• Legislador solicita al CNC parámetros técnicos para el cobro de peaje San José - Caldera


El diputado Víctor Emilio Granados, jefe de la fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y presidente de la Comisión Legislativa Especial que investiga las concesiones, denunció este miércoles, que el monto que cobra la empresa Autopistas del Sol por concepto de peajes en la ruta Nº 27 San José - Caldera “es demasiado elevado en relación con los peajes de las rutas administradas por el Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI)”.


Según el legislador, el costo de ir a Caldera es de ¢1,710 colones para vehículos livianos, lo que arroja un promedio de ¢22 colones con 50 céntimos por kilómetro recorrido “cuatro o cinco veces más el costo de peajes de otras carreteras nacionales, como la Autopista Bernardo Soto o la ruta Nº 32 a Guápiles.”


Granados agregó que la incongruencia en el cobro de los peajes también se ve reflejada en otras rutas nacionales como la Florencio del Castillo, en donde se pagan alrededor de ¢5 colones por kilómetro recorrido, Según el diputado “al pagar ¢5 colones por kilómetro en una carretera como la Florencio Castillo, los dineros recaudados son destinados a mantenimiento de la vía, a su reconstrucción o a su mejoramiento, mientras que, los casi ¢23 colones por kilómetro que cuesta transitar a Caldera, van a manos del concesionario.” Ante este panorama, el diputado solicitó por escrito al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) los parámetros técnicos y legales que sirven de fundamento para el cobro de un peaje tan elevado, así como al CONAVI un informe detallado de los ingresos que representaron en el año 2010 los distintos peajes administrados por ese órgano así como los destinos de dicha recaudación.

Departamento de Comunicación http://www.partidopase.org/


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Diputado impulsa incluir partida para arrendamiento en presupuesto de 2012

Ministro considera que es justo realizar pago; centro invertirá dinero en mejoras


Jairo Villegas S. jvillegas@nacion.com 11:22 a.m. 25/03/2011


Egresados del Liceo de Costa Rica, entre ellos un diputado, procuran que el MOPT pague un alquiler por utilizar instalaciones que pertenecen a ese centro educativo.


Poco más de una hectárea que servía de huerta para las clases de agricultura de esa secundaria es utilizada desde 1955 por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Ahí funcionan ahora talleres, una bodega y varias oficinas, dijo el ministro Francisco Jiménez.


Por ello, el Liceo hace gestiones para cobrar un arrendamiento aunque no sea retroactivo. Esos ingresos se invertirían en mejorar la infraestructura del colegio, ubicado en plaza González Víquez. Ruta. El abogado y exalumno del Liceo, Enrique Rojas Franco, explicó que estiman el alquiler en unos ¢80 millones anuales, aunque recalcó que esa cifra no es definitiva. “Hay un proceso contencioso administrativo pero es muy lento, por eso se trata de arreglar por la vía del diálogo. Apoyamos al Liceo para que vuelva a surgir y requiere remodelaciones”, expresó. Rojas enfatizó que no existe interés de solicitarle al MOPT que desocupe esas instalaciones. Entre tanto, Víctor Emilio Granados, diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), también hace gestiones para concretar el arrendamiento. “La idea es que en el presupuesto ordinario del 2012 ya incluya una partida para alquiler”, dijo. La iniciativa de cobrar por esas instalaciones es bien vista por el ministro Francisco Jiménez. “Me parece que es justo porque por derecho les asiste, pero velaremos para que el monto sea razonable”, externó el jerarca.

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Karen Fernández M kfernandez@diarioextra.com


La radial a Atenas, en la carretera San José-Caldera, se mantiene cerrada desde hace varios meses pero el cobro del peaje sigue vigente. El diputado Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), presentó un recurso de amparo para suspender el cobro del peaje en Atenas, sobre la carretera San José-Caldera, que hace la concesionaria Autopistas del Sol. Granados quien a la vez preside la comisión que investiga el tema de concesiones, aseguró que “cobrar por un tramo de acceso a la carretera de poco más de 200 metros es abusivo y violenta la Constitución y la Ley de Concesiones.


El mal diseño, la mala construcción, la mala calidad o la violación de lo pactado con el Estado costarricense y la concesionaria no se les debe cobrar a los ciudadanos”. Inspección guiada El legislador inspeccionó la ruta 27 en compañía de personeros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y dijo que “la radial construida por Autopistas del Sol está prácticamente inservible, mientras tanto el MOPT descarta su uso pero no promete soluciones a corto plazo, lo cual es grave.


La empresa cobra ¢290 por ingresar o salir de Atenas por un camino vecinal”. El diputado del PASE se ampara en el Artículo 46 de la Constitución Política, que protege los derechos de los consumidores, y en la Ley de Concesiones, que establece como derechos de los usuarios de la carretera Ciudad Colón-Orotina “el uso sin interrupciones, suspensiones ni alteraciones indebidas que puedan afectar la continuidad en la prestación, en condiciones de absoluta normalidad, sin causa de molestias, incomodidades, salvo temporalmente y por razones de seguridad o mantenimiento”.

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Palabras del Diputado Víctor Emilio Granados de la sesión del plenario legislativo de 28 de marzo de 2010 a propósito de la aprobación del la Ley del día nacional del negro y la Cultura Afrocostarricense.



Bueno, nosotros, el PASE, desde luego que vamos a votar afirmativamente este proyecto, no sin antes, no sin antes señalar que es importante detenernos y hacer una autocrítica, no, bueno, antes que todo la felicito, diputada Venegas, por esta propuesta, pero no nos engañemos a nosotros mismos, ni engañemos al país, este es un proyecto muy bonito, es un proyecto que va esperamos a realzar todo el valor histórico y toda la tradición de la cultura afrocostarricense, es un proyecto que, a lo mejor, se impulsa en instituciones públicas para que se celebren actos conmemorativos relacionados con el día de la persona negra y su cultura, pero la realidad es que nadie quiere ir a Limón porque hay una situación de delincuencia que le da miedo a todo el mundo, y esa es la realidad y esa es la zona adonde se concentra lo más valioso y lo más rico de la cultura afrocostarricense, y la realidad es que los índices de desarrollo social en Limón son los más bajos, y la realidad es que en Limón se concentra una gran cantidad de pobreza, una gran cantidad de desempleo abierto y en esta Asamblea Legislativa deberíamos de estar aprobando, a la par de esta iniciativa, al menos alguna otra que viniese a subsanar en algo la difícil situación que se está viviendo en esa importante zona del país. Hay algunos datos que nos arroja el informe del Estado de la Nación sobre lo que ocurre en la Región Huetar Atlántica y que hoy quiero contrastar, por ejemplo, con lo que ocurre en la región central, mientras la tasa de desempleo abierto es del siete punto nueve en el Atlántico, en la región central es del siete punto cinco; mientras los hogares en pobreza en la zona huetar atlántica, adonde se concentra la mayor cantidad de afrodescendientes, es del veintiuno punto seis, en la zona central es del quince punto tres; mientras el consumo residencial allá en el Atlántico es de ciento setenta y tres kilowatts por cliente, acá en la zona central es de doscientos cuarenta y cuatro; mientras en la zona atlántica la escolaridad promedio es de siete años, aquí en la zona central es de nueve punto uno; mientras en el Atlántico la población de veinticuatro a treinta y nueve años con secundaria completa es de apenas el veintiuno punto dos, aquí se ven las diferencias, en la zona central es de cuarenta y siete punto tres; mientras la población de doce a diecisiete años que asiste es de setenta y tres punto cuatro, aquí en la zona central es de ochenta y nueve punto dos; mientras la densidad en líneas telefónicas es de ciento treinta y dos, en la zona central es muchísimo mayor. Los indicadores del Estado de la Nación arrojan una triste, pero reconocida realidad de lo que está ocurriendo en la zona atlántica, es una zona que está en desventaja en cuanto a desarrollo social se refiere, en cuanto a desarrollo económico se refiere y en cuanto a empleo se refiere, y ni qué decir de la delincuencia, porque inicié mi intervención diciendo una realidad, yo he escuchado a costarricenses que dicen que no quieren ir a Limón por los problemas de seguridad que hay allá, he escuchado a costarricenses que dicen que es que Limón es tierra de nadie, he escuchado a costarricenses que están preocupados por la presencia de bandas criminales y la ausencia de todo tipo de seguridad pública en la zona. Bueno, veamos a ver qué dice el Estado de la Nación sobre la delincuencia juvenil en Limón, dice que han surgido focos con cierto nivel de organización, en donde destacan, bueno, el orden del Estado de la Nación habla de Rincón Grande de Pavas, de Los Guido de Alajuelita, de Cartago centro y de Limón. Además dice el Estado de la Nación que, según datos del Poder Judicial, la provincia donde los menores de edad cometen la mayor cantidad de homicidios es Limón, ganó Limón en cantidad de homicidios cometidos por personas jóvenes, ese dato también lo reafirma Casa Alianza, organización no gubernamental que reporta que los asesinatos en el año 2003 cometidos por personas jóvenes se cometieron en mayor cantidad en las provincias de Limón, San José y Puntarenas, son datos que arroja el Estado de la Nación, dice que la mayor cantidad de esos asesinatos los cometieron jóvenes en Limón y que, según el Índice de Desarrollo Social, se encontró que dentro de los cantones de menor desarrollo social se encuentra el cantón central de Limón. Así que yo creo que es un momento para autocriticar un poco lo que está pasando, yo quisiera que talvez en esta Asamblea Legislativa estuviéramos aprobando la ley que le imponía impuestos a los casinos, por ejemplo, que se suponía que se iban a destinar esos dineros, ah, para el tema de Seguridad Pública, y quizás con eso tendríamos la esperanza de que se estuviesen destinando mayor cantidad de efectivos policiales al cantón central de Limón; hubiese preferido aprobar ese proyecto a la par de este, no es que este esté mal, es que esto es insuficiente, y que esto denota, además, que hemos experimentado un proceso de sesiones extraordinarias realmente muy flojos, señores diputados, compañeros diputados, porque lejos de estar aprobando iniciativas con contenido suficiente, en las cuales, por ejemplo, el PASE ha dicho sin ningún miramiento que estamos dispuestos a apoyar como el tema de los impuestos a los casinos, estamos aprobando el Día Nacional del Negro y de la Negra, pero démosle seguridad a esa gente también, ¿o no?, y démosle educación y acceso a la educación y démosle oportunidades a la gente joven. Hoy, por ejemplo, el periódico El Financiero refiere que hay un atraso de un sesenta por ciento en el proyecto Limón Ciudad Puerto, entre otras cosas, dice El Financiero que solo el cuarenta por ciento de los componentes de cada uno de los proyectos que tienen que ver con Limón Ciudad Puerto están cumpliendo con los calendarios. Dice que en el año 2010 se giraron mil setecientos millones y la ejecución para el proyecto Limón Ciudad Puerto solo fue de ochenta y cuatro punto veintiocho millones, es decir del cuatro punto cinco por ciento y que el cuarenta y ocho por ciento de la ejecución presupuestaria quedó para el año 2013, esa es la prisa que tenemos en solucionar los problemas de los afrocostarricenses o donde se concentra la mayor cantidad de ellos en la provincia de Limón. Dice El Financiero que un ejemplo de este atraso en la ejecución de un proyecto que se supone es tan importante para la zona atlántica, un ejemplo de eso es el caso del Ministerio de Cultura, que hace más de un mes reportó que no había firmado el convenio con la unidad de coordinación del proyecto y hoy se encuentran en la misma situación, lo dice el periódico El Financiero. Además, ese Ministerio es el responsable de la remodelación y provecho turístico de la casa cultura… de la Casa de la Cultura, perdón, y el edificio de correos en el centro de la ciudad de Limón, sin embargo, están sin firmar todavía el convenio. Así que yo siento que es importante, desde luego, aprobar proyectos de esta naturaleza, creo que, de alguna manera, aportan bastante dentro del escenario nacional, pero la realidad es que no estamos atacando los problemas medulares y los problemas esenciales que tiene el país, y en el caso específico la zona del atlántico, donde se concentra la mayor cantidad de afrocostarricenses, de afrodescendientes. Estamos declarando un día nacional, pero no estamos haciendo absolutamente nada por los problemas de inseguridad en la zona atlántica, no estamos haciendo absolutamente nada por los problemas de desigualdad social que se dan en la zona atlántica, no estamos haciendo nada por la generación de empleo en la zona atlántica, y lejos de eso, más bien, ahora las y los trabajadores de Japdeva van a tener que enfrentar el proceso de “modernización”, entrecomillando la palabra modernización, con la nueva adjudicación que ha hecho el Gobierno de la República a la transnacional APM Terminals de un muelle, de un muelle en el que la concesionara transnacional se está comprometiendo únicamente a contratar a cuarenta y dos trabajadoras y trabajadores de Japdeva, únicamente a cuarenta y dos trabajadores y trabajadoras de Japdeva, un proceso de modernización que lo que promete es crear problemas sociales, más problemas sociales para Limón. Un proceso de modernización que promete no cumplir con las expectativas de las y los ciudadanos de esa provincia del puerto de Limón. Así que el PASE va a dar el voto, desde luego, y estamos muy felices y nuevamente, diputada Venegas, la felicitamos por esta iniciativa, pero sí pegamos un grito al cielo y solicitamos, en este caso, al Gobierno de la República, que específicamente en lo que se refiere al proyecto Limón Ciudad Puerto se empiecen a ejecutar ya los distintos proyectos, si es que existe verdadera voluntad política de transformar a esa zona del país, que convoque, ¿por qué no?, el proyecto de ley que grava los casinos para ver si podemos contribuir en algo a los problemas de inseguridad pública que se viven en esa hermosa zona y que lejos de solo pensar que en un año de producción legislativa es lo único que vamos a aprobar para el puerto de Limón, tengamos, al menos, la esperanza de que van a existir más y mejores propuestas, propuestas sustanciales que vengan, definitivamente, a arreglar los problemas sociales de puerto Limón. Muchísimas gracias, señor Presidente, y gracias a ustedes, señores diputados. 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*Exfuncionarios que rociaron el químico alegan daños físicos y piden compensación
*PASE propone ley que daría pensión a trabajadores con secuelas por químico

Ross A. amy.ross@nacion.com

Ellos se consideran excombatientes. Años después de haberse abolido el ejército, salían de sus hogares por semanas y hasta meses con la meta de aniquilar a su enemigo.

Entre 1957 y 1986, cientos de hombres participaron de las campañas del Ministerio de Salud para erradicar esas enfermedades letales transmitidas por mosquitos.

Al tocar e inhalar el polvo blanco sin guantes ni mascarillas, desconocían que su toxicidad era tal que décadas después ingresaría a la lista de sustancias que deben eliminarse del planeta, según el Convenio de Estocolmo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Algunos “excombatientes” ya murieron, pero otros, canosos y arrugados, alegan que ese polvo blanco que –les aseguraron– era inocuo, es causante de numerosas secuelas físicas que padecen ellos y sus familias.

Unión. Para luchar por la indemnización que creen que el Estado les debe, sumaron sus esfuerzos en la Asociación de Combatientes de la Malaria y Fiebre Amarilla (Acomfa), que hace 22 años persigue una retribución económica para sus integrantes.

Marta Montero, hija de un fumigador difunto, asumió la presidencia de la asociación en el 2005 y le subió la intensidad al movimiento, convencida de que los sobrevivientes de esa lucha merecen un reconocimiento monetario.

“Gracias al trabajo que hicieron estas personas, hoy no hay casos de malaria o fiebre amarilla aquí. Nosotros ganamos salud, pero ellos la perdieron”, aseguró Montero.

Bajo su liderazgo, en el 2008, Acomfa canalizó la petición a través del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), que propuso un proyecto de ley que indemnizaría a los exfumigadores.

Aunque ese proyecto nunca se concretó, el diputado Víctor Emilio Granados retomó la causa y en julio organizó una ceremonia para declarar “ciudadanos de honor” a los 230 asociados de Acomfa.

Además, en octubre, el PASE presentó otro proyecto que ampliaría la indemnización a una pensión de invalidez, vejez o muerte.

“Lo que pedimos es que, al igual que se hizo con los excombatientes de guerra, se les otorgue una pensión a quienes participaron en la lucha contra la malaria, con cargo al Presupuesto Nacional”, explicó Víctor Emilio Granados.

Sin destruir. En el enero del 2006, trascendió que aún había 8.500 kilos de DDT almacenados en una bodega del Ministerio de Salud.

Seis meses después, Costa Rica ratificó el Convenio de PNUMA, en el cual asumió el compromiso de inventariar las sustancias prohibidas por el documento y ejecutar un plan de eliminación.

Sin embargo, Costa Rica aún no ha concretado el proceso de eliminar el DDT, según confirmó la directora de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente, María Guzmán. Se intentó, por varias vías, preguntarle a la ministra de Salud, María Luisa Ávila, por qué el DDT permanece en bodega, pero no contestó las consultas.

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