Victor Emilio Granados Calvo

Escrito por JORGE LUIS ARAYA periodista del Semanario Universidad(jorge.arayae@gmail.com )

Una comisión especial, que la Asamblea Legislativa acordó crear la semana pasada para investigar las concesiones, se abocará a revisar la ley, las fallas denunciadas en la fiscalización de los contratos y a las personas involucradas en la negociación de los proyectos, anunciaron diputados de oposición que impulsan la iniciativa.

“Sentimos que la comisión es una oportunidad valiosísima de revisar todo ese esquema, de revisar la ley y las actuaciones de quienes tienen que velar por la legalidad, como es el caso de la Contraloría General de la República (CGR)”, indicó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE).

El legislador resaltó la cohesión de la oposición en torno a este tema, independientemente de que haya grupos que no creen del todo en la concesión de obra pública y otros que son más liberales y quisieran incluso concesionar muchas otras actividades.

“Lo que ilusiona es que hubo una actitud cohesionada de la oposición pidiendo investigar, y que de alguna manera se sentó un precedente muy interesante en la Asamblea Legislativa que eventualmente se puede repetir, en donde queda claro que hay una mayoría que no es de Gobierno y esa mayoría está exigiendo transparencia”, comentó Granados.
Y es que hay dudas respecto a la transparencia en los procesos de adjudicación de concesiones e incluso sobre la legalidad y el papel que está jugando la CGR, que va a ser de las primeras en ser llamada a la comisión investigadora, advirtió.

Entre los temas que serían objeto de investigación mencionó la licitación para construir la terminal de contenedores de Moín, donde hubo solo un oferente, y donde el cartel está dando potestades casi monopolísticas y elevando costos en perjuicio de los micro y pequeños empresarios que exportan o importan carga.

Otros casos por analizar serían la concesión del aeropuerto Juan Santamaría a la empresa Alterra, así como la vía a Caldera concesionada a Autopistas del Sol, donde más que dudas hay cosas concretas por investigar, señaló.

Cabe recordar que este Semanario desde hace varios años ha venido informando constantemente de situaciones irregulares que se han dado dentro del esquema de concesiones de obras públicas, como el aeropuerto Juan Santamaría, el muelle de Caldera, la carretera San José-Caldera y los muelles de Limón.

En cuanto a los resultados que podrían esperarse de tal investigación, Granados reconoció que aunque los dictámenes de estas comisiones no son vinculantes, sí tienen una fuerza moral y política muy importante.

Según el analista político Víctor Ramírez, la concesión de obra pública es quizás el tema de mayor trascendencia financiera, jurídica e institucional que tiene en sus manos Costa Rica en estos momentos.

Por lo tanto, no se justificaba la negativa del Partido Liberación Nacional (PLN), que se opuso inicialmente a la creación de una comisión investigadora y proponía pasar el asunto a la comisión de presupuesto y gasto público de la Asamblea Legislativa, que no es una comisión especial de investigación. En este punto, Ramírez resaltó la unión de los grupos opositores que hizo que el oficialismo cambiara de posición, luego de la resistencia inicial.

Luis Fishman, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo no tener duda de que “cuando empiece a trabajar la comisión, van a llegar a ciertas congruencias en cuanto a quiénes son los que están detrás de todo”.

“Son las mismas personas con los mismos negocios, los mismos intereses, los mismos bufetes de abogados. Creo que aquí al país se lo ha estado repartiendo para hacer negocios un grupito muy pequeño, sin que exista la posibilidad de que otros sectores puedan participar”, comentó el diputado en el programa Desayunos de Radio Universidad.

Añadió que hay cosas que suceden en el país y de las que nadie habla; por ejemplo, las concesiones de frecuencias de radio y televisión, que si bien son una concesión estatal, pareciera que ya tienen dueños y nadie se anima a hablar de eso.

En esta comisión se analizarán los cánones que se pagan en las concesiones, cuándo se van a sacar a concurso, y muchas cosas que no se dicen por temor, por cálculo político o porque hay intereses mancomunados, aseveró Fishman.

“El país tiene que seguirse desarrollando y yo creo en la figura de la concesión como un mecanismo para el desarrollo, pero tiene que ser transparente.

Para tener una mejor televisión, una mejor radio, una mejor telefonía, tiene que haber una competencia, pero correcta, no de tigre suelto contra burro amarrado”, puntualizó.
La reacción legislativa se da como respuesta a una serie de denuncias que han venido haciendo figuras políticas y expertos, sobre presuntos incumplimientos de los concesionarios, ante la pasividad de las entidades encargadas de la fiscalización, como la Contraloría General de la República (ver la edición de UNIVERSIDAD del 25 al 31 de agosto).

En particular, las denuncias se han centrado en la concesión de la vía San José-Caldera, como se evidenció en un foro realizado recientemente en la Asamblea Legislativa, donde se criticó que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) habría recibido las obras sin terminar y con riesgo para los usuarios, en contra de lo que establece el contrato (ver recuadro “Críticas a la carretera…”).

Los mismos errores se estarían repitiendo en la concesión de la vía San José-San Ramón, proyecto que estaría próximo a comenzar, y en la concesión de una nueva terminal portuaria en Moín.

Tras hacer allí la advertencia, expositores como el exministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y el exdiputado del Movimiento Libertario, Mario Quirós, exhortaron a la Asamblea Legislativa a tomar cartas en el asunto, para iniciar una investigación de lo que está sucediendo con las concesiones, incluido el papel de la Contraloría.

En particular, Quirós criticó el paso de la CGR al CNC y viceversa, de quienes han estado a cargo de las contrataciones y las aprobaciones relacionadas con el proyecto San José-Caldera.

Mostró en ese sentido cómo la contralora, Rocío Aguilar, fue secretaria técnica del CNC durante el tiempo en que se dio vida a estos contratos; el abogado Carlos Arguedas, que resolvía asuntos de concesiones, pasó a ser asesor jurídico en el CNC mientras Aguilar era la secretaria técnica, y cuando esta fue nombrada contralora él regresó a resolver sobre los asuntos que tienen que ver con concesiones en la CGR; y Guillermo Matamoros, que era secretario técnico hasta hace unos meses, funge como asesor del despacho de la Contralora.

Quirós opinó que estos movimientos de funcionarios entre la CGR y el CNC ponen en peligro la capacidad institucional para tratar el tema de concesiones.

LA PRENSA LIBRE

La iniciativa de ley que daría estatus jurídico de autónomo al Liceo de Costa Rica, sobre todo en el nivel de la junta directiva que lo administra, ha creado con solo su publicación zozobra en las aulas liceístas, y hasta roncha entre los profesores.
Esto por cuanto -tal como supo extraoficialmente LA PRENSA LIBRE- en el seno del consejo de profesores rechazaron el texto, recién publicado en La Gaceta, y que sin embargo no contiene un articulado mayor que cuatro apartados.

Precisamente el cumplimiento del principio de publicidad es apenas uno de los primeros pasos para que un proyecto de ley sea discutido y eventualmente aprobado en el seno de la Asamblea Legislativa, ni siquiera está en un foro de discusión la iniciativa.



Autonomía administrativa

El principal cambio que introduce la iniciativa es el reconocimiento “de modo terminante y explícito de la autonomía plena del Liceo de Costa Rica, el cual se regirá por una junta administrativa autónoma de nombramiento de la Municipalidad del cantón central de San José”, según el artículo 1. La integración dependerá de los padres y madres de los estudiantes, la asociación de estudiantes, el consejo de profesores y las asociaciones de egresados de la institución, con un representante por cada órgano, y uno más aportado por la Municipalidad.

Mejorar matrícula y recursos

De acuerdo con el diputado Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y además ex liceísta, se pretende vigorizar, soltar, a la junta administrativa, que hoy se rige por los reglamentos del Ministerio de Educación Pública, sobre todo en cuanto a contratación administrativa, inversión en infraestructura y canalización de donaciones.

“La parte administrativa está muy atada con los reglamentos, de alguna manera se la empodera y vigoriza con la iniciativa, incluso se democratiza”, explicó Granados.

El diputado intenta tranquilizar a los profesores y administrativos declarando que en cuanto a su nombramiento y remoción sigue siendo una potestad total sujeta al Estatuto de Servicio Civil y en lo tocante al MEP.



Potenciar programas

Granados apuntó que se plantean el plan como un rescate a “una institución que es muy valiosa, con más de 100 años. Ya existe un antecedente, que es el San Luis Gonzaga de Cartago. El Liceo ha venido a menos”.

El diputado culpa a la situación geográfica la disminución de la matrícula, y dentro de la iniciativa, en su exposición de motivos, también se aduce como causa de ello el inicio de la modalidad de Bachillerato Internacional, que habría aumentado costos y horarios.

Precisamente intentan, según adujeron, potenciar programas educativos como el Bachillerato Internacional, el programa de alimentación para jóvenes de escasos recursos y que no ha podido ayudar a 300 jóvenes de la institución, apuntó el diputado.


--------------------------------------------------------------------------------
Liceístas esperan estudio legal
Tal como supo extraoficialmente LA PRENSA LIBRE, las autoridades liceístas esperan un estudio legal sobre la iniciativa de ley que un buen día se encontraron publicada en La Gaceta, y que definiría a la institución, a partir de su aprobación, como un centro educativo autónomo.
Mientras tanto, los profesores miembros del consejo se manifestaron en contra, si bien el texto fue construido por ex liceístas.

*Extraoficialmente se supo que los profesores, en consejo, al conocer de entrada la iniciativa de ley se manifestaron en contra; el texto tiene origen entre ex liceístas

Palabras del Diputado Víctor Emilio Granados Calvo en la sesión del plenario Legislativo del miércoles 18 de agosto a propósito del FEES y las contradicciones del Ministro Garnier.

Es increíble cómo cambia la gente, su manera de pensar de acuerdo con las circunstancias, precisamente, en octubre de 2002, el señor Garnier publicó un artículo en el periódico La Nación, cuando de por medio estaba en discusión si se aumentaba o se disminuía en un mes el curso lectivo de entonces, y dijo don Garnier o escribió don Garnier en el periódico La Nación cosas como las siguientes, y cito textualmente: "Y quien diga que en el país no hay recursos para hacer esa inversión" se refiere a educación "no sabe nada de economía". Además dice más adelante el artículo de don Leonardo Garnier: "Cuando el Gobierno recorta el curso lectivo diciendo que para eso no hay plata, no solo se está violando la Constitución Política, sino que al hacerlo está renunciando a esa inversión en la gente. Usar como excusa que el dinero no alcanza lo único que significa es que para el Gobierno que tiene cosas más importantes en las que gastar esa plata, la educación no está dentro de sus prioridades."

Don Leonardo Garnier, actual ministro de Educación Pública, quien además, como sabemos, ahí está en todos los medios de comunicación, viene diciendo que no hay plata para la educación superior, es decir, usando sus propias palabras, pues sus compañeros, sus compañeros ministros no saben nada de economía.

Y, además, agrega el señor Ministro: "Y esa es una proclama de ignorancia e irresponsabilidad de magnitudes históricas"; cito nuevamente, actual ministro Leonardo Garnier. Más adelante pregunta, "¿cuál inversión puede mostrar una mejor tasa de retorno?, ¿cómo decir que le apostamos al futuro y a los jóvenes cuando le regateamos a la educación?, ayer la educación era gratuita y obligatoria, hoy se rige por la contabilidad y por las encuestas, más que déficit fiscal, parece que padecemos un grave déficit de liderazgo."

Esto que digo parece que me lo hubiera redactado cualquier compañero asesor, precisamente, para criticar la actual actitud, entre otros, del ministro Garnier, que de manera -vamos a citarlo a él mismo - que de manera irresponsable, y de magnitud histórica, ha negado y niega, conceder más de un cuatro por ciento de financiamiento a las universidades públicas de este país.

Cómo cambia la gente, ¿verdad?, costarricenses, esto lo escribió el señor Leonardo Garnier hace ¿qué?, ocho años, ocho años. Así que circunstancias como estas nos demuestran que, de acuerdo con la ocasión, cambia el camaleón, como decía mi abuelita.

Pero en este tema del financiamiento de la educación superior hay otro componente muy importante, y ese lo denuncia la edición de esta semana el Semanario Universidad, dice el Semanario, y no ha sido desmentido hasta este momento que el Ministerio de Educación Pública ha subejecutado cerca de doscientos cincuenta mil millones de colones de sus presupuestos públicos en los últimos cinco años en partidas destinadas, principalmente, para obras de infraestructura, esto quiere decir, ni más ni menos, costarricenses, que estos doscientos cincuenta mil millones se encuentran en la caja única del Estado y no han sido destinados para lo cual era su fin, para infraestructura escolar.

Y uno se cuestiona, ¿qué pasa con la Escuela de los Ángeles de Atenas de San Isidro que se está cayendo?, ¿qué pasa con la Escuela de calle Pavas de Atenas que se está cayendo y que, además, la declararon inhabitable?, es Pavas de San Isidro de Atenas, ¿qué pasa con el Liceo del Sur, donde los estudiantes, y siempre lo he dicho, y no lo han logrado arreglar, los estudiantes tienen que salir del aula cuando llueve, porque lo que cae adentro no son goteras, son las canoas internas, mojan los útiles de los estudiantes?, ¿qué pasa con la Escuela el Verjel de Cañas que se está cayendo?, ¿qué pasa con la Escuela San Rafael de Guatuso que se está cayendo?, ¿y qué pasa con doscientos cincuenta mil millones de colones que no ha ejecutado el Ministerio de Educación Pública destinados a la infraestructura escolar?

Una de las preocupaciones más grandes que tenemos todas las fracciones políticas es el tema de la educación pública, siempre hemos dicho que la educación es el único instrumento de movilidad social, el único instrumento que garantiza realmente oportunidades para las generaciones jóvenes y, especialmente, para los sectores menos favorecidos de la sociedad. Sin embargo, resulta evidente que este arranque de la Administración de doña Laura, bueno, yo no sé, después continuamos, señor Presidente.