Deseamos hacer algunas aportaciones a la lectura alternativa de las causas que motivan a un importante sector de la población, a preferir la implantación de un régimen autoritario, a confiar poco en la capacidad de organización del TSE e incluso, a considerar que existió algún grado de fraude en las elecciones de 2006 y en el pasado referéndum de octubre, temas que no pueden perder vigencia dado el entrañable peligro que conlleva para el sistema político actual, tan fuerte pérdida de credibilidad en las instituciones públicas.
No es la primera vez que el Partido PASE advierte sobre la necesidad de que las reformas electorales pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, que bien pueden considerarse como vitales piezas integrantes del principio democrático, (ya que algunas atañen a procedimientos de representación política, a modificaciones en la estructura de financiamiento estatal, e incluso a la igualdad de género en la postulación de candidaturas) deben ser aprobadas antes de las elecciones de 2010. El sistema electoral costarricense está en crisis por lo que es propio concluir que la democracia como hasta ahora la hemos concebido se encuentra en evidente peligro de extinción o cambio y que en mucho depende su futuro, de la oportuna aprobación legislativa de esas reformas.
Después de dos décadas de predominio bipartidista con escasa diferenciación ideológica, el abstencionismo aumentó de manera considerable. Siendo la base del sistema electoral eminentemente partidario, la poca capacidad de generar mayor participación ciudadana, provocó una crisis caracterizada por el distanciamiento entre partidos y sociedad, que rápidamente se ensanchó debido a los tremendos escándalos de corrupción en el que destacaron importantes figuras de la política nacional.
Como resultado de la crisis, los costarricenses perciben a los partidos políticos, al sistema electoral y a los integrantes de los poderes públicos, como parte de una élite dedicada únicamente a satisfacer sus intereses personales, de grupo y empresariales.
El descontento se hizo más evidente a partir de las elecciones de 2006 y del pasado referéndum, procesos en que los cuestionamientos respecto de la transparencia de las justas han alcanzado niveles de agresividad que van desde consignas de desconocimiento de los resultados hasta de deslegitimación de los poderes públicos, incluyendo a la Sala Constitucional en su función controladora de la constitución política y a algunos medios de comunicación convencionales a quienes se señala como complacientes con las desviaciones de poder de la élite política.
En síntesis la ausencia de mayorías sociales, la falta de credibilidad en la institucionalidad pública y el poco prestigio de los partidos políticos y sus dirigentes, requieren de la pronta y urgente atención legislativa. Sin “tetas” no hay paraíso decía una novela televisiva y sin reformas tampoco lo habrá, decimos nosotros.
Es urgente que emanadas de la técnica jurídica y no de los intereses partidarios, existan normas progresivas electorales con capacidad de adecuar el avance de los medios tecnológicos, las nuevas necesidades sociales de control e información, y el acceso de los grupos sociales a la toma de decisiones fundamentales de Estado.
No es la primera vez que el Partido PASE advierte sobre la necesidad de que las reformas electorales pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, que bien pueden considerarse como vitales piezas integrantes del principio democrático, (ya que algunas atañen a procedimientos de representación política, a modificaciones en la estructura de financiamiento estatal, e incluso a la igualdad de género en la postulación de candidaturas) deben ser aprobadas antes de las elecciones de 2010. El sistema electoral costarricense está en crisis por lo que es propio concluir que la democracia como hasta ahora la hemos concebido se encuentra en evidente peligro de extinción o cambio y que en mucho depende su futuro, de la oportuna aprobación legislativa de esas reformas.
Después de dos décadas de predominio bipartidista con escasa diferenciación ideológica, el abstencionismo aumentó de manera considerable. Siendo la base del sistema electoral eminentemente partidario, la poca capacidad de generar mayor participación ciudadana, provocó una crisis caracterizada por el distanciamiento entre partidos y sociedad, que rápidamente se ensanchó debido a los tremendos escándalos de corrupción en el que destacaron importantes figuras de la política nacional.
Como resultado de la crisis, los costarricenses perciben a los partidos políticos, al sistema electoral y a los integrantes de los poderes públicos, como parte de una élite dedicada únicamente a satisfacer sus intereses personales, de grupo y empresariales.
El descontento se hizo más evidente a partir de las elecciones de 2006 y del pasado referéndum, procesos en que los cuestionamientos respecto de la transparencia de las justas han alcanzado niveles de agresividad que van desde consignas de desconocimiento de los resultados hasta de deslegitimación de los poderes públicos, incluyendo a la Sala Constitucional en su función controladora de la constitución política y a algunos medios de comunicación convencionales a quienes se señala como complacientes con las desviaciones de poder de la élite política.
En síntesis la ausencia de mayorías sociales, la falta de credibilidad en la institucionalidad pública y el poco prestigio de los partidos políticos y sus dirigentes, requieren de la pronta y urgente atención legislativa. Sin “tetas” no hay paraíso decía una novela televisiva y sin reformas tampoco lo habrá, decimos nosotros.
Es urgente que emanadas de la técnica jurídica y no de los intereses partidarios, existan normas progresivas electorales con capacidad de adecuar el avance de los medios tecnológicos, las nuevas necesidades sociales de control e información, y el acceso de los grupos sociales a la toma de decisiones fundamentales de Estado.
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