante años. Se trata de la importancia de que la Carta Magna sí se puede o sí se debe tocar, cuando se trata de mejorarla en estos términos.

Con esto lo que quiero explicar es que el constituyente, en el año 1949, estableció un modelo rígido de Constitución Política, una rigidez que, precisamente, hace que el procedimiento para reformarla sea un procedimiento gravoso, sea un procedimiento difícil. Desde luego que esta rigidez constitucional responde a una época y a un contexto histórico totalmente distinto, en la primera mitad del siglo XIX lo más común, y no tanto en Costa Rica como en el resto de la América Latina, era que el dictador de turno votara la constitución vigente para promover la que conviniera a sus intereses.

Bueno, por eso cuando viene todo el proceso de la constituyente de 1949 y, además, existe toda esa conciencia histórica, bueno, se establece una absoluta rigidez para la transformación de la Constitución.

Decíamos, entonces, que esa rigidez que se establece en el 49, bueno, lo que busca, de acuerdo con esa experiencia histórica, es, precisamente, que en el caso costarricense los gobiernos de turno, las mayorías parlamentarias de turno, pues, no tengan la facilidad de estar transformando la Constitución de la noche a la mañana y acomodándola a los intereses de ese gobierno, sin embargo, los tiempos han cambiado, ya sabemos que nos insertamos, algunos dirán desdichadamente, en este modelo globalizado, y la Constitución requiere cambios y este es un cambio importantísimo, dada la ubicación geográfica de Costa Rica, dado su sistema de microclimas y la riqueza que encierra el bosque tropical húmedo, año tras año caen millones de litros cúbicos por metro cuadrado en el país, por lo cual se ha convertido el recurso hídrico en una importante fuente de riqueza natural que todavía no hemos cuantificado los costarricenses y cuya magnitud ignoramos.

Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el agua embotellada, es un negocio tan lucrativo en el mundo, y no voy, con ello, a entrar a calificar si está bien o está mal, porque no se trata de eso, que, por ejemplo, grandes transnacionales en Estados Unidos, Europa y América Latina están prefiriendo vender agua embotellada a frescos endulzados o gaseosos que implican mayor inversión; solo en México, por ejemplo, se calcula que se vendieron dieciocho millones de litros de agua el año pasado y el crecimiento, en general, en América Latina la industria del agua embotellada fue de casi un quince por ciento, o sea, una de las industrias que está creciendo más altamente, poderosas compañías transnacionales tales como Nestlé, Danone, e incluso, reconocidas marcas envasadoras de refrescos, vamos a omitir los nombres, están en estos momentos optando por consolidar su posición en el mercado con productos que son de agua embotellada por sobre los productos endulzados.

En conclusión, es un lucrativo negocio, se extiende a los productores y abastecedores de equipo y de tratamiento de agua, a la venta de galones y al deseo de muchos consumidores que buscan mejorar, incluso, el consumo de un agua que, se supone, es preferible a la entubada.

Bueno, precisamente por esa razón, recuerdo que en el cuatrienio pasado el PASE, a través de su diputado Óscar López, había presentado un proyecto de ley que buscaba modificar la Ley Orgánica del Instituto de Acueductos y Alcantarillados para permitirle a esta institución costarricense meterse en el negocio del agua embotellada, si es tan lucrativo, en efecto, si provoca tan buenos réditos, tan buenas ganancias, bueno, nosotros partíamos de que esta institución debía participar de ese mercado, ese proyecto fue archivado desdichadamente y sentimos que debería ser analizado por las nuevas autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, porque se trata, repetimos, de una actividad sumamente lucrativa en el planeta.

No terminé de contar el cuento del costarricense que me preguntaba que qué es lo que estaba pasando en la Asamblea Legislativa, después de que le conté que se trataba de una reforma a un artículo, a un inciso, a un subinciso, me dice: "pero, ¿qué es lo que pasa que ahí se entraban tanto las cosas?, lo que usted me dice no es malo, lo que usted me dice suena bien, pero por qué no quieren o sí quieren."

Bueno, nosotros, en el PASE, tenemos un discurso muy responsable siempre, nunca ponemos las cosas en términos de bueno o malo, no nos interesa ni calificar ni descalificar a ninguna fracción política aquí representada, ya sea por sus ideas, ya sea por sus posiciones, pero sí me vi en la obligación de explicarle a ese costarricense que, en el fondo, subyace en la discusión de esta reforma legislativa dos discusiones distintas. Una tiene que ver con el modelo económico, aquí hay grupos políticos que clamamos por un modelo económico de mayor regulación, por un Estado que recupere su capacidad de intervenir en la actividad económica y hay grupos políticos, bueno, que claman por lo completamente distinto, por un Estado que cada vez intervenga menos en la activada económica y por un Estado que cada vez deje más a las llamadas fuerzas de la oferta y la demanda, decisiones que tienen que ver, por ejemplo, como las que se ocupan en esta reforma, esa es una de las discusiones que subyace por debajo de esta reforma constitucional.

Bueno, y la otra, la que ha salido a flote, es que todos tenemos, como resulta lógico, visiones muy distintas de cómo proponer las cosas, indicaba que existen al menos en estos momentos dos o tres versiones de reforma al artículo 50 constitucional, que existe una posición que nosotros respaldamos de que sigamos adelante con la reforma al 121 de la Constitución Política y aprobemos el transitorio propuesto por la diputada Espinoza y ahora también hay una versión bastante buena, hay que decirlo, de los compañeros socialcristianos de reformar el artículo 21 de la Constitución Política en los términos que me permito leer, abro comillas: “La vida humana es inviolable, toda persona tiene derecho a la salud y acceder al agua de forma suficiente, segura, física y económicamente asequible y en condiciones de calidad adecuadas para el consumo humano, tanto para uso personal como doméstico. El Estado deberá garantizar la gestión sostenible y equilibrada de recursos hídricos. "

Se trata, también, de una reforma que, incluso desde nuestra perspectiva, no excluye lo que podamos hacer en el artículo 121 de la Constitución Política. Bueno, entonces lo que ocurre, le decía yo a los costarricenses, es que cuando se dan discusiones de este tipo lo que afloran son las diferencias de pensamiento, no solo de pensamiento en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo de los proyectos, en cómo debemos de tramitarlos.

Y esto también pone de manifiesto otra realidad que es importante que conozcan los costarricenses, y es que la legislación es una construcción social, y con esto lo que quiero decir es que si este órgano legislativo tuviese la capacidad de aprobar las propuestas, el impulso a las propuestas de las y los legisladores, tal como ingresan, a lo mejor, a la corriente legislativa, eso sería bastante iluso. Lo que ocurre es que los proyectos no solo dependen de los caprichos, de la ideología del pensamiento de las y los diputados, en la realidad y en la práctica esa construcción social nos indica que tenemos que tomar en cuenta a los distintos actores sociales, y hoy más que nunca, especialmente decimos nosotros, en el PASE, a las organizaciones no gubernamentales. En este caso a las organizaciones de ambientalistas, quienes desde campos de lucha comunales diversos, quienes usando de su tiempo, de sus propios recursos están impulsando verdaderos cambios en la concepción que tenemos del medio ambiente.

El desarrollo económico, que a veces pareciera es el único norte que persiguen algunas personas, tiene que guardar un equilibrio con otras formas de desarrollo, con el desarrollo social y con el desarrollo del medio ambiente.

De qué sirven, decíamos cuando aprobábamos uno de los créditos, si no me equivoco el de Chilamate, o si no fue el del BID, ya hemos aprobado tres en este Congreso, de qué sirven esas grandes infraestructuras y esas grandes carreteras si hay un sector del pueblo deprimido, hay un sector pobre que no puede tener acceso y disfrute de esos…