Victor Emilio Granados Calvo

El problema de la inseguridad ciudadana es hoy en día el principal dolor de cabeza de los costarricenses y será sin duda, eje temático de las campañas políticas con todo y sus promesas de firmeza ante la delincuencia.

La situación de la inseguridad se ha desbordado, literalmente las calles, los comercios, las casas de habitación y los lugares de trabajo se encuentran a expensas de un hampa que no reconoce límites de ninguna naturaleza.

Principalmente jóvenes de estratos sociales bajos, de baja escolaridad, provenientes de sectores rurales y urbano marginales, se han agrupado en bandas para robar carros, tachar casas, asaltar a mano armada a transeúntes, traficar drogas y un largo etcétera de ilícitos contra la propiedad, la salud pública y la vida, pues en su afán de delinquir, no temen los delincuentes, disparar, apuñalar y en fin, atentar de cualquier forma posible contra el primordial de los valores humanos.

Hasta ahora hemos escuchado a los candidatos a la Presidencia de la República explicarlos –todos de manera muy similar – como atacarán este problema social que tenemos encima los ciudadanos. En síntesis todos nos han dicho que se debe duplicar el número de policías, que se debe profesionalizar la carrera profesional, que se deben de endurecer las penas privativas de libertad y que en general no serán tolerantes frente a la delincuencia.

Sin embargo ninguno de los aspirantes ha revelado con la seriedad que amerita el tema, primero las causas y después, el posible tratamiento político que se debe de brindar al tema de la seguridad pública.

Ese es el caso de la aspirante Laura Chinchilla quien tiene –desde mi perspectiva- que demostrar un mayor conocimiento y convencimiento dado que fue Ministra de Seguridad y Vicepresidente de la República es decir, en pleno ejercicio del poder gozó de la oportunidad de trabajar directamente sobre el tema.

Hasta ahora la señora Chinchilla ha sacado a relucir cifras según las cuales la califican como el personero público que más ha decomisado drogas en su momento, además de atribuirse un supuesto desmantelamiento de las bandas de roba carros. Esto no nos sirve de nada, especialmente a aquellos que han sido víctimas del hampa en la actualidad. De nada nos sirven esas estadísticas que se deben a un lógica perversa pero irremediable, pues conforme avanzamos en el tiempo, es más la cantidad de delincuentes, consecuentemente es más la cantidad de delitos y por tanto, es mayor la oportunidad policial de realizar decomisos, arrestos, etc. Con esto quiero decir que el próximo ministro de seguridad, aunque sea un gato de porcelana, se podrá atribuir los“record” que quiera, que no necesariamente implican una sobresaliente labor.

Ni la señora Chinchilla ni ningún otro aspirante han explicado la terrible relación entre falta de oportunidades y delincuencia. Ante menor oportunidades para nuestros jóvenes, mayores probabilidades habrá de que algunos se dediquen a delinquir. Hace muchos años en nuestro Estado social de derecho los bachilleres de los colegios públicos obtenían un título que les facultaba y era suficiente, para trabajar y poder financiar sus estudios.

El Estado practicaba como política, la contratación de personal recién egresado de la secundaria. Hoy en día un estudiante de escasos recursos, graduado de secundaria, no solo no encuentra trabajo, sino que además no puede continuar con sus estudios en nuestras Universidades públicas ni pagar los caprichos de algunas de las privadas.

¿Cuáles son entonces las oportunidades para esos jóvenes? ¿Qué hace un muchacho que obtuvo con sacrificio su título de enseñanza media y no puede seguir estudiando en una universidad y no encuentras trabajo?

Si se quiere explorar las razones del aumento en la delincuencia, la deficiencia de nuestra educación pública que definitivamente debería ser más técnica y científica y menos memorística y tradicionalista, es una de ellas. Otra es sin duda el Estado liberal o nuevo liberal que se impulsa en nuestro país desde hace poco más de 30 años y que redujo la burocracia a su expresión mínima so pretexto de la eficiencia, sin reparar en el papel que como empleador y generador de nuevas oportunidades jugó desde el año 1949. Para prevenir el delito nuestro Estado deberá generar oportunidades a los jóvenes.

Con algunos intentos inútiles de asomar en su discurso la retórica pausada y clara que acostumbraba en los finales de los años ochenta, el Presidente de la República, Doctor Oscar Arias Sánchez, compareció ante el pueblo y la Asamblea Legislativa, a rendir su tercer informe de labores, conforme lo ordena nuestra Constitución Política, cada primer día de mayo.

Sin embargo, lejos de tratarse de un exhaustivo auto examen, tal como ocurre con el rendimiento de cuentas, que por imperativo de ley y transparencia en el ejercicio del cargo, emiten funcionarios públicos de menor jerarquía todos los años, el mensaje presidencial que nos llamó a los costarricenses a tener motivos para ser optimistas, careció de detalles, ideas, cifras y resultados específicos alcanzados por el Poder Ejecutivo en los últimos doce meses, respecto del Plan Nacional de Desarrollo, que fue evidentemente borrado del mapa gubernamental, como guía e instrumento estratégico, para el cumplimiento de los compromisos políticos con la sociedad.

Los ocho peldaños que anunció el Doctor Arias, primero como candidato y después como Presidente, están totalmente ausentes en un discurso que levantó paredes para una casa metafórica, en la que se evidencia que el peso de la crisis internacional botará todo cimiento, sino se toman medidas serias a tiempo.

El primer peldaño fue combatir la corrupción en todo ámbito, sin embargo, no fuimos informados los costarricenses de las razones por las que un decreto y un comité reguladores de la ética en la función pública, no se accionaron en casos en los que la opinión pública y la prensa demando el cumplimiento de este compromiso.

La segunda y tercera gradas fueron totalmente descartadas en el discurso presidencial. Pensar en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en el crecimiento económico y en el crecimiento del empleo, en medio de la franca recesión global que nos afecta, es por demás ilusorio, pero no exime al Gobierno de la República de su deber de ir más allá del anuncio de un plan escudo, que ni siquiera se ha consultado a los sectores sociales del país, a éstas alturas de la crisis.

El cuarto peldaño fue mejorar y ampliar la cobertura del sistema educativo, compromiso que el mandatario siente satisfecho en el tanto las becas y programas sociales puestas en marcha, han evitado un aumento en la deserción escolar. Evade sin embargo referirse en su informe, a la negativa de su gobierno, a apoyar la reforma constitucional que garantizaría una mayor inversión del PIB en educación pública y a los cuestionamientos respecto de la calidad e infraestructura.

El quinto peldaño, el que más interesa a los costarricenses, por cuanto se prometió revertir y detener la criminalidad que nos azota sin clemencia, fue objeto de justificaciones presidenciales, según las que, la aprobación de la Ley para la protección de víctimas y testigos –que el OIJ asegura no puede ejecutar por falta de contenido presupuestario- es “un paso determinante”.

El sexto y sétimo compromiso, a saber el fortalecimiento de la institucionalidad pública y mejorar la infraestructura nacional, denotan la alta dependencia de este gobierno, respecto de los empréstitos internacionales, aprobados y por aprobar, que poseen esos fines y que amenazan con elevar a cifras record, la deuda externa nacional.

Finalmente la última grada que se trazó subir este gobierno, fue la de ennoblecer la política exterior y el papel de Costa Rica en el concierto internacional de las naciones. El presidente Arias defendió en su discurso, una aparente coherencia que para nosotros no es tal, al menos en lo que al plan de paz con naturaleza se refiere.

En conclusión, estamos insatisfechos con el informe del Presidente Arias Sánchez. Ni la crisis, ni la pandemia, ni cualquier otro obstáculo natural o humano que razonablemente puedan variar las aspiraciones y proyectos del gobierno de la República, son justificación válida para no detallar, con el respeto que merecemos los ciudadanos, la lista de logros y desaciertos de esta administración respecto de lo que fueron sus promesas.

Tampoco existe justificación alguna para que no se explique a los ciudadanos, si ante la crisis y sus efectos, existirá verdaderamente un plan, o si por el contrario, nos vamos a esperar a que este barco se hunda, aunque el capitán esté aferrado al timón.