“Por encima de las barreras arquitectónicas están las de aptitud”
Diputado Víctor Emilio Granados
En el marco de la celebración del Día de la Persona con Discapacidad, en la Asamblea Legislativa se presentaron varios eventos: un foro “Estado actual de los derechos de las personas con discapacidad”, que se celebró en el Salón de Ex presidentes de la Asamblea y Foro donde abundaron ideas por parte de los panelistas, sobre lo pendiente que existe en este país, en materia de discapacidad.
Además, se dio un compromiso de parte de los participantes de la mesa principal, donde manifestaron su compromiso por hacer cumplir lo que por ley corresponde.
La capilla del Edificio Sión, se inundó de artistas especiales; entre ellos, el grupo folklórico Kamuk, los bailarines de la Fundación el Futuro es de Todos, la banda de la Escuela de Mercedes Norte de Heredia, animaron la actividad celebrada por segunda vez en Costa Rica.
Risas, aplausos, baile, música, color, pero sobre todo alegría, inundaron el ambiente de hoy, en el Primer Poder de la República.
Aunque, no faltaron las carreras, los malos cálculos y la gente sin almuerzo, dado que la Asamblea Legislativa no se hizo responsable de la alimentación de quienes participaron en esta celebración y mucho menos del intérprete de LESCO, en el marco de esta actividad, dado que adujeron que había austeridad en los gastos, argumento que nos induce a pensar, pensar que quizá no es tan importante como los 17 millones que hay en bodega, invertidos en licor.
Ojalá que el esfuerzo desplegado a pesar de los obstáculos, permita que a futuro, las condiciones sigan mejorando.
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viernes, 28 de mayo de 2010
Etiquetas: discapacidad costa rica 0 comentarios
sábado, 18 de octubre de 2008
Las reformas electorales cuya aprobación se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa desde el año 2000 pueden considerarse vitales para el desarrollo democrático de nuestro país. Independientemente de que nuestro actual congreso apruebe o no algún texto, lo cierto es que el establecimiento de un régimen progresivo de derecho para los partidos políticos se encuentra muy lejos de materializarse y con ello se esfuma cualquier oportunidad de mejorar nuestro ya de por sí alicaído sistema de representación.
Una serie de propuestas que van desde el establecimiento del voto preferencial (para elegir dentro de una lista de candidatos a diputados no precisamente al impuesto por las cúpulas partidarias) hasta la modificación en la forma en que se contabilizan los votos emitidos (sistema de cociente y subcociente) no sufrirán variación alguna, sencillamente porque en buena medida esos cambios sustanciales, afectan a los propios reformistas –los partidos políticos- que constituidos en interesados directos evidencian su falta de voluntad.
Al mejor estilo del general del Nóbel García Márquez, las reformas se encuentran enredadas en su laberinto.
Lo grave es desde la perspectiva del Partido PASE que, aunque la existencia hasta ahora de un Código Electoral de más de cinco décadas de vigencia ha sido suficiente para la administración, organización y control de los procesos electorales; pareciera ser insuficiente para garantizar la vida democrática como hasta ahora la hemos conocido.
Esa insuficiencia tiene fundamento en los últimos acontecimientos electorales que ponen en evidencia la pérdida de prestigio del TSE, en el sistema y en otras instituciones de orden público y privado como los medios de comunicación. El abstencionismo lo evidencia: en las últimas tres justas electorales (1998, 2002 y 2006) las cifras han alcanzado niveles superiores al 30 por ciento y poco más de 40 por ciento en el que fuera el primer referéndum consultivo de este siglo.
En palabras del Doctor Rodolfo Cerdas, “la poca capacidad de los partidos políticos para autotransformarse y generar nuevas propuestas provoca un distanciamiento entre partidos y electores” que solo pueden mirar con desconfianza a las principales instituciones de participación política.
Consecuentemente Costa Rica se apresta a iniciar un nuevo proceso electoral, en medio de una peligrosa pérdida de legitimación del poder, ante la constante duda ciudadana acerca de la transparencia de las reglas y las motivaciones de los políticos. Solo en las elecciones de 2006 se presentaron ante el TSE más de seiscientas denuncias por irregularidades y como es de todos sabido, ese proceso se vio teñido por el debate surgido a raíz del voto de la Sala Constitucional que permitió la participación del virtual ganador.
Ni qué decir del referéndum de 7 de octubre, que amén de las lagunas que acompañaron a la implementación de esa ley y la ausencia de una mayoría social en el resultado, generó dudas razonables en muchos sectores respetables de la sociedad costarricense.
Tal pareciera que las viejas dudas de la sociedad civil que en buena parte propiciaron la revolución de 1948 regresaron en este nuevo siglo y aspectos tales como la pureza del sufragio, la manipulación de los grupos económicos para asirse del poder y la efectiva participación del pueblo en la toma de decisiones, vuelven a ser preocupaciones ciudadanas que ahora se suman a otras más como el financiamiento privado de las campañas, el papel de los medios de comunicación, el acceso real a los puestos de elección y la influencia de miembros de otros Poderes en los procesos electivos.
Solamente propiciando una verdadera participación popular, erradicando paradigmas, evitando caer en las trampas del marketing y negándose a los chantajes del clientelismo electoral será posible al menos y de momento, hacer crecer una representación diversa en todos los poderes públicos. Si bien es cierto, aunque en la diversidad no esté la eficiencia y mucho menos eso que llaman la gobernabilidad, garantiza la participación de más actores sociales que a la mejor algún día rompan el ciclo vicioso de las reformas electorales en su laberinto.
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Una serie de propuestas que van desde el establecimiento del voto preferencial (para elegir dentro de una lista de candidatos a diputados no precisamente al impuesto por las cúpulas partidarias) hasta la modificación en la forma en que se contabilizan los votos emitidos (sistema de cociente y subcociente) no sufrirán variación alguna, sencillamente porque en buena medida esos cambios sustanciales, afectan a los propios reformistas –los partidos políticos- que constituidos en interesados directos evidencian su falta de voluntad.
Al mejor estilo del general del Nóbel García Márquez, las reformas se encuentran enredadas en su laberinto.
Lo grave es desde la perspectiva del Partido PASE que, aunque la existencia hasta ahora de un Código Electoral de más de cinco décadas de vigencia ha sido suficiente para la administración, organización y control de los procesos electorales; pareciera ser insuficiente para garantizar la vida democrática como hasta ahora la hemos conocido.
Esa insuficiencia tiene fundamento en los últimos acontecimientos electorales que ponen en evidencia la pérdida de prestigio del TSE, en el sistema y en otras instituciones de orden público y privado como los medios de comunicación. El abstencionismo lo evidencia: en las últimas tres justas electorales (1998, 2002 y 2006) las cifras han alcanzado niveles superiores al 30 por ciento y poco más de 40 por ciento en el que fuera el primer referéndum consultivo de este siglo.
En palabras del Doctor Rodolfo Cerdas, “la poca capacidad de los partidos políticos para autotransformarse y generar nuevas propuestas provoca un distanciamiento entre partidos y electores” que solo pueden mirar con desconfianza a las principales instituciones de participación política.
Consecuentemente Costa Rica se apresta a iniciar un nuevo proceso electoral, en medio de una peligrosa pérdida de legitimación del poder, ante la constante duda ciudadana acerca de la transparencia de las reglas y las motivaciones de los políticos. Solo en las elecciones de 2006 se presentaron ante el TSE más de seiscientas denuncias por irregularidades y como es de todos sabido, ese proceso se vio teñido por el debate surgido a raíz del voto de la Sala Constitucional que permitió la participación del virtual ganador.
Ni qué decir del referéndum de 7 de octubre, que amén de las lagunas que acompañaron a la implementación de esa ley y la ausencia de una mayoría social en el resultado, generó dudas razonables en muchos sectores respetables de la sociedad costarricense.
Tal pareciera que las viejas dudas de la sociedad civil que en buena parte propiciaron la revolución de 1948 regresaron en este nuevo siglo y aspectos tales como la pureza del sufragio, la manipulación de los grupos económicos para asirse del poder y la efectiva participación del pueblo en la toma de decisiones, vuelven a ser preocupaciones ciudadanas que ahora se suman a otras más como el financiamiento privado de las campañas, el papel de los medios de comunicación, el acceso real a los puestos de elección y la influencia de miembros de otros Poderes en los procesos electivos.
Solamente propiciando una verdadera participación popular, erradicando paradigmas, evitando caer en las trampas del marketing y negándose a los chantajes del clientelismo electoral será posible al menos y de momento, hacer crecer una representación diversa en todos los poderes públicos. Si bien es cierto, aunque en la diversidad no esté la eficiencia y mucho menos eso que llaman la gobernabilidad, garantiza la participación de más actores sociales que a la mejor algún día rompan el ciclo vicioso de las reformas electorales en su laberinto.
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