Victor Emilio Granados Calvo

A pesar de que China será golpeada como tantas otras economías del mundo por causa de la crisis desatada en Wall Street, la expectativa es que su crecimiento económico llegue en este año 2009 a un envidiable 7%.
La intervención del Estado en la economía es la clave del éxito. Cuando se asomaba el desplome inmobiliario en los Estados Unidos el Estado Chino ordenó a los bancos disminuir la oferta de préstamos a un tiempo que incrementaban el gasto público y promovían recortes en las tasas de interés. Deliberadamente ha mantenido el valor de su moneda por debajo del real para generar mayores ingresos por exportaciones y a pesar de que desde la década de los años noventa del siglo pasado inició un proceso de economía de mercado, sectores estratégicos, importantes y claves como el de telecomunicaciones, energía, servicios públicos y servicios financieros, están bajo el total y absoluto control Estatal, incluida la transnacional Huawei que ya ronda por los patios de nuestro alicaído ICE.
China ha logrado una perfecta combinación entre Estado empresario y un creciente y pujante sector privado que se calcula que controla un 50% de la economía y hasta un 70% si se toma en cuenta a aquellas empresas estatales que operan como privadas.
Cerca del 60% del PIB y el 66% de nuevos empleos provienen de ese sector, pero, sin que el Estado desmantele su participación y gestión en la industria nacional.
El capitalismo Chino se evitó todo el caos y desorden que resultó del proceso de desregulación de la Unión Soviética y otras naciones socialistas que adoptaron el libre mercado, porque no cayeron en el cuento de la mano invisible y es el Estado quien fija precios, interviene en la bolsa de valores, controla los principales bancos y las políticas crediticias o limita las inversiones extranjeras.
Hay muchas cosas que no acepto y no comparto respecto de los chinos, especialmente aquellas que claramente atentan en contra de los derechos humanos y evitan cualquier asomo de pluralismo y democracia en esas tierras, por eso este artículo invita a que aprendamos las lecciones económicas de esa nación.
Siento que los costarricenses debemos de volver nuestra mirada a los años setenta, a un ideal de Estado que podía satisfacer las necesidades de todos, a un Estado que no le temía a ser empresario, que realizaba inversión pública, que generaba empleo; y siendo que es posible combinar ese tipo de Estado ideal con el sector productivo privado que también requiere de definiciones y de decisiones que le otorguen estabilidad y seguridad.
Me voy a permitir cerrar mi artículo con palabras del ex presidente Daniel Oduber. Por irónico que suene fueron editadas en el año 1980 y poseen en este nuevo siglo una actualidad que nos debe preocupar mucho a todos, se encuentran contenidas en una pequeña obra intitulada “Evitemos que nos devuelvan un país en escombros” y hoy las hago mías para concluir que:
“La ineptitud manifiesta, las decisiones inoportunas, las medidas contradictorias, la falta de visión en las metas y coordinación en las acciones, la inmadurez y la inexperiencia en la administración pública, la irresponsabilidad en la conducción de los asuntos de interés nacional y la arrogancia en el ejercicio del poder de este gobierno, han deteriorado y debilitado nuestra economía hasta el punto de hacer peligrar ya no solo la recuperación económica, sino también las instituciones, los valores democráticos y la justicia social de nuestro país.”

1.- Frente a la crisis internacional que agobia a muchos hogares costarricenses, el partido PASE consciente de su responsabilidad histórica, ratifica que adoptará y apoyará todas aquellas iniciativas emanadas del Gobierno Central o la Asamblea Legislativa, que resguarden el empleo y el patrimonio de los trabajadores, la estabilidad de la familia y su acceso a los servicios básicos de salud, educación y seguridad, así como la productividad del país y el fortalecimiento de nuestro sistema financiero nacional.

2.- Increpamos la tardanza con la que el Gobierno de la República ha anunciado su “Plan Escudo” y acusamos al mismo de exiguo, por no estructurar medidas con capacidad suficiente para estimular la reactivación de buena parte del aparato productivo nacional que ya ha sufrido los impactos de la crisis.

3.- En lo pertinente a los cuatro pilares en los que sustenta el plan (familia, trabajadores, empresas y sector financiero) y las medidas adoptadas en el Sector Público hacemos las siguientes observaciones:

a) Familia: aplaudimos el anunciado aumento de un 15 % (quince por ciento) en el monto de pensiones no contributivos de la Caja Costarricense de Seguro Social; el aumento en el número de beneficiarios del programa AVANCEMOS, así como el inicio del proyecto piloto que pretende entregar “loncheras” de alimentos a 16 mil familias. Instamos al Gobierno de la República para que dichos beneficios no sean objeto de abuso político partidista, humillantes filas o trámites engorrosos con requisitos exacerbados.

Resulta sorprendente el anuncio de medidas destinadas a paliar los efectos de la crisis en la clase media costarricense, pues la reducción temporal sugerida en las tasas de interés en un 2% (dos por ciento), así como los arreglos de pago con bancos públicos, son medidas que no garantizan la ejecución de garantías hipotecarias frente a la variación en la tasa básica pasiva o fluctuación del dólar. Además, desconoce el plan que un elevado porcentaje de trabajadoras y trabajadores posee crédito en la banca privada cuya reducción del 2% (dos por ciento) no les alcanza. Ante esa realidad el PASE propone: crear un plan con participación del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para compra total o parcial de saldos de préstamos hipotecarios de clase media en peligro de morosidad, cuyos recursos se financiarán con el 10% (diez por ciento) del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) de los próximos tres años. Dichas instituciones públicas encargadas del sector vivienda serán co-deudoras de clientes de los bancos públicos y privados, garantizarán sus operaciones mediante hipotecas de segundo grado y otorgarán financiamiento con tasas de interés fijas que se recuperarán en plazos de 20 ó 30 años.

b) Impulso a empresas: nos parecen insuficientes las medidas anunciadas y denotan una evidente falta de atención del Gobierno de la República en el eje central de la crisis, la desactivación del aparato productivo nacional. La anunciada depreciación acelerada de activos que solo se aplicará en 2009 y 2010, debe enmarcarse dentro del contexto de más y mayores estímulos fiscales por lo que el PASE propone: un plan de estímulos e incentivos para zonas francas, sector de la construcción y sector de turismo cuyos ingresos deberán ser compensados mediante impuestos a actividades que con el TLC-Estados Unidos, obtendrán mayores ganancias, tal como el sector azucarero, así como el rebajo temporal de un 3% a un 5% en el impuesto general sobre las ventas, con el fin de estimular el consumo nacional.

c) Sistema financiero: el partido PASE ha sostenido en reiteras ocasiones que en estos momentos se requiere de una mayor capitalización de la banca pública, por lo cual, proponemos un paquete de al menos 100 millones de dólares más de capitalización financiera, mediante presupuesto extraordinario de la República, en el que se incluya además al Banco Popular de Desarrollo Comunal. Asimismo, consideramos urgente se decrete la disminución en el encaje mínimo legal; única acción pertinente que podría rebajar sosteniblemente las tasas de interés actuales. Por otra parte, reclamamos la urgencia de la aprobación del proyecto de ley Nº 14.611, con el fin de que el sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y su respectivo Régimen de Capitalización Colectiva pueda equiparar sus inversiones con otros operadores del mercado financiero.

d) Sector Público: manifestamos nuestra conformidad con el anuncio formulado del aumento en el gasto público destinado a infraestructura vial. Sin embargo, en el partido PASE, no admitimos que la única vía propuesta por el Gobierno sea mediante el endeudamiento externo (prestamos de 850 millones de dólares con el BID para infraestructura y 500 millones para el ICE), dado que tenemos la posibilidad de generar dicha inversión y réditos mediante la reforma de la Ley de Concesión de Obras Públicas, para facilitar la participación en el negocio de la concesión de obras tanto bancos públicos, como regímenes, sistemas y fondos de trabajadores consolidados.

Por otro lado, el partido PASE propone la ejecución forzosa de presupuestos municipales, con el fin de evitar que las diferentes corporaciones no ejecuten los presupuestos que les han sido trasladados por mandato constitucional, tanto para obras de infraestructura como para inversión social local, por lo que debe de implementarse ante la inercia, impericia, desinterés o incapacidad comprobada, la ejecución forzosa de los mismos.

e) Para los trabajadores y las trabajadoras: este ámbito para el partido PASE es el de mayor importancia y es precisamente, donde resulta carente y desequilibrado el “Plan Escudo” que propone ante la posibilidad de despidos un mal mayor, el desmantelamiento de las garantías sociales. El partido PASE se opone y rechaza rotundamente todas aquellas ideas que pretenden modificar los contratos de trabajo mediante jornadas excepcionales; idea que afectará sensiblemente a las trabajadoras y trabajadores de menores ingresos, quienes ya de por sí se verán afectados con otras medidas como la eliminación de las jornadas extraordinarias.

Lejos de representar una solución la medida anunciada profundizará la brecha social existente y no contribuirá en nada a disminuir los efectos del decrecimiento económico. Ante la posibilidad de despidos el PASE propone: ampliar el ámbito de protección laboral de empleados asociados a empresas sociales solidaristas y cooperativistas. La mayor parte de estos trabajadores poseen con sus asociaciones préstamos de tasa fija, con muy bajos intereses y en condiciones inmejorables; sin embargo, en caso de ser removidos de sus trabajos, se exponen a una variación de dichas condiciones, pues así lo contemplan la Ley y sus Reglamentos, por lo que debe ser implementado un plan de protección que les cobije en esa tesitura.

4) El partido PASE tiene un verdadero compromiso con los costarricenses más desfavorecidos, nos hemos comprometido a velar por sus derechos y aspiraciones. Y en momentos como este, de crisis mundial, no tendremos reparo político en aceptar aquellas medidas anunciadas que consideramos viables y razonables, e insistimos en rechazar cualquier intención que temporal o permanentemente desdibuje nuestro sistema de garantías sociales y laborales. También como queda demostrado con nuestra posición, proponemos alternativas que más allá de escudarnos ante los problemas, formulan cambios e intenciones, que proponen atacar la crisis y no verla pasar de largo.

Instamos con todo respeto al Gobierno de la República, los partidos políticos, organizaciones sociales y a la sociedad civil a que consideren y discutan nuestras proposiciones y se adopte una posición pro-activa frente a los retos y cambios que deben de operar en nuestro país.

Aunque muy pocos lo sepan, hoy y todos los días 25 de noviembre, por resolución N º 54-134 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Las formas de violencia contra la mujer son múltiples, algunas silenciosas, otras insospechadas, van desde la agresión en los hogares hasta la utilización de su imagen sexual en los medios de comunicación y representan en general eventos cotidianos detestables que lastimosamente no han sido erradicados de nuestro acervo cultural y educativo.

La agresión física puertas adentro, es reconocida por los expertos como la forma más generalizada de violencia y lo que es peor, es producida a manos del cónyuge, concubino o pareja de la víctima.

Pero no nos engañemos, no es la única forma de agresión, el maltrato se da en otros ámbitos como el psicológico, el patrimonial y el sexual y nuestro país que no es la excepción, debe enfrentar éstas y otras formas de agresión como un verdadero reto social y el Estado primordialmente, con prioridad, ya que sus consecuencias se traducen comúnmente en otros problemas relacionados con la desintegración familiar. La reciente declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 22 y 25 de la Ley de la Penalización de la violencia contra la mujer es un duro golpe a las instituciones y organizaciones que luchan en contra de la violencia de género y un evidente retroceso en el desarrollo de los derechos humanos que garantizan una adecuada protección Estatal a las mujeres víctimas de agresión.
La resolución de la Sala Constitucional obliga a que nuestros actuales legisladores sean diligentes y responsables y no permitan que la impunidad reine.
El diputado Oscar López y el partido PASE reafirmamos nuestro compromiso con la mujer costarricense y con todas aquellas medidas legislativas necesarias para erradicar cualesquiera de las formas de violencia en su contra.
Estamos realmente convencidos de que la violencia es un auténtico obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz social y que en esas abominables manifestaciones históricas, no deben ser más objeto de los embates del desinterés jurídico, que aún no ofrece soluciones reales y permanentes a dicho problema.