sábado, 18 de octubre de 2008

El precio de la vida sube otra vez

Al mejor estilo de Juan Luis Guerra los ticos deberíamos de cantar que “ ...el precio de la vida sube otra vez, a nadie le importa que opina usted....”

Con fundamento en los boletines mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) podemos concluir que desde que es presidente don Oscar Arias a la fecha, comerse un plato típico de casado es un tanate más caro.

Mientras que en mayo de 2006 el costo por mes de la canasta de alimentos para una familia de 4 integrantes era de 79 mil 500 pesos, a mayo de 2008 esa familia requiere de 31 mil cañitas más por mes.

Y no se crea que es un súper casado el que podemos comernos, pues la canasta básica se limita a solo 45 productos que por razones de consumo y nutricionales fueron seleccionados y controlados a través del índice de precios al consumidor (IPC). Dicho en términos culinarios o cocineros, usted solo tiene derecho a llevarle a los güilas pan corriente, ni les enseñe la mortadela, el jamón o las salchichas porque la canasta solo contempla al salchichón y desde luego, olvídese de quesitos y más derivados lácteos porque con un vaso de leche al día basta.

Pero lo más feo es que el salario mínimo solo ha aumentado en términos reales 38.500 colones o sea que hoy en día a un tico con un salario mínimo de 164 mil solo le quedan libres después de pagar la comedera, 54 mil colones al mes para pagar: pasajes de bus, útiles escolares, agua, luz, calzoncillos, calzones y más de un animoso hasta celular y entradas al estadio.

Claro está, ya son especies en extinción las medicinas de farmacia, los cines y los taxis y muy pronto habrá que sacar fotografías a esas raras estructuras que llamaban cabinas que servían parta ir barato a las playas.

Lo que más cólera da, es que de acuerdo con el gobierno que le gusta hacer números alegres, la cantidad de hogares pobres descendió en Costa Rica de un 20,6 por ciento a un 18,5 por ciento o sea, que dejaron de ser pobres según ellos, como 4.500 familias de dichosos que quién sabe como hicieron para que les sobrara plata.

Y como el que critica mucho cae mal sino aporta nada bueno, nosotros en el Partido PASE proponemos que la tal canasta básica abarque muchos más productos (carne porcina y derivados, más derivados lácteos, embutidos, panes integrales y pescados) y que por cierto sea más nutritiva (por ejemplo que se incluya el aceite vegetal en vez de la manteca de chancho), y que aunque algunos no les guste, el Estado intervenga en la fijación de precios de esos alimentos y su control mediante techos (o con bandas al igual que el dólar).

Si la cosa sigue como va derechito para el barranco dentro de poco todos vamos a estar cantando por un sueño: “Ojala que llueva café”


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jueves, 2 de octubre de 2008

El PASE, la exclusión y el matrimonio gay

Dos artículos publicados en la página de opinión de LA PRENSA LIBRE han lanzado conceptos en contra del Partido PASE, debido a su oposición al proyecto de "ley de unión civil de personas de un mismo sexo", calificándonos por ello de incoherentes, en el mejor de los casos y de hipócritas y excluyentes, en el más desmejorado de los escenarios.
El primero de ellos corresponde a la columna "Esas cosas raras" de la periodista María Elena Jiménez Vega, en la que afirma que la unión civil de personas de un mismo sexo "no es el llamado matrimonio que celebran algunos heterosexuales, como erróneamente titulan algunos medios de comunicación, ocasionando desde ya un concepto equivocado del derecho que anhela esta minoría." Remito a la estimada periodista al expediente legislativo 16.390, propiamente artículos: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 20 y 29.
En dichos numerales podrá encontrar entre otras cosas que se autoriza la celebración de uniones civiles ante juzgados de menor cuantía o notarios públicos y que al igual que el instituto del matrimonio heterosexual, el proyecto contempla los mismos requisitos para su realización, impedimentos para su celebración, cumplimiento de formalidades previos, publicidad y demás. La iniciativa de ley que a la que nos oponemos, calcó con algunas variables, el Título Primero del Código de Familia sobre el matrimonio y lo adaptó a circunstancias en las que los contrayentes son personas de un mismo sexo por lo que, en definitiva, no hay error alguno ni concepto equivocado, la iniciativa autoriza la celebración de matrimonios homosexuales. Por otro lado, el señor Hugo Mora Poltronieri acusa al PASE de negarse a sí mismo y exclama, más que preguntar, lo siguiente: "¿Habrase visto mayor incoherencia e hipocresía entre el nombre de un partido, sus objetivos y principios tan humanistas, y una propuesta de este género?" El respetable articulista se refiere a la solicitud planteada por algunos integrantes del PASE para que el proyecto sea convocado a referéndum y de cómo, esa intención, contradice en su concepto, nuestra lucha en contra de la exclusión social.
Para responder de la mejor manera resulta necesario remitirnos al desarrollo y evolución de los derechos humanos entendidos como herramientas jurídicas de orden internacional frágiles, que por omisión o acción son violentadas todos los días, sin ser Costa Rica la excepción. La doctrina clasifica a los derechos humanos de acuerdo con los períodos en que se generaron, correspondiendo los de primera, segunda y tercera generación a un espacio de tiempo que va desde el siglo XVIII, hasta el clímax de la Guerra Fría.
La exclusión de las personas con discapacidad que implica su falta de acceso a trabajos dignos, a ciudades con arquitecturas amigables y no obstructivas, su derecho a tránsito, su derecho a la educación y el más elemental de los principios, a ser tratado con igualdad, bien pueden ubicarse dentro de la segunda generación que partiendo de la revolución industrial de 1917 promulgó la equidad de lo económico, social y cultural como objetivo de la justicia social y el bien común. En contraposición, los derechos que reclaman los grupos gay y lésbicos no han sido reconocidos como tales, al menos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y más específicamente en el caso costarricense por la Sala Constitucional (voto 7262-2006). Existen claras diferencias entre una minoría y otra, mientras las personas con discapacidad son excluidas sistemáticamente por derechos que además de reconocidos se encuentran debidamente ratificados por sendos instrumentos internacionales, las personas homosexuales se sienten discriminadas por derechos aún no reconocidos. Lo violentado en contra de una persona con discapacidad es primordial, básico e indispensable para su subsistencia digna, mientras que lo que la comunidad gay y lésbica pide se les reconozca, son derechos patrimoniales.
Una persona con discapacidad no eligió ser sorda, no vidente o usuaria de silla de ruedas. Una persona homosexual optó y asumió una preferencia. Hasta el día de hoy no conocemos de un solo caso en Costa Rica en el que una persona cuya preferencia sexual sea la homosexualidad y en razón de ello, haya sido discriminada laboralmente, no haya tenido acceso a estudio, o no pueda ingresar a un edificio público por falta de acceso físico adecuado. Aún así en el PASE hemos manifestado que estamos de acuerdo con que se legisle acerca de los derechos patrimoniales que este grupo de población reclama y creemos que bastaría con una reforma al artículo 242 del Código de Familia, para que la transmisión de patrimonio que es común a las parejas heterosexuales se homologuen a las de un mismo sexo, previo reconocimiento en la vía judicial de la una unión de hecho, pero seguimos consideramos que el proyecto de ley actual, es excesivo, trastoca el campo de valores individuales e invade nuestra Constitución Política, al autorizar la celebración de matrimonios gay y lésbicos, cambio social ése para el que no se encuentra preparada nuestra sociedad.

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viernes, 5 de septiembre de 2008

Derechos sí, matrimonios no

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acumuló y admitió para su trámite, dos solicitudes distintas para que sea convocado a referéndum el proyecto de ley de unión civil de personas de un mismo sexo. Una de las solicitudes es nuestra y lejos de querer irrespetar a las organizaciones que defienden derechos civiles de personas homosexuales, consideramos que, dada la trascendencia de la propuesta legislativa, el asunto debe ser dirimido en las urnas. Sería una valiosa oportunidad para profundizar el mecanismo del referéndum como instrumento de democracia participativa y resolutiva de dilemas sociales.
Es precisamente, la sensación de ausencia del sentir de las mayorías en la toma de decisiones, que por imperio recae en cualesquiera de los poderes públicos, lo que ha generado una peligrosa campaña oculta de deslegitimación de nuestro sistema político, que bien puede ser revertida con la práctica de elevar a la decisión popular, asuntos de esta trascendencia. Por otro lado aspiramos a que en un referéndum, más allá del simplismo del resultado, se promuevan debates respetuosos, se genere discusión inteligente y se obtengan conclusiones en las que exista mayor consenso social. Estamos parcialmente en contra del proyecto pues incurre en un exceso al autorizar en nuestra legislación la celebración de matrimonios.
Creemos que es justo su contenido en cuanto a la necesidad de que deriven de las relaciones de pareja homosexuales, derechos patrimoniales, económicos y de seguridad social que son comunes a las parejas heterosexuales, pero sin necesidad de equiparar esas relaciones con lo instituido en el artículo 52 de la Constitución Política, pues implicaría contrariar el espíritu constituyente (Sala Constitucional voto 7262-2006). Basta desde nuestro punto de vista, con reformar el artículo 242 del Código de Familia y aspirar a que las relaciones de hecho “entre personas de un mismo sexo”, previamente reconocidas en la vía judicial, surtan todos los efectos jurídicos que son propios del matrimonio.
No se trata de una posición excluyente, nugatoria de derechos, intransigente y mucho menos homofóbica. Es dable reconocer que la propuesta por sí misma, posee la capacidad de enfrentar nuestra intelectualidad e invade el campo de valores individuales, lo que la habilita, para ser objeto de discusión de todos los partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles y sociedad en general.
Pretender acaparar para una autodenominada minoría de personas homosexuales, la discusión en torno a las transformaciones que se darían en nuestro sistema de creencias, denota un total desconocimiento de la forma en que los derechos individuales y sociales, hasta ahora reconocidos por nuestra carta magna y los convenios internacionales, han tenido que abrirse paso y evolucionar a lo largo de los años.

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viernes, 29 de agosto de 2008

Evolución de la discapacidad

En esta sociedad del siglo XXI que valora la fuerza física como atributo del individuo y que acepta la belleza y otras características humanas como básicos en los arquetipos mediáticos, no cabe duda que las personas con discapacidad se encuentran en clara desventaja. Existen evidencias históricas de que esta deformación social, posee sus raíces en las creencias culturales que han asociado el origen de la discapacidad con el castigo. Así por ejemplo en la meca de la democracia -Grecia- el nacimiento de una persona con discapacidad era mal designio para sus progenitores que además eran objeto de vergüenza pública y desconfianza. Modernamente la versión latina ofreció explicaciones que van desde la brujería, hasta la mala suerte, pasando por la reencarnación hasta arribar en la justificación religiosa que pretendía explicar la pruebas a las que Dios nos somete.
Será hasta la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la percepción de la discapacidad se transformó y a la vez se inició su desarrollo como una de las máximas aspiraciones del derecho internacional, partiendo de la homogeneización de las oportunidades, el acceso irrestricto y no dispar a condiciones fundamentales de estudio, transporte, trabajo y capacitación, hasta llegar a la efectiva participación de esta población en la toma de decisiones públicas. Desde su creación la Organización de Naciones Unidas se ha preocupado por las personas con discapacidad mediante el establecimiento de mecanismos y programas que inicialmente se enfocaron en la prevención y rehabilitación. Dicho enfoque dirigido a garantizar la existencia de servicios públicos y de bienestar social para esa población, se redefinió hacia finales de los años sesenta cuando se implantó un nuevo modelo social de interpretación y tratamiento de la discapacidad. Es así como la Asamblea General de la ONU adopta dos declaraciones en materia de discapacidad y derechos humanos: La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 20 de diciembre de 1971 y La Declaración de los Derechos de los Impedidos de 9 de diciembre de 1975. Ambos instrumentos proporcionaron un primer marco de protección a los derechos de las personas con discapacidad mediante la implementación de medidas concretas que reconocieron y reafirmaron su derecho a la seguridad económica y social, al empleo, a vivir con sus familias, a participar en acontecimientos sociales y creativos, a recibir protección frente a cualquier tipo de explotación, abuso o trato degradante. El año de 1981 es declarado por la ONU como "Año Internacional de los Impedidos". Un año después se aprueba el Programa de Acción Mundial y se proclama el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992) lo que generó una nueva visión política en materia de discapacidad en torno a tres esferas diferentes: prevención, rehabilitación e igualdad de oportunidades.
La discapacidad a partir de entonces se comprende en función de la relación entre las personas con discapacidad y su entorno, por lo que resulta indispensable eliminar los obstáculos físicos y culturales impuestos por la sociedad, a la plena participación de las personas con discapacidad. Esta intensa actividad de la década de los años ochenta eleva los problemas de las personas con discapacidad a grado de compromiso político internacional y en reconocimiento de que las necesidades y derechos de esta población requieren de soluciones concretas la ONU establece tres importantes directrices.
El cenit de esa labor de más de cincuenta años de la ONU lo es ahora, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada el 30 de marzo de 2007 y que se ha convertido en Ley de la República recientemente. Sin pretender ahondar en las razones sociopolíticas de la inmaterialidad de derechos para esta población, bastará con decir que la disparidad en razón discapacidad física, sensorial o intelectual, es pan de todos los días, sobre todo en sociedades como la Costarricense, que por causa del subdesarrollo -entre otras razones-, no ha promovido, estimulado y materializado la legislación que garantice la igualdad.
La nueva propuesta internacional recién aprobada por nuestro parlamento, para ser realista, deberá traducirse al menos en gestión y legislación concreta, es decir una agenda de implementación en materia de discapacidad, que recoja lo mejor del acervo de nuestros Constituyentes del 49, del convenio internacional y sus antecedentes, de los actuales legisladores y de los propios "desiguales", para recorrer este nuevo camino de evolución.

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viernes, 25 de julio de 2008

Sin reformas no hay paraíso

Deseamos hacer algunas aportaciones a la lectura alternativa de las causas que motivan a un importante sector de la población, a preferir la implantación de un régimen autoritario, a confiar poco en la capacidad de organización del TSE e incluso, a considerar que existió algún grado de fraude en las elecciones de 2006 y en el pasado referéndum de octubre, temas que no pueden perder vigencia dado el entrañable peligro que conlleva para el sistema político actual, tan fuerte pérdida de credibilidad en las instituciones públicas.
No es la primera vez que el Partido PASE advierte sobre la necesidad de que las reformas electorales pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, que bien pueden considerarse como vitales piezas integrantes del principio democrático, (ya que algunas atañen a procedimientos de representación política, a modificaciones en la estructura de financiamiento estatal, e incluso a la igualdad de género en la postulación de candidaturas) deben ser aprobadas antes de las elecciones de 2010. El sistema electoral costarricense está en crisis por lo que es propio concluir que la democracia como hasta ahora la hemos concebido se encuentra en evidente peligro de extinción o cambio y que en mucho depende su futuro, de la oportuna aprobación legislativa de esas reformas.
Después de dos décadas de predominio bipartidista con escasa diferenciación ideológica, el abstencionismo aumentó de manera considerable. Siendo la base del sistema electoral eminentemente partidario, la poca capacidad de generar mayor participación ciudadana, provocó una crisis caracterizada por el distanciamiento entre partidos y sociedad, que rápidamente se ensanchó debido a los tremendos escándalos de corrupción en el que destacaron importantes figuras de la política nacional.
Como resultado de la crisis, los costarricenses perciben a los partidos políticos, al sistema electoral y a los integrantes de los poderes públicos, como parte de una élite dedicada únicamente a satisfacer sus intereses personales, de grupo y empresariales.
El descontento se hizo más evidente a partir de las elecciones de 2006 y del pasado referéndum, procesos en que los cuestionamientos respecto de la transparencia de las justas han alcanzado niveles de agresividad que van desde consignas de desconocimiento de los resultados hasta de deslegitimación de los poderes públicos, incluyendo a la Sala Constitucional en su función controladora de la constitución política y a algunos medios de comunicación convencionales a quienes se señala como complacientes con las desviaciones de poder de la élite política.
En síntesis la ausencia de mayorías sociales, la falta de credibilidad en la institucionalidad pública y el poco prestigio de los partidos políticos y sus dirigentes, requieren de la pronta y urgente atención legislativa. Sin “tetas” no hay paraíso decía una novela televisiva y sin reformas tampoco lo habrá, decimos nosotros.
Es urgente que emanadas de la técnica jurídica y no de los intereses partidarios, existan normas progresivas electorales con capacidad de adecuar el avance de los medios tecnológicos, las nuevas necesidades sociales de control e información, y el acceso de los grupos sociales a la toma de decisiones fundamentales de Estado.

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