La desmesurada explosión demográfica China que alcanzó a finales de los años setenta alrededor de 1.300 millones de personas, generó lo que en mi concepto es una de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos de todos los tiempos.
En esa década nació la intitulada "Ley de Población y Planificación Familiar", según la cual los matrimonios que tengan más de un hijo de acuerdo con lo permitido por la Comisión de Planificación Familiar del Estado deben pagar una multa al tesoro del Gobierno para financiar programas de control demográfico en la región a la que pertenezcan.
Además, los que tengan una criatura "extra política" o sea, solteros, adúlteros y novios, deberán pagar una suma nada barata, por imponerle esa “carga extra” a la sociedad china que deberá a su vez utilizar más recursos públicos en la atención del menor.
Claro está, como cualquier ley occidental o de oriente –dicho sea con toda la ironía del caso- posee sus excepciones, así por ejemplo, si la pareja procreadora vive en una provincia rural y su primer hijo es mujer, tendrá derecho a un segundo hijo sin multa, siempre y cuando se trate de un varón y sea destinado a fuerza de trabajo agrícola a partir de los diez años de edad.
¿Pero cuál es la verdadera atrocidad de esta ley con la que muchos podrían estar de acuerdo hasta ahora, dada la excesiva cantidad de habitantes que pueblan esa región del mundo?
Como es natural en otras latitudes, la población más pobre, la más joven, la de menor nivel educativo y la que habita y se dedica a actividades de campo o artesanales, no planifica el nacimiento de sus hijos, lo que implica en China el nacimiento de muchos menores al margen de la ley.
El incumplimiento de la ley del hijo único ha convertido a la República Popular de China en una nación récord con más de 20 millones de abortos “oficiales” solo de niñas a quienes por cierto, se les ubica en la escala más baja de esa sociedad como seres improductivos junto a quienes presentan discapacidad. También ha servido la ley para que se organice un comercio no autorizado, pero incontrolable, de varones infantes quienes son raptados, o comprados en el mejor de los casos a sus progenitores. Con más de 80 millones de hijos únicos, esta ley inauditamente avalada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha provocado severos trastornos políticos y sociales que van desde la expulsión de miles de miembros del Partido Comunista incumplientes, pasando por el incesto y el infanticidio, hasta llegar al acelerado proceso de envejecimiento de esa población y la escasez de mano de obra.
Es sorprendente que a estas alturas del siglo XXI después del dolor y aprendizaje que nos dejó el genocidio del pueblo judío, toleremos que el triple de vidas humanas chinas haya sido exterminada en 20 años de existencia de esa Ley. Más sorprendente es que esa nación incapaz de ofrecer a sus habitantes una adecuada calidad de vida con pleno respeto a sus derechos y libertades, compre bonos de la deuda externa costarricense, regale un estadio nacional a nuestro país de 70 millones de dólares y construya uno propio en Pekín de más de 500 millones de dólares con motivo de los juegos olímpicos.
Despolitizadamente analizado el desarrollo económico chino calificado por algunos como milagroso y que le ubica como potencia mundial de nuestros tiempos, pareciera que las frías cifras de crecimiento de las últimas dos décadas (tasas anuales del 10% respecto de una inflación de menos de 1%) se han cimentado sobre los huesos de los más pequeños, débiles e indefensos seres de esa sociedad.
Analizado sin ninguna pasión ideológica pues poco importan las teorías de mercado libre versus economías dirigidas, es justo concluir que, las piedras y las paredes de nuestro próximo estadio nacional, costoso y moderno, el mismo que como país subdesarrollado fuimos incapaces de construir, irónicamente serán testigos fríos, de que nada sirve el desarrollo, el progreso o la modernidad, sino existen niños para disfrutarlo.
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