Victor Emilio Granados Calvo

Rechazar la justificación de un acto que oscurece la independencia del Poder Judicial

Secretario General Partido PASE

Las recientes investigaciones realizadas por el periódicoLa Nación sobre el uso y destino de fondos no reembolsables del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deben ser objeto de una discusión marginal, distinta a la que necesariamente ocurre respecto de la legalidad o no con que fueron utilizados esos recursos en consultorías.

La participación de un magistrado suplente de la Sala Constitucional a título de asesorad hoc del ministro de la Presidencia, en la cita en que se rindieron explicaciones a la Contraloría General de la República sobre la administración de esos fondos no reembolsables, es ante todo un evento de orden ético.

Si bien es cierto que las prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para sus funcionarios no alcanzan a quienes ejerzan la alta magistratura de manera supletoria, más cierto es que el juez en particular se encuentra sometido únicamente a las leyes y tiene el deber de incorporar en su entorno cotidiano todas las normas de conducta moral que garanticen la idoneidad de sus actos.

Exigencias morales. El código de ética del empleado judicial es el instrumento que regula los actos personales en que se debe de desenvolver cualquier hacedor de justicia, con el claro fin de que sus fallos reflejen integridad, total independencia y objetividad, condiciones inequívocas sin las cuales es imposible pensar en la existencia de un Estado democrático. No se puede afirmar que haya justicia democrática si los jueces en su condición humana no cumplen las exigencias morales del código de conducta.

Por otro lado, tampoco aceptamos como criterio la corriente de pensamiento que promueve que el Estado moderno es una unidad con distintas competencias, concepto que dejó atrás la tradicional división de poderes, porque lo admisible hasta el día de hoy es que solo los Estados totalitarios se han desviado del presupuesto básico estructural que dio origen al régimen de libertades públicas organizado por una tríada que garantiza el equilibrio y control recíproco.

El judicial es el único de los tres poderes cuya integración no se da por el voto popular directo, por lo que sus jerarcas no deben alimentar con actos personales la campaña de deslegitimación de la que son objeto nuestras instituciones públicas, mucho menos tratándose de aquellos sujetos que integren la Sala Constitucional, cuya trayectoria y atestados deben de ser correspondientes a la profundidad y trascendencia de sus decisiones.

La desmesurada explosión demográfica China que alcanzó a finales de los años setenta alrededor de 1.300 millones de personas, generó lo que en mi concepto es una de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos de todos los tiempos.

En esa década nació la intitulada "Ley de Población y Planificación Familiar", según la cual los matrimonios que tengan más de un hijo de acuerdo con lo permitido por la Comisión de Planificación Familiar del Estado deben pagar una multa al tesoro del Gobierno para financiar programas de control demográfico en la región a la que pertenezcan.

Además, los que tengan una criatura "extra política" o sea, solteros, adúlteros y novios, deberán pagar una suma nada barata, por imponerle esa “carga extra” a la sociedad china que deberá a su vez utilizar más recursos públicos en la atención del menor.

Claro está, como cualquier ley occidental o de oriente –dicho sea con toda la ironía del caso- posee sus excepciones, así por ejemplo, si la pareja procreadora vive en una provincia rural y su primer hijo es mujer, tendrá derecho a un segundo hijo sin multa, siempre y cuando se trate de un varón y sea destinado a fuerza de trabajo agrícola a partir de los diez años de edad.

¿Pero cuál es la verdadera atrocidad de esta ley con la que muchos podrían estar de acuerdo hasta ahora, dada la excesiva cantidad de habitantes que pueblan esa región del mundo?
Como es natural en otras latitudes, la población más pobre, la más joven, la de menor nivel educativo y la que habita y se dedica a actividades de campo o artesanales, no planifica el nacimiento de sus hijos, lo que implica en China el nacimiento de muchos menores al margen de la ley.

El incumplimiento de la ley del hijo único ha convertido a la República Popular de China en una nación récord con más de 20 millones de abortos “oficiales” solo de niñas a quienes por cierto, se les ubica en la escala más baja de esa sociedad como seres improductivos junto a quienes presentan discapacidad. También ha servido la ley para que se organice un comercio no autorizado, pero incontrolable, de varones infantes quienes son raptados, o comprados en el mejor de los casos a sus progenitores. Con más de 80 millones de hijos únicos, esta ley inauditamente avalada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha provocado severos trastornos políticos y sociales que van desde la expulsión de miles de miembros del Partido Comunista incumplientes, pasando por el incesto y el infanticidio, hasta llegar al acelerado proceso de envejecimiento de esa población y la escasez de mano de obra.

Es sorprendente que a estas alturas del siglo XXI después del dolor y aprendizaje que nos dejó el genocidio del pueblo judío, toleremos que el triple de vidas humanas chinas haya sido exterminada en 20 años de existencia de esa Ley. Más sorprendente es que esa nación incapaz de ofrecer a sus habitantes una adecuada calidad de vida con pleno respeto a sus derechos y libertades, compre bonos de la deuda externa costarricense, regale un estadio nacional a nuestro país de 70 millones de dólares y construya uno propio en Pekín de más de 500 millones de dólares con motivo de los juegos olímpicos.

Despolitizadamente analizado el desarrollo económico chino calificado por algunos como milagroso y que le ubica como potencia mundial de nuestros tiempos, pareciera que las frías cifras de crecimiento de las últimas dos décadas (tasas anuales del 10% respecto de una inflación de menos de 1%) se han cimentado sobre los huesos de los más pequeños, débiles e indefensos seres de esa sociedad.

Analizado sin ninguna pasión ideológica pues poco importan las teorías de mercado libre versus economías dirigidas, es justo concluir que, las piedras y las paredes de nuestro próximo estadio nacional, costoso y moderno, el mismo que como país subdesarrollado fuimos incapaces de construir, irónicamente serán testigos fríos, de que nada sirve el desarrollo, el progreso o la modernidad, sino existen niños para disfrutarlo.

En el partido PASE creemos que no todos los efectos de la globalización son malos o negativos, ni que el proceso de abrir las economías Estatales de los países en vías de desarrollo al comercio exterior, atente contra los regímenes políticos y las clases más desposeídas. Al mejor estilo simplificador de Ortega y Gasset entendemos la globalización como un nuevo orden por el que inevitablemente debemos transitar. Las consecuencias de ese tránsito dependerán de decisiones políticas de tipo criollo: ¿Cuánta contaminación vamos a tolerar? ¿Cómo vamos a salvaguardar nuestra cultura e identidad nacional? ¿Cómo distribuir la riqueza que se genere? ¿A cuánta inversión social vamos a renunciar? ¿Cómo vamos a mantener el sistema de educación y salud pública?

Hay muchas formas de analizar y entender un gobierno todo depende del ángulo desde el que se mire y del tipo de información en la que nos encontramos inmersos los gobernados. Ensayando una definición sencilla es posible decir que —el buen gobierno— es aquel que persigue fines altruistas el denominado bien común y —el mal gobierno— aquel que resulta dañino para la mayoría, perjudicial o contrario al bienestar comunitario.

Sin embargo el contraste bueno-malo es apenas una percepción fruto de la experiencia social sujeta a las variables de la realidad individualizada. Mientras que un mismo bosque es para un ecologista un paraíso que hay que preservar, para un empresario maderero representa materia prima traducible en producción, para el artista es un paisaje más, para ciertas especies su hábitat y para un cazador el escenario de su deporte.

De esa forma se explica que una misma decisión de gobierno puede entonces ser buena y mala a la vez, porque esas dos comprensiones extremas de la realidad tienen asidero en una irreproductible experiencia personalizada. La ciencia de gobernar está en tomar decisiones que sean percibidas como buena por la mayoría social y que en realidad lo sean.

Cosa muy distinta es el desgobierno. En un sistema de Estado constitucional como el costarricense, los valores que previamente fueron fijados por el constituyente, aunque formulados en términos generales, representan una escala abierta de principios a los que debe de someterse la política pública. Del desconocimiento de esos valores se nutre un desgobierno.

Nada tiene que ver un mal gobierno con el desgobierno que supone una condición distinta e implica un desplazamiento de los fines estatales. En palabras del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Alejandro Nieto, el desgobierno es la finalización del modelo de organización de nuestra sociedad política hasta ahora conocida, por una superorganización en la que Estado ya no representa los intereses generales.

Para el autor de “La organización del desgobierno”, y “El desgobierno judicial”, esa variación del contrato social que legitimó al Estado de Derecho durante más de dos siglos lleva implícita una peligrosa pérdida en la legitimación de los poderes públicos. La virtual desaparición del Estado regulador, la confusión generada en torno a una actividad económica que muchas veces no distingue entre lo público y privado, la desnaturalización de la función administrativa y sobre todo la suplantación del sistema democrático por una “partidocracia” son algunas de las principales características de un gran desgobierno.

En el caso costarricense es claro que estamos en medio de un puro y auténtico desgobierno de la República en una época caracterizada por la entropía ideológica y las alianzas partidarias opacas en torno a intereses relativamente homogéneos. Aunque el fenómeno es similar al desatado en el sur del continente en nuestro país, la solución no es la misma. En el partido PASE proponemos recobrar la actividad reguladora del Estado sin renunciar a los beneficios del libre mercado y adquirir una nueva conciencia de la función administrativa que sin renunciar a las potestades controladoras sea más eficaz y acorde a las necesidades que imponen los nuevos tiempos.

Podemos demandar un comercio justo sin que se nos clasifique como antiimperialistas

Victor Emilio Granados Calvo,Secretario General, Partido PASE

Nada libre. Para el doctor Joel R. Paul, de la London School of Economics (LSE), quien es un prestigioso profesor de Derecho Internacional y de Comercio Exterior en la Universidad de California (Estados Unidos), el libre comercio realmente no es nada libre, y persisten en nuestras economías globalizadas los mercados distorsionados, en los que la teoría pura de intercambio no es más que una ficción.

Los tratados comerciales, lejos de establecer reglas neutrales o pretender perfeccionar el libre comercio, deben ser entendidos como excepciones a esa libertad, y, para el académico, la exclusión o inclusión en los acuerdos internacionales de temas tales como la protección del medio ambiente, el reconocimiento de derechos laborales y sociales y la privatización o apertura de activos públicos, son opciones de tipo político.

Paul, en Do International Trade Institutions Contribute Economics Growth and Development? demuestra que tanto defensores como detractores del libre comercio apoyan sus posiciones en cifras reales y contundentes.

Por un lado, los alentadores indicadores macroeconómicos respecto de las exportaciones o del crecimiento en el PIB nacionales, y, por el otro, los costos sociales o “costos hundidos”, como él los llama.

Rechaza extremos. Sin embargo, rechaza las concepciones ideológicas de los extremos en que se apoyan esas cifras: la de los liberales clásicos y neoliberales, en el uno y en el otro, y la de la izquierda político-electoral, que, juntos, han generado una discusión maniquea: libre mercado frente a mercado regulado, intervención estatal versus “mano invisible”, redistribución del mercado contra impuestos, individualismo contra interés público.

El autor de múltiples ensayos acerca de la relación entre el derecho y el crecimiento económico –más allá de lo propuesto por la escuela de los años sesentas Law and Development –, se opone a la interpretación meramente instrumental de la norma jurídica y promueve su vinculación al contexto económico, político y cultural como forma de obtener provecho de los tratados regionales.

Desde esa perspectiva, no rechaza, sataniza o descalifica a las instituciones de derecho económico internacional, a las que considera un efectivo mecanismo para el acceso de los países pobres en igualdad de condiciones a la resolución de conflictos, sin dejar de criticar la ausencia de distribución de riqueza y sus consecuencias sociales tangibles –criminalidad, violencia, narcotráfico–.

Queda claro, entonces, que frente al libre comercio existen posiciones distintas, creativas y diversas a las posiciones extremas, y que los demócratas podemos demandar un comercio internacional justo sin necesidad de que se nos clasifique dentro de las filas del antiimperialismo.

En el partido PASE, creemos que sí es posible una redefinición del desarrollo económico desde la óptica de nuestros países pobres, a partir del papel del derecho como ciencia social capaz de proveer un marco adecuado de relaciones justas para el intercambio comercial, y además, como único instrumento posible de transformación democrática interna.