Victor Emilio Granados Calvo

Esteban A. Mata emata@nacion.com 11:19 a.m. 27/05/2011

El proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa retoma fuerza en el Congreso. Luego de estar atorado casi seis años, el plan aparece ahora en el puesto número seis de las prioridades del plenario.

Con el proyecto se pretende aclarar el marco jurídico en el que se desempeñan los periodistas en el país.

El proyecto tiene el expediente 17.975 y establece un marco legal para los informadores en el país.

Actualmente, los medios de comunicación se rigen por la Ley de Imprenta, vigente desde 1902, y por las sanciones de delitos contra el honor del Código Penal.

El plan propone una serie de reformas a las dos leyes citadas, de manera que se clarifique el terreno legal en el que se mueven los medios y los periodistas en el país.

El impulso al plan se lo dio el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), que lo propuso como su prioridad entre los expedientes cercanos al proceso de votación.

El proyecto está en el plenario desde el 11 de agosto del 2005. En aquel momento contó con el apoyo diputados de Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario y Liberación Nacional (PLN).

Por el PLN, los entonces diputados que lo impulsaron fueron la hoy presidenta de la República, Laura Chinchilla, y el hoy ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.

Ahora, el jefe de fracción del PLN, Luis Gerardo Villanueva, considera que es necesaria la discusión de la iniciativa de ley, y señala que el debate debe abrirse, en vista de la necesidad de que el país ratifique su compromiso con la libertad de expresión.

Definición. Para el presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Raúl Silesky, es necesario que la clase política defina si avala o no el marco de ley, y no retrase más la votación del expediente en discusión.

Por su parte, Alejandro Delgado, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), indicó que, de aprobarse el texto, se lograría que “el país se ajuste a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.


El proyecto de ley plantea cambios al Código Penal, directamente sobre los delitos contra el honor señalados en los artículos 145, 146 y 147, que se refieren a injuria, difamación y calumnia, respectivamente.


Si bien establece sanciones de tipo penal a través de condenas vía multa, la propuesta establece los límites para tipificar los delitos, de manera que los jueces puedan interpretar si media o no un “temerario desprecio a la verdad”.


Además, promueve cambios a las excepciones de aplicación de las penas por los delitos de injuria, calumnia y difamación, de manera tal que no se condene a los comunicadores que, en busca del interés público, reproduzcan informaciones o declaraciones de otros medios nacionales o extranjeros, siempre que se indique la fuente.

También modifica el artículo 155 del Código Penal, para determinar proporcionalidad al hacer una publicación “reparatoria”.

Otro cambio al Código es la protección al secreto de la fuente, al reformar el artículo 204. Finalmente, establece la denominada “cláusula de conciencia”, que protege a los periodistas ante la posibilidad de ser obligados a realizar trabajos que vayan contra su conciencia.