LA ALIANZA REGIONAL POR LA LIBRE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN MANIFIESTA LA NECESIDAD DE IMPULSAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA
La Alianza Regional integrada por 21 organizaciones no gubernamentales de 17 países de las Américas especializadas en temas de libertad de expresión y acceso a la información pública manifiesta que el ejercicio pleno de la libertad de expresión es fundamental en la democracia para su consolidación, funcionamiento y preservación y considera:
• Que la jurisprudencia interamericana ha caracterizado la libertad de pensamiento y expresión como un derecho en dos dimensiones: una individual consistente en el derecho de cada persona a expresar sus pensamientos, ideas e informaciones y una colectiva consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenas y a estar bien informada.
• Que el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión plantea “que las leyes de privacidad no deben prohibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”, por lo que es fundamental que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
• Que es necesario fortalecer la labor del comunicador/a para que cuando difunda noticias y en caso de ser querellado/a, el acusador debe probar que éste tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Esto con el fin de descriminalizar el ejercicio del periodismo y fortalecer el derecho colectivo de la sociedad de conocer todas las informaciones de interés público.
• La Alianza Regional en la “Declaración de San Salvador”, del pasado 3 de junio, presentada ante la Asamblea General de la OEA, instó a derogar o enmendar las leyes que tipifican como delito el desacato, la difamación, la injuria y la calumnia. Así como también, exhortó a exonerar de cualquier sanción penal las manifestaciones de aquellas informaciones y opiniones de interés público, tomando como referencia lo establecido en el caso Kimel vs. Argentina y los anteriores fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.
Por lo tanto, solicita:
1- A los diputados costarricenses y partidos políticos para que discutan, analicen e incorporen estos planteamientos fundamentales en la legislación costarricense para cumplir con los estándares promovidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
2- Hacer un llamado al gobierno de la República de Costa Rica, a las organizaciones, medios de comunicación y sociedad civil para que impulsen estas reformas con el fin de fortalecer la democracia costarricense.
3- Tener en consideración la reciente Resolución aprobada por la Asamblea General (CP/CAJP- 5211/11) sobre “Libertad de Pensamiento y Expresión y la importancia de los medios de comunicación”, que invitan a los Estados Miembros a considerar las recomendaciones de la Relatoría Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión e instar a que tomen todas las medidas necesarias para evitar las violaciones al derecho de libertad de pensamiento y expresión y a que creen las condiciones necesarias con tal propósito.
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
La Alianza Regional integrada por 21 organizaciones no gubernamentales de 17 países de las Américas especializadas en temas de libertad de expresión y acceso a la información pública manifiesta que el ejercicio pleno de la libertad de expresión es fundamental en la democracia para su consolidación, funcionamiento y preservación y considera:
• Que la jurisprudencia interamericana ha caracterizado la libertad de pensamiento y expresión como un derecho en dos dimensiones: una individual consistente en el derecho de cada persona a expresar sus pensamientos, ideas e informaciones y una colectiva consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenas y a estar bien informada.
• Que el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión plantea “que las leyes de privacidad no deben prohibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”, por lo que es fundamental que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
• Que es necesario fortalecer la labor del comunicador/a para que cuando difunda noticias y en caso de ser querellado/a, el acusador debe probar que éste tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Esto con el fin de descriminalizar el ejercicio del periodismo y fortalecer el derecho colectivo de la sociedad de conocer todas las informaciones de interés público.
• La Alianza Regional en la “Declaración de San Salvador”, del pasado 3 de junio, presentada ante la Asamblea General de la OEA, instó a derogar o enmendar las leyes que tipifican como delito el desacato, la difamación, la injuria y la calumnia. Así como también, exhortó a exonerar de cualquier sanción penal las manifestaciones de aquellas informaciones y opiniones de interés público, tomando como referencia lo establecido en el caso Kimel vs. Argentina y los anteriores fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.
Por lo tanto, solicita:
1- A los diputados costarricenses y partidos políticos para que discutan, analicen e incorporen estos planteamientos fundamentales en la legislación costarricense para cumplir con los estándares promovidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
2- Hacer un llamado al gobierno de la República de Costa Rica, a las organizaciones, medios de comunicación y sociedad civil para que impulsen estas reformas con el fin de fortalecer la democracia costarricense.
3- Tener en consideración la reciente Resolución aprobada por la Asamblea General (CP/CAJP- 5211/11) sobre “Libertad de Pensamiento y Expresión y la importancia de los medios de comunicación”, que invitan a los Estados Miembros a considerar las recomendaciones de la Relatoría Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión e instar a que tomen todas las medidas necesarias para evitar las violaciones al derecho de libertad de pensamiento y expresión y a que creen las condiciones necesarias con tal propósito.
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
ORGANIZACIONES:
1. Acción Ciudadana (AC), Guatemala
2. Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), El Salvador
3. Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Bolivia
4. Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina
5. Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO), Uruguay
6. Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras
7. Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Panamá
8. Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), Honduras
9. Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Estados Unidos
10. Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia
11. Fundación Pro Acceso, Chile,
12. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), El Salvador,
13. Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Nicaragua
14. Fundamedios, Ecuador
15. Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Paraguay
16. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Costa Rica
17. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Perú
18. Participación Ciudadana (PC), República Dominicana
19. Transparencia por Colombia, Colombia
20. Transparencia Venezuela, Venezuela,
21. Trust for the Americas (OEA), Estados Unidos
Se adhiere el:
Colegio de Periodistas de Costa Rica.
1. Acción Ciudadana (AC), Guatemala
2. Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), El Salvador
3. Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Bolivia
4. Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina
5. Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO), Uruguay
6. Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras
7. Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Panamá
8. Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), Honduras
9. Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Estados Unidos
10. Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia
11. Fundación Pro Acceso, Chile,
12. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), El Salvador,
13. Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Nicaragua
14. Fundamedios, Ecuador
15. Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Paraguay
16. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Costa Rica
17. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Perú
18. Participación Ciudadana (PC), República Dominicana
19. Transparencia por Colombia, Colombia
20. Transparencia Venezuela, Venezuela,
21. Trust for the Americas (OEA), Estados Unidos
Se adhiere el:
Colegio de Periodistas de Costa Rica.
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