Acta de la Asamblea Legislativa N º 31 de 17 de junio de 2010
DIPUTADO VÍCTOR EMILIO GRANADOS CALVO:

Gracias, señor Presidente.

Buenas tardes a las y a las señores diputados, a los costarricenses que nos siguen en las transmisiones y a los costarricenses de Pavas, de Alajuelita y de no sé qué más lugares, pero que nos han visitado el día de hoy acá en la barra de prensa... de Limón, parece, Pavas, Limón, excelente, bueno, un saludo, un abrazo de sus compañeros del PASE.

Vamos a empezar por el final, diciendo que no vamos a votar el presupuesto, y, además, explicando en qué consistió la actuación que nuestra fracción legislativa tuvo el día martes cuando se discutió en primer debate el presupuesto.

Desde el inicio de esa sesión, cuando se presentaron varias mociones de reiteración del Partido Unidad Social Cristiana, consistentemente nuestros compañeros del PASE votamos a favor de cada una de esa mociones de reiteración que estaban dirigidas a disminuir, a debilitar la partida presupuestaria que por cuatrocientos noventa y tres millones de colones se tenía destinada para el bulevar de ex presidentes en Heredia, por esa misma razón es que votamos también la moción del Movimiento Libertario, porque la moción del Movimiento Libertario redujo en trescientos ochenta millones de colones la cantidad de dinero presupuestada para el bulevar; posteriormente a la aprobación de esa partida que disminuye los trescientos ochenta millones de colones, seguimos votando todas y cada una de las mociones de reiteración que presentó en este caso específico el diputado Wálter Céspedes de la Unidad Social Cristiana y que de haberse aprobado en el Plenario, a lo mejor hubiesen disminuido en veinticinco o en treinta millones de colones más el dinero que estaba destinado al bulevar de los ex presidentes en Heredia.

Nosotros creemos que hemos sido consistentes, porque el primer objetivo que nos trazamos como movimiento político, como fracción política era especialmente que esos cuatrocientos noventa y tres millones de colones no se destinaran para el bulevar y nada tiene que ver con figuras históricas de este país, como don Cleto González Víquez o con el mismo don Óscar Arias, si es del caso, tiene que ver con una situación fiscal, con una situación financiera por la que está atravesando Costa Rica, que es grave, que es crítica y lo venimos señalando desde el 1º de mayo, venimos señalando que hay una deuda interna inmanejable, venimos señalando que hay una deuda externa que creció a pasos agigantados durante la Administración de Óscar Arias.

Venimos señalando que hay un déficit fiscal que no va a ser manejable por esta Administración, venimos señalando que hay evasión fiscal en el orden del sesenta y cuatro por ciento y que no hay voluntad de disminuir, de atrapar o de capturar a esos evasores.

Bueno, somos un partido consistente porque estábamos en contra de esa partida del bulevar y seguimos siendo consistentes, porque estamos en contra de un presupuesto extraordinario que, para empezar, está siendo financiado en alrededor de dos mil millones de colones con deuda interna, y reiteradamente la Sala Constitucional ha dicho que eso no se puede, que eso es inconstitucional.

Además, señoras y señores diputados, además, costarricenses, pareciera que al mejor estilo de Luis XV, según me explicó mi compañera diputada, quien agudizó el gusto por el arte de los aristócratas mientras el pueblo se moría de hambre, pareciera que en Costa Rica, y este presupuesto es un ejemplo de ello, en Costa Rica nos vamos a dedicar a hacer museos, centros de cultura, a traer soluciones de tipo cultural y artístico, pero no a trabajar, a presupuestar, a solucionar los verdaderos problemas de la población.

En este presupuesto estamos quitando el dinero que se necesita para erradicar tugurios en las comunidades de los costarricenses, que nos están visitando hoy aquí en la barra de prensa, y estamos privilegiando otro tipo de gastos, ciertamente, de lo que se trata es, de que se abrió un nuevo hueco y se está cerrando otro, pero no se están creando soluciones integrales.

El Estado debe continuar con los programas sociales, el Estado no debe abandonar su lucha por erradicar a los tugurios, el Estado no debe de abandonar programas tan importantes como dotar de vivienda a las clases sociales más necesitadas del país, eso está pasando con este presupuesto extraordinario.

Yo escuché un programa de radio y no, no lo voy a mencionar por respeto, pero me pareció extraordinario que decía el señor en un programa de opinión que el martes aquí el PASE, el libertario, la Unidad, Liberación y el gobierno nos repartimos un montón de miles de millones, eso no es cierto, costarricenses, por eso expliqué qué fue lo que ocurrió el martes y, además, quiero dejar claro que el martes el presupuesto se tuvo aprobado automáticamente, porque si hubiese existido la oportunidad de razonar y de votar sobre el presupuesto hubiésemos tenido nuestros compañeros esta misma posición que hoy estamos defendiendo.

Decía ese martes, que si a doña Laura Chinchilla, como presidenta de la República, le va bien, le va bien a todo el país y ese es nuestro mejor deseo, y ese ha sido el mensaje que desde el 1º de mayo consistentemente venimos dando, nosotros no somos una oposición con un no automático ahí, con un chip para decir no, para quedarnos sentados, muchas veces hemos acompañado a la fracción oficialista en sus proyectos y en sus propuestas, porque hemos dicho, una y otra vez, que lo que interesa es Costa Rica, que es muy pronto para estar pensando en asuntos de tipo electoral, en traer agua para los molinos de los partidos y de la banderas, nada de eso nos interesa.

Nos interesa que el país pueda estar mejor, nos interesa que podamos salir adelante de esta situación fiscal y financiera tan grave que está viviendo el país, pero nosotros queremos y exigimos, desde esta curul, que se nos explique qué diantres es la Red de Cuido, nadie sabe, no saben en el Conapam qué es la Red de Cuido, no saben en las instituciones públicas como el IMAS, nadie sabe cómo va a funcionar la Red de Cuido.

Cuido necesitan los costarricenses que necesitan vivienda, que tenían una promesa formal del Estado costarricense de erradicar tugurios, porque fue el Estado el que se comprometió no es un gobierno, los gobiernos somos pasajeros, los diputados somos pasajeros, el Estado es uno solo y una Constitución Política garantiza, garantiza el bienestar de todas y todos los ciudadanos costarricenses, y aquí, una y otra vez, Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, municipalidades, hacemos caso omiso de lo que dice la Constitución Política, ¿cuándo vamos a respetar la Constitución Política?, ¿cuándo vamos a respetar a los ciudadanos?

Bueno, me puse impulsivo, como diría don Justo, pero básicamente, ¿perdón?, gritón, ¿perdón?, pero básicamente ustedes saben que nosotros representamos a una población muy pobre.

La relación que existe entre personas con discapacidad y pobreza es muy íntima, el noventa y dos por ciento de las personas con discapacidad, el noventa y dos por ciento no tiene trabajo, el ochenta y nueve por ciento de las personas con discapacidad no tiene pensión, es la población más pobre y más discriminada de Costa Rica.

Cuando yo escuché el programa que decían que nos estábamos repartiendo esa plata nosotros, a ustedes la Unidad, también, dijeron que estaban repartiendo un montón de plata, desde luego que me sentí herido, porque qué más quisiera yo que este presupuesto extraordinario contenga partidas, por ejemplo, para la Escuela San Felipe Nery que está integrada por un grupo de héroes y heroínas del Ministerio de Educación Pública, de padres de familia, de voluntarios, de vecinos que le están haciendo el trabajo al gobierno, porque están manteniendo a más de doscientos niños que tienen necesidades de leche, de pañales, de cuido, de sillas de rueda y el gobierno ni el Estado les da nada, esa es la realidad que está viviendo Costa Rica y en contra de esa realidad estamos nosotros.

Yo creo, señor Presidente, que el tiempo… ¿hay cinco minutos para mi compañero diputado o no?

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Artesanos dedicarán exposición a la magistrada Anabelle León Feoli, Presidenta de la Comisión de Accesibilidad

Un total de 15 artesanos con diferentes discapacidades, se darán lugar del 28 al 30 de junio próximo, en el Vestíbulo del edificio Plaza de la Justicia (OIJ), con el fin de exponer a servidores y servidoras judiciales y público en general, diferentes artículos elaborados por ellos mismos.
Durante la feria, el visitante podrá apreciar bisuterías, pinturas, bufandas, ropa para niños, lámparas, artículos religiosos, libretas y demás objetos, los cuales podrán adquirir y así colaborar con estas personas que nos brindan un ejemplo de perseverancia y superación en la vida.
La actividad que se realiza desde hace varios años, pretende ofrecer un espacio en el que pueda destacar a la población costarricense los esfuerzos de esta población a través del arte y sensibilizar a las personas que visitan los Tribunales de Justicia de San José, con este tipo de arte.
La feria de artesanías estará dedicada a la magistrada Anabelle León Feoli, Presidenta de la Comisión de Accesibilidad y será inaugurada el próximo 28 de junio a las 9:00 a.m., actividad a la cual también asistirá el Diputado Martín Monestel.
Este tipo de actividades forman parte del “Plan de Extensión Cultural” que desarrolla el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, el cual tiene como propósito brindar espacios educativos de acercamiento con el arte.

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• Para discapacitados, diputado del PASE

MARIETTA ESPINOZA



Permitir que las personas con discapacidad opten por una placa de taxi, es lo que busca una acción de inconstitucionalidad presentada contra el proceso licitatorio que inició el MOPT la semana anterior para adjudicar poco más de mil placas.El diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Víctor Emilio Granados, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV contra el proceso licitatorio de placas para taxis adaptados a los discapacitados.
Según explicó, el reglamento para participar en el concurso para adjudicar las 1.034 placas infringe normas constitucionales, pues no permite que personas con alguna limitación física puedan ser parte de este proceso.
Y es que el artículo 49 de la Ley Reguladora de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, modalidad Taxi, permite exonerar de ciertos requisitos a los adjudicatarios con alguna discapacidad. Entre estos está la licencia y la experiencia de conducir.
Para el legislador lo ideal es que las personas con discapacidad puedan participar en este tipo de licitaciones para tener un taxi que les permita llevar el sustento a sus familias.
“El problema más grave que tiene la población con discapacidad en estos momentos es la falta de empleo. Más de un 92% de las personas con discapacidad no encuentran dónde laborar y son discriminados, pues se les considera no aptos para desempeñarse en distintas funciones”, explicó.

CORREGIR EL PROBLEMA
Granados agregó que con la acción busca que se obligue al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a establecer un proceso especial para que las personas con discapacidad puedan aplicar por una concesión de taxi sin tener que cumplir el requisito de la licencia de taxista y los años de experiencia.
Además, pretende que el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree) inicie un programa de capacitación para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a fuentes de empleo.

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domingo, 13 de junio de 2010

La caridad en la verdad

Con el título “Caritas in Veritate” Su Santidad Benedicto XVI, emitió la tercera encíclica de su corto papado y con ello reafirmó el largo compromiso histórico de la Iglesia Católica con la justicia social y el bien común.
La doctrina social de la Iglesia es parte inequívoca del patrimonio cultural de la humanidad, es el resultado de un largo legado de magisterio social y aunque abundante, es una sola. Esa unicidad deriva del carácter continuo, permanente y persistente del llamado de la Iglesia a la construcción de una sociedad más justa, que es a la vez su rol de denuncia frente a la injusticia social. Si bien es cierto a través de la doctrina no se ofrecen soluciones concretas, su desarrollo ha permitido que el progreso tecnológico de nuestros tiempos, no se desboque dándole la espalda a la ética y la conciencia humanas.
El Papa, propone una relectura de grandes encíclicas sociales, con especial énfasis en Populorum progessio de Pablo VI, cuyo examen resulta de consulta obligatoria para mandatarios, políticos, líderes y cuantos aspiremos a cargos de elección popular.
Desarrollo Humano y Globalización. Para la Iglesia solo existe una verdad en cuanto al desarrollo “…si no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es verdadero desarrollo”. Esto por cuanto el progreso de los pueblos, desde la perspectiva doctrinal de cuarenta años atrás, implicaba la generación de igualdad entre los hombres y entre los pueblos. Pero hoy día la globalización, identificada como el proceso que produjo mayor comunicación y avance tecnológico al planeta en general, es evidencia para la Iglesia, de progreso, más no de igualdad. Ese es el escenario que nos propone la encíclica, como base para cuestionar si se cumplieron o no, las expectativas de desarrollo humano planteadas por el Papa Pablo VI y si los gobernantes, deberían hacer un alto a las relaciones económicas entre Estados, carentes de ética y de caridad.
La Iglesia denuncia con claridad, que la riqueza mundial derivada de la globalización, creció en términos absolutos pero aumentó la desigualdad, que en muchos países ricos nacieron nuevas pobrezas y que en los pobres, aún no se distribuye la riqueza. El Papa Benedicto XVI condena, a una globalización que promueve el consumismo y el materialismo, que se ha excedido en la protección del conocimiento –propiedad intelectual- y que navega entre la corrupción e ilegalidad de los sujetos que toman las decisiones económicas y políticas.
Democracia Económica. Pide revalorizar el papel de los poderes públicos de los Estados, cuyo contexto califica de “modificado” por el nuevo orden económico-comercial y financiero internacional, llama a corregir errores y disfunciones de gobierno y a realizar un papel mejor ponderado, dando lugar a la participación de organizaciones civiles en los asuntos de la res pública. La realización del ideal económico democrático exige –de acuerdo con la nueva encíclica- la estimulación de mercados internos, el respeto a las libertades sindicales y la protección de las redes de seguridad social actualmente amenazadas por la competitividad del mercado global.
Para nuestra Iglesia, la economía no es éticamente neutra, es una actividad de humana y para humanos, por lo que “debe ser articulada e institucionalizada éticamente” puesto que toda decisión económica, posee consecuencias de carácter moral y solo por medio de la solidaridad, la empresa social y relaciones de mercado en las que el valor equivalente de los bienes y servicios estén al servicio del hombre, será posible promover un mundo más humano, es decir “ un mundo en todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sean un obstáculo para el desarrollo de los otros.”
Medio ambiente. La dimensión ideológica de la nueva encíclica identifica como derecho elemental de todo ser humano, el derecho a un medio ambiente sano, equilibrado y libre de las amenazas del progreso “respetando el equilibrio inherente a la creación misma”. Pero al mismo tiempo velar por la conservación del ambiente es un deber, pues no se puede ignorar las necesidades de las generaciones futuras -justicia intergeneracional- por lo que el Papa, llama a una redistribución planetaria de los recursos energéticos, a evitar la explotación en países pobres e incluso a una reforma agraria ecuánime pues “el derecho a la alimentación y al agua tiene un papel importante para conseguir otros derechos…”
Cultura ateísta. El hedonismo y el consumismo son la característica principal de una sociedad globalizada en la que la familia humana, los pueblos y sus culturas, son anulados por modismos que alejan a las personas unas de las otras, les apartan de la realidad y de sus religiones e impiden la construcción de “la comunidad social en el respeto del bien común”.
Confirma la doctrina la sospecha de algunos, la exclusión de la religión del ámbito público solo empobrece a la política y a las decisiones públicas.
Subsidiaridad. La Iglesia llama finalmente, a evitar la consolidación de un poder universal de tipo monocrático, y clama por la subsidiaridad no entendida como regalías o asistencialismo, sino como el proceso de solidaridad y particularismo social que permita el reconocimiento de un comercio justo y “equilibrado en el campo agrícola”, el reconocimiento de los derechos del recurso humano de los países pobres, “justo salario y seguridad para el trabajador y su familia”, el mayor acceso a la educación formal y a la instrucción, y la aplicación de la subsidiaridad fiscal, “que permitiría a los ciudadanos decidir sobre el destino de los impuestos que pagan al Estado”.
Reprende finalmente, a los países que se arrogan cierta superioridad cultural derivada de su alto desarrollo tecnológico y les llama a redescubrir virtudes olvidadas para defender la verdad, pues sin la verdad, la caridad es ausente de toda responsabilidad social, dejando a merced “de intereses privados y lógicas de poder” la justicia social y el bien común.

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ARESEP funciona de manera irregular.
Nombramiento de Comité de Regulación es ilegal y puede provocar nulidad de actuaciones.
Víctor Emilio Granados pide investigación a la Contraloría General de la República de las implicaciones legales y presupuestarias de dicho comité.

Mediante solicitud a la Contraloría General de la República, el Diputado Víctor Emilio Granados solicitó se investigue la legalidad de un acuerdo de Junta Directiva de la ARESEP, según el cuál, esa Institución ha funcionado desde la renuncia de Fernando Herrero, a la postre designado Ministro de Haciendas, con un comité de regulación.
Para Granados ese comité es ilegal “ no existe potestad alguna en la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos que autorice la creación de un órgano de esa naturaleza” dijo.
El Diputado coordinador de la Fracción del Pase, considera que todas las actuaciones de ese comité son eventualmente nulas y podrían generar serías responsabilidades para el Estado, ya que el comité ha asumido las funciones de Regulador ordenando apertura de expedientes, fijando o negando tarifas de servicios públicos e incluso resolviendo asuntos que sean de conocimiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Además “ la existencia de un órgano colegiado inexistente en la ley, tiene implicaciones presupuestarias y salariales para la institución cuya legitimidad debe de ser revisada por la Contraloría” agregó el legislador.
El Diputado quien además es miembro de la Comisión de Nombramientos manifestó que por esta razón considera urgente la ratificación del nombramiento del señor Denis Meléndez como Regulador General
“lo cual al menos normalizaría la actividad de la ARESEP.”



Krisia Montoya
Prensa PASE

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