Frente a la fuerza del terremoto de 6,2 grados que afectó a nuestro país el día 8 de enero no podemos hacer más que aceptar nuestra pequeñez de seres humanos ante una gigantesca naturaleza que aún no comprendemos enteramente.

Los números oficiales dan cuenta de 13 muertes confirmadas y cerca de 42 personas desaparecidas en la zona cercana al epicentro: Cinchona, Cartagos, Sarapiquí, Poás, El Angel y demás poblados que tienen una característica en común: son zonas rurales en las que sus humildes habitantes viven de la agricultura, la artesanía y el comercio que se deriva de la alta actividad turística que se desarrolló en los últimos años.

Desgraciadamente es de esperar que el número de víctimas mortales aumente por lo que me adelanto a sugerir que el gobierno de la República decrete tres días de duelo nacional.

Si bien es cierto el duelo es un simbolismo, me parece justo enviar un mensaje a las víctimas sobrevivientes, del dolor que embarga a toda la Nación por tan trágico suceso.

Lo digo porque el propio día 8 de enero mientras aún no llegaba la ayuda a cientos de personas atrapadas por los deslizamientos, no se detuvo el torneo LA COPA DEL CAFÉ cosa que me pareció mas que frívolo, una evidente muestra de falta de solidaridad.

La empatía con todos aquellos que han visto colapsadas sus casas y sueños es lo menos que esperamos como reacción de a quienes todavía podemos llamar humanos.

El luto que nos embarga como país, deberá servir también para analizar en un futuro cercano, la reacción de nuestros cuerpos de rescate que como sabemos, son coordinados a través de la Comisión Nacional de Emergencias.

En principio tengo muchas dudas y preocupaciones en torno a la labor de la Comisión que además se vio envuelta en una emergencia debido al incendio en una de las bodegas de sus instalaciones.

Por otro lado no logro entender las razones por las que la evacuación de personas en los sitios mayormente afectados se realizó hasta la mañana siguiente tomando en cuenta que el terremoto ocurrió a las 13 horas y tantos minutos.

¿Cómo es posible que el helicóptero de TELETICA sobrevolara la zona, localizara afectados, atrapados e incluso entrevistara a turistas intentando salir del lugar, y la Comisión de Emergencias no tuvo la capacidad de asistirles y evacuarles hasta la mañana siguiente?

¿Qué se hizo en la dichosa Comisión desde la 1:30 p.m. del 8 de enero hasta las 5 a.m. del día 9, momento y hora en que se dispuso entrar a sacar gente de la zona?

¿Tiene helicópteros la Comisión, sino tiene, tendrá plata para alquilarlos, tiene pilotos, sino tiene, sabe donde contratarlos?

¿Existe un protocolo mediante el cual se sepa que hacer en casos como éstos. ¿Si existe, es correcto, moral y humano haber permitido que muchas víctimas estuvieran aisladas durante tantas horas?

¿Quién pagará los 5 mil diarios que consumió el fuego en las bodegas e la Comisión?

En cuanto vuelva la calma y el suelo deje de temblar, los costarricenses debemos de cuestionarnos muchas cosas en torno al papel del órgano del gobierno que debe de atender diligentemente a las emergencias. Por ahora, solo nos queda ser solidarios y no olvidar que un 8 de enero, fue día de luto en Costa Rica.

El periódico La Nación propone acabar con las garantías sociales como medida para preservar el empleo, en directa acometida en contra de lo que tanto nos ha costado a los costarricenses.

El Martes 23 de diciembre, antesala a la recreación judeo cristiana que nos recuerda el nacimiento de El Salvador del mundo, la editorial del Periódico La Nación se lanzó con un plan salvador titulado PRESERVAR EL EMPLEO. (La editorial puede leerse completa al final de este artículos)

Textualmente propone el editorialista que el empleo debe ser objeto de un plan complementario que preserve la salud del sistema financiero mediante incentivos que reduzcan las “cargas sociales”.

Obviamente dichas cargas por su connotación de “sociales” son aquellas que financian programas destinados a paliar la pobreza como los del IMAS, INA, o los de seguridad social como los dineros destinados a la CCSS o a los trabajadores Banco Popular y fondos de capitalización y ahorro.

Textualmente la editorial explica así su posición sobre ese extremo: “Comparativamente, el factor trabajo es caro en Costa Rica. Uno de los rubros que más lo afecta son las cargas sociales. Y en las circunstancias que se avecinan podría resultar uno de los principales rubros a sacrificar. Para inducir a los patronos a mantener el empleo, debería modificarse la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social con el objeto de eliminar las contribuciones obligatorias para ciertos niveles mínimos, tanto del trabajador como del patrono, y restituir parte del salario real y el costo de la planilla. También se deberían eliminar las contribuciones al Banco Popular y reducirse considerable las del INA y las del IMAS, aunque sea temporalmente”

Pero además la salvadora propuesta sugerida desde Tibás podría aprobarse temporal o permanentemente según lo sugiere la editorial, así como reformar el Código de Trabajo para permitir jornadas de 12 horas.

Personalmente entiendo que el Grupo Nación responde a los intereses de un sector empresarial y político del país que tiene claramente definido su proyecto económico y financiero. Desde esa perspectiva entiendo además que defiende y apoya dichos intereses por lo que no tiene el deber de ser objetivo en el análisis de coyunturas como las que atraviesa el país. Muchos menos objetivo debe (o puede) ser el editorialista que al igual que yo, para el análisis de situaciones de la vida nacional, debe hacer uso de su propia experiencia, creencias e ideales.

Sin embargo me parece que se comete un evidente exceso en lo propuesto - a pesar de que solo sea una idea - tomando en cuenta la sensibilidad que muchos poseemos en torno a la preservación de las garantías sociales, que a fin de cuentas, fue unos de los elementos que provocó el estallido de nuestra guerra civil de 1948.

Si en algo coincido con el editorialista es en que el gobierno de los Arias no ha formulado ningún plan concreto frente a la crisis que se avecina y está ayuno de ideas, pero aprovechar la inercia mental gubernamental, para sugerir que por la vía del Decreto ya sea temporal o permanentemente, reduzcamos los ingresos del IMAS, del Popular o que le quietemos de encima algunas “cargas” de la planilla a los patronos, es realmente abusivo y hasta cierto punto temerario para una democracia que como la nuestra ya demostrado cierta fragilidad.

No explica la editorial que pasaría con el inminente desfinanciamiento del sistema de pensiones, que del primer al tercer pilar se irían al carajo. ¿Qué pasaría con la seguridad social si reducimos el monto que el empleador aporta para que tengamos acceso a los servicios hospitalarios y de salud pública?

¿Qué hacemos con las madres solteras que ya de por sí no tienen trabajo, quienes viven en la indigencia y quienes cuentan con el IMAS para que sus hijos estudien?

Invirtiendo la lógica del editorial, yo no me animaría a sugerir que para preservar el empleo en medio de esta crisis, el Estado incurriera en abusos en contra de los empleadores, sus bienes, patrimonio o heredad.

Mejor será que se les ocurra … otras cosas.

PERIÓDICO LA NACIÓN

LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2008.

EDITORIAL

Preservar el empleo

El Gobierno debe despertar y formular un plan estimulante para enfrentar los efectos de la crisis

Ofrecemos algunas ideas y reformas en el campo empresarial, laboral e institucional

El Gobierno continúa moroso en la formulación de un plan comprensivo para enfrentar los efectos de la crisis económica y financiera internacional en Costa Rica. Los signos de deterioro de la economía real –producción, empleo, consumo, salarios– continúan acumulándose y podrían intensificarse más profundamente a partir de la denominada cuesta de enero. Para enderezar la caída en la tasa de crecimiento de la producción y preservar los empleos existentes no es suficiente con anunciar el advenimiento de un período de vacas flacas ni exhortar al sector privado a no despedir a nadie. Es necesario pasar de la retórica a la acción.

En ediciones anteriores hemos informando ampliamente sobre el deterioro de las variables reales de la economía, comenzando por el índice mensual de actividad económica que calcula el Banco Central (IMAE). Este índice relata cómo se comportan el consumo e inversión en los distintos sectores, y su tendencia ciclo es reflejo del crecimiento interanual de la producción. Hace poco más de un año, el IMAE crecía a una tasa anual del 10%, pero el mes anterior apenas llegó al 1%. Es una caída demasiado pronunciada como para dejarla pasar. La Cepal también coincidió con esa apreciación al señalar una tasa esperada del crecimiento de la producción sumamente baja en nuestro país, alrededor de 1% en el 2009.

A lo anterior se suman otros indicadores dados a conocer por La Nación : el consumo de electricidad sufre una fuerte caída; se registra una fuerte disminución en los ingresos por turismo; menores exportaciones realizadas por el país y menores ingresos fiscales captados por Hacienda debido a la desaceleración de la producción. También se registra una reducción de las importaciones, necesarias para producir y abastecer el comercio. Y a pesar de que una reducción mejora el déficit de la balanza de pagos, se debe recordar que las importaciones de bienes finales y materias primas son necesarias para incrementar la producción y generar empleo. Si esta tendencia a la desaceleración se mantiene, los efectos en el gasto, inversión y nivel de la fuerza laboral podrían tener serias consecuencias sociales. El empleo, en particular, debe ser objeto de un plan adicional complementario de las decisiones adoptadas para preservar la salud del sistema financiero, que comentamos en otra oportunidad.

El sector privado, como regla general, responde a estímulos fiscales y laborales. Para que los patronos en su calidad de oferentes de empleo puedan preservar los puestos existentes en el contexto de una menor demanda esperada de sus productos o servicios, debe el Estado proveer de los incentivos necesarios para inducirlos a reducir los costos laborales totales, incluyendo cargas sociales, y preservar la rentabilidad. Si la demanda cae, como se espera en el 2009, la fuerza laboral necesaria para producir tendería a reducirse concomitantemente, a menos que se dieran incentivos.

Solo así se podría preservar la rentabilidad pues los patrones podrían mantener el mismo número de trabajadores, siempre y cuando el costo total de la fuerza laboral se reduzca. Si no, no tendrían ningún incentivo para hacerlo, y el desempleo aumentaría. El Poder Ejecutivo debería implementar las reformas a su alcance por la vía de decretos o reglamentos, y al Poder Legislativo corresponde aprobar las reformas necesarias a las leyes tributarias y laborales, aunque sea de manera temporal, mientras dura la emergencia. Sin embargo, algunas de ellas deberían aprobarse con carácter permanente.

Comparativamente, el factor trabajo es caro en Costa Rica. Uno de los rubros que más lo afecta son las cargas sociales. Y en las circunstancias que se avecinan podría resultar uno de los principales rubros a sacrificar. Para inducir a los patronos a mantener el empleo, debería modificarse la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social con el objeto de eliminar las contribuciones obligatorias para ciertos niveles mínimos, tanto del trabajador como del patrono, y restituir parte del salario real y el costo de la planilla. También se deberían eliminar las contribuciones al Banco Popular y reducirse considerable las del INA y las del IMAS, aunque sea temporalmente.

Igualmente debería modernizarse el Código de Trabajo para permitir una jornada laboral más flexible y lograr economías de escala al permitir a los patronos utilizar sus plantas a plena capacidad, con jornadas, por ejemplo, de 12 horas consecutivas durante varios días y con descansos posteriores más prolongados. Adicionalmente, se debería permitir a los patronos reducir la jornada semanal o mensual con la correspondiente disminución de los salarios totales para mantener el mismo número de trabajadores, pero con un salario promedio inferior. Todos ganarían menos, es cierto, pero la reducción se justificaría en aras de la solidaridad con los trabajadores que perderían sus empleos. Pero, para que estas reformas y otras similares sean efectivas, deben aprobarse con celeridad, habida cuenta de que la peor parte de la crisis se sentirá en los primeros dos cuatrimestres del 2009. Después, podría ser muy tarde.

John Mynard Keynes es un economista del siglo pasado creador de la “Teoría General del empleo, el interés y el dinero” mediante la que defendió el papel del Estado como agente integrante, principal e interventor de las relaciones económicas.

¿New Deal en Costa Rica?

(Primera parte)

Víctor Emilio Granados Calvo.

Abogado.

A partir del 1º de enero rige el ansiado proyecto cumbre del neoliberalismo criollo costarricense, a saber el TLC con Estados Unidos y las leyes de apertura del mercado de telecomunicaciones y seguros. Pero lo que pudo ser motivo de celebración para los seguidores de las teorías económicas de Friedman, no es más que un gran balde de agua fría debido a las enseñanzas y lecciones de la crisis económica que sacude a la meca del capitalismo.

Por más paradójico que parezca en este año 2009, en nuestro país se realizará en su esplendor el ideario del neoliberalismo, mientras que a un mismo tiempo culminará y dará paso a una renovada etapa del Estado solidario que al menos en papel, se preserva desde la Constitución Política de 1949.

Frente a la tesis imperante en las últimas seis administraciones (Arias-Calderón-Figueres-Rodríguez-Pacheco y Arias II) de que el Estado debe de ser reducido a su más mínima expresión, ya que solo sirve para garantizar la ley y en lo demás es la mano invisible (alias: mercado) la que debe de encargarse de regular nuestras vidas, quedan los hechos y las evidencias de los últimos días.

De no ser por la reciente aprobación mediante presupuesto extraordinario de la República de un plan de capitalización de la banca pública, con fondos públicos, por cien millones de dólares y por el que por cierto, presionaron los representantes de la Unión de Cámaras Empresariales, en este 2009 sería imposible acceder a un crédito.

La lógica es cruel, pues a falta de créditos, menor actividad productiva, menor crecimiento económico, mayor desempleo, mayor inflación y total desbarajuste macro y micro económico.

Queda demostrado que fue necesario que el Estado costarricense interviniera para evitar que nos fuéramos hasta un despeñadero, agarrados de la “mano inservible” y es verdad de Perogrullo, que se serán necesarias mayores regulaciones a corto plazo, para evitar una caída abrupta de la producción nacional.

Igual ocurre en los Estados Unidos en la que ya se habla del regreso del New Deal (Nuevo Trato o Contrato) debido a la similitud de las medidas que promete aplicar Obama frente a los problemas económicos graves ocasionados por el libre mercado.

Durante la gran depresión de los años treinta del siglo pasado, que algunos analistas comparan con la presente, surgió la figura del Presidente Franklin Delano Roosevelt y su New Deal.

Roosevelt quien fuera Presidente de los Estados Unidos siendo usuario de silla de ruedas debido a un ataque de poliomielitis, implementó en medio de la gran depresión programas y leyes como los siguientes: Work Progress Administration (Agencia para Mejora del Trabajo para la generación de empleo y protección de derechos civiles a los desocupados, fortalecimiento de Sindicatos), Agricultural Adjusment Act (Ley de Ajuste Agrario para equilibrar la oferta y demanda de productos alimenticios), Tennessee Valley Authority (programa de construcción de presas para generación de energía, control de agua y apoyo a técnicas agrícolas) National Industrial Recovery Act o NIRA ( Ley para la recuperación Industrial mediante esquemas que mantenían equilibrio en los precios) amén de regulaciones varias, respecto de la emisión de bonos bursátiles, la bolsa de valores y operaciones bancarias.

Cualquier coincidencia con los anuncios de Obama frente a la actual crisis no es casualidad.

Aunque muchas de las medidas de Roosevelt no prosperaron y otras fueron interrumpidas por el estallido de la segunda guerra mundial, lo cierto es que el New Deal fue en aquel entonces y es ahora, la única salida posible para reactivar la economía doméstica de un occidente, al que le ha salido muy costoso pagar los caprichos de una teoría en la que lo que impera es la ley del más fuerte.

Un nuevo contrato social, un retorno al Estado solidario que interviene a favor del más débil, del pobre, del desposeído, del trabajador, del agricultor y de la clase media, el fortalecimiento de los derechos civiles, la reactivación de la producción y la adecuada y justa distribución de la riqueza que provenga de esa reactivación podrían formar parte de ese New Deal tico, que se impondrá gracias al fracaso del neoliberalismo y a la amarga verdad para muchos de John Keynes está vivo.