Así se puede resumir lo que pensamos los costarricenses acerca de las leyes, según la encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores realizada entre otras organizaciones, por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) en el marco de una investigación social denominada: “Cultura de la Constitución en Costa Rica”. Los resultados de la encuesta son inquietantes y en definitiva no es un asunto de percepción, frase célebre que acuñó la Ministra de Seguridad Pública.
Resumiendo, una cantidad considerable de ticos pensamos –incluyéndome claro está dada la conjugación del verbo – que las leyes en el país sólo se cumplen en algunos casos y en otros no (68,6% de los encuestados). Además un 58 % estaríamos dispuestos a ir en contra de la ley dependiendo de las circunstancias y percibimos en general, que los ticos somos potencialmente desobedientes de la ley.
La ley ya no es la ley, diría mi abuela. De acuerdo con la encuesta, ni siquiera el carácter punitivo de las normas legales posee la fuerza de variar el criterio de los desobedientes.
Aunque la investigación no es exhaustiva –para mi gusto- en cuanto a las causas de esa “rebeldía ciudadana”, si arroja algunas luces sobre las razones del elevado deterioro en cuanto al respeto de las leyes y las normas fundamentales de la Constitución: “La primera conclusión que puede extraerse de las respuestas dadas es que el 80% de los costarricenses considera que en el país no se respeta el ordenamiento” (página 69 de la investigación editada por IDEA).
Claramente me parece que primero que todo el ciudadano percibe -esto si es asunto de percepción- que sus semejantes no respetan las leyes lo que desde luego no solo genera ira, sino además un ejemplo. Aquí es donde entran en juego nuevamente los políticos y los funcionarios públicos. El costarricense ha percibido en los últimos años –con justa y total razón- que son precisamente los funcionarios –quienes están llamados a ser los más obedientes de la ley – los que se la brincan cada vez que puedan.
Aunque la investigación no lo diga es fácil entender que si los ticos decimos que unas leyes se aplican cuando son contra el ciudadano común y no se aplican, cuando se trata de algún sujeto con poder político o económico. Si no me cree amigo lector, a las pruebas me remito, pues según la encuesta un 39 % opina que los jueces del Poder Judicial “son poco independientes” y un 40 % adicional “no está tan seguro” de la independencia del Poder Judicial.
Si los jueces no son independientes concluyo yo, las leyes no son imparciales o dicho a lo campesino, no son iguales para todos y esto ya no es percepción, pues lo confirma la investigación que uso de base para este artículo.
Lo verdaderamente grave es el daño que se le ocasiona a la democracia y a la institucionalidad pública. Este tipo de situaciones que podríamos llamar “leyes preferentes” hacen que un 23% de costarricenses sientan grados de insatisfacción hacia la democracia como forma de gobierno.
Si finalmente, sumamos a este frío panorama, que en la actualidad el grupo político y económico –Arista- pretende continuarse en el poder, con evidente concentración del mismo en todas las instituciones públicas incluida la Defensoría, el Banco Central, las autónomas y más ¿que podemos esperar perciban dentro de cuatro años los costarricenses sobre nuestras leyes y su aplicabilidad?.
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